Todo parecía indicar que esta vez sí. Una veintena de familiares de Horacio “Chupete” Benavides, asesinado en plena calle durante la última dictadura cívico militar, esperaron una hora y media conectados por videoconferencia, al igual que abogados querellantes y defensores, a que el Tribunal Oral Federal 2 diera comienzo al juicio por el homicidio del joven estudiante de Derecho platense, cosa que finalmente no ocurrió. El TOF informó que como los peritos de la defensa de Juan Nazareno Risso –que comparte el banquillo de los acusados con Walter Ale y Jaime Lamont Smart– debían las conclusiones sobre si el imputado estaba en condiciones de salud para afrontar el debate, la audiencia inaugural quedó pospuesta para el miércoles próximo. “Nunca ocurrió una cosa así, es un destrato total hacia las víctimas”, subrayó el abogado Pablo Llonto.

Marcelo Benavides, el hermano de “Chupete” Benavides, fue uno de los primeros en conectarse al Zoom que habilitó el TOF 2 de la Plata, integrado por los jueces Nelson Jarazo, Enrique Méndez Signori y José Antonio Michilini, para inaugurar esta semana el juicio por el asesinato, sucedido en septiembre de 1976 en plena Plaza Moreno, en el centro de La Plata. Durante una hora y media, la secretaria del tribunal, Florencia Grau, chequeó una a una las conexiones de las partes y del público. Algo que en un principio resultó natural, pero que luego comenzó a levantar sospechas. “Pasaba el tiempo y empecé a no comprender qué estaba pasando, por qué se demoraba el comienzo de la audiencia si estábamos todos”, contó a este diario Llonto, el abogado que lo representa a él y a su familia. Hasta que finalmente, Grau comunicó que “el juicio no va a poder comenzar” debido a que una de las partes en debate adeudaba un informe pericial sobre el acusado Risso, se oyó a través de la transmisión de los medios comunitarios La Retaguardia y Pulso Noticias.

El Cuerpo Médico Forense entregó a primera hora del miércoles el informe en el que aseguran que Risso “no presenta signo sintomatología evidente de un trastorno que condicione sus facultades mentales”. Así, lo habilitaba para participar del debate. No obstante, el documento fue avalado por la Fiscalía, pero no por la defensa del policía bonaerense retirado, quien tampoco entregó un informe propio. Tal ausencia imposibilitó la continuidad de la audiencia.

“Nunca pasó esto de que en que a punto de comenzar una audiencia quede suspendida por una cuestión administrativa que el propio tribunal debía haber chequeado antes”, señaló Llonto, visiblemente ofuscado. “Las audiencias se suelen posponer por problemas de conexión, de traslado de los acusados, pero nunca por falta de una documentación que se debe chequear días antes del comienzo de un juicio. Es una falta de respeto a las víctimas no solo la demora en los juicios, sino también la ineficiencia en cuestiones que son de ritual”, añadió.

Los acusados que quedan

Risso es uno de los pocos asesinos de Benavides que queda vivo. Tiene 80 años, es policía retirado de la Bonaerense y el que acaba de ser pospuesto para la próxima semana es el primer juicio de lesa humanidad en su contra. Su vida iba a ser la de futbolista profesional, pero a mediados de la década de los 60, cuando ya había pasado por la primera de Gimnasia y Esgrima La Plata y la Selección Nacional, se lesionó. Cambió camiseta y shorts por cachiporra, gorra y arma de fuego para incorporarse a la Policía bonaerense.

Pasaron varios años hasta que su suerte volvió a cambiar. En 2016, después de escucharlo hablar en una charla, Marcelo Germán Benavides se acercó al abogado Aníbal Hnatiuk –que en la actualidad preside el Patronato de Liberados Bonaerense– y le comentó que él había estado secuestrado durante la dictadura y que a su hermano lo habían fusilado en la calle.

Desde entonces, su caso se convirtió en una denuncia formal y esa denuncia en una causa judicial con el objetivo de hallar y juzgar a los responsables del asesinato de Horacio “Chupete” Benavides, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, militante de la Juventud Universitaria Peronista y de Montoneros, que a los 22 años, el 30 de septiembre de 1977, fue abordado en uno de los puntos más céntricos de la capital bonaerense, la Plaza Moreno, por una patota de policías cuyo objetivo era secuestrarlo, pero que terminó acribillando. El caso tomó notoriedad debido a que Benavides fue compañero de estudios universitarios de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

“Vamos a demostrar en el juicio que a Horacio Benavides la patota de Miguel Etchecolatz lo venía buscando desde hacía tiempo”, apuntó Llonto. Lo primero que hicieron los represores fue acudir a la casa familiar de “Chupete”. Él no estaba, pero se llevaron secuestrado a Marcelo, su hermano, a quien torturaron en el centro clandestino de Arana. La cacería siguió por la casa que el referente de la JUP en Derecho compartía con su flamante esposa, Estela Rosi. De allí, la pareja y un grupo de compañeros de militancia lograron escapar, pero la tercera es la vencida: “Chupete” fue alcanzado en la Plaza Moreno por una patota que rastrillaba las calles de la ciudad en un auto de civil.

La investigación judicial que impulsó Hnatiuk, quien entonces colaboraba con Llonto en causas de lesa humanidad, arrancó por la víctima y terminó con el descubrimiento de los efectivos de la Bonaerense que participaron en su asesinato. Sucede que en aquel operativo, además de Benavides también falleció un policía, Carlos Sánchez, un episodio que la propia fuerza investigó en un sumario en el que dejó registrados los nombres de los colegas que actuaron con él: Walter Omar Ale, Juan Nazareno Risso, Ángel Raúl Andrada, Carlos Emilio Bordalonga, Ramón Carlos Velasco, Pedro Víctor Bidegain, Raúl Alberto Salcedo. “Pedimos los legajos al Ministerio de Seguridad y nos encontramos con las felicitaciones y reconocimientos de las autoridades de la Bonaerense por participar de este operativo”, amplió Llonto.

Durante la instrucción de la causa, la Justicia procesó a los que de ese grupo continuaban con vida: Risso y Ale, Velasco y Bordalonga, quienes no sobrevivieron a la pandemia de coronavirus y murieron impunes en 2020. Durante 2021, el juez Ernesto Kreplak procesó a Etchecolatz, quien tampoco vivió para compartir banquillo de los acusados –uno más– con Smart y sus subalternos.