La Cámara Federal de Casación Penal reclamó que se ponga fecha para llevar a cabo el juicio sobre la represión a quienes participaron del “Villazo” en el cordón del Paraná. Allí, los secuestros, las torturas y los asesinatos comenzaron un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por estos hechos deben responder dos exdirectivos de Acindar –la siderúrgica cuyo directorio era presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, que después pasó a hacerse cargo del Ministerio de Economía de la dictadura–, integrantes del Ejército, de la policía e incluso miembros de una guardia rural conocida como Los Pumas.

La Sala IV de la Cámara de Casación tuvo que analizar la prórroga por seis meses de la prisión preventiva de tres de los imputados, Antonio Federico Bossié, Roberto José Pellegrini y Raúl Roberto Squiro. En esa oportunidad, los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carbajo convalidaron la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Rosario de mantener detenidos a los acusados pero le dijeron que “extreme los recaudos para fijar prontamente audiencia de debate”. La resolución no la firmó Mariano Borinsky porque estaba de licencia, explicaron fuentes de los tribunales.

Los procesamientos sobre la represión a los trabajadores que se organizaban alrededor de Acindar fueron dictados en marzo de 2020 –cuando se cumplían 45 años de ese operativo– por el juez Marcelo Bailaque. Incluían a Pellegrini, jefe de Personal de la empresa, y a Ricardo Torralvo, otro directivo de la empresa.

Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario, al revisar la decisión de Bailaque, alivió la situación de Pellegrini y le dictó una falta de mérito a Torralvo porque no estaba claro si era jefe de Contaduría o pertenecía al área de Personal. Parte de esa indeterminación se debe a que su legajo no está en poder de la Justicia porque se quemó en el incendio de Iron Mountain.

El año pasado, la Sala IV dejó sin efecto las faltas de mérito que había dictado la Cámara de Rosario porque entendió que las pruebas fueron analizadas de manera descontextualizada, tal como habían planteado las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

En esa oportunidad, Borinsky había dicho que en las causas de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto ni del carácter clandestino de las acciones represivas. Hornos, por su parte, había reclamado que la Cámara de Rosario se pronunciara a la brevedad porque se trata de una causa centrada en hechos que ocurrieron en 1975.

Bailaque ya había elevado a juicio la causa el año pasado. Fue en simultáneo con la elevación a juicio de la causa sobre cómo la estructura de inteligencia del ejército de Rosario robó las denuncias recolectadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que estaban guardadas en un juzgado. En ese expediente, el TOF 2 de Rosario ya dictó sentencia esta semana. El de Acindar –cuya elevación se completó el mes pasado– aún aguarda que se fije fecha para comenzar con las audiencias.

El rol de la empresa

“Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambre de púa. Los oficiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa”. La descripción no pertenece a un obrero o militante gremial del cordón del Paraná sino a Roberto Peregrino Fernández, un inspector retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) que declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en las postrimerías de la dictadura.

Fernández probablemente conocía el tema en detalle porque la PFA que él integraba había conseguido instalarse en un chalet que antes era habitado por personal jerárquico de la planta. Los efectivos de esa fuerza también recibían un plus salarial, según su declaración, por las tareas de vigilancia en Acindar.

Durante la investigación, Bailaque reconstruyó que la mayoría de las víctimas de la represión de marzo de 1975 eran empleadas de las empresas Acindar o Marathon – ya sea en forma directa o tercerizada. Muchas víctimas tenían una actividad sindical intensa y alrededor de 17 trabajadores fueron secuestrados dentro de la propia planta.

Según el procesamiento de Bailaque, Acindar realizó una serie de acciones para facilitar las tareas de las fuerzas represivas:

- Confeccionó un listado de personas a detener;

- Cedió espacios de la planta para montar un centro clandestino;

- Alojó a integrantes de las fuerzas militares y de seguridad;

- Abonó sobresueldos a los uniformados que también cumplieron allí;

- Autorizó el ingreso de grupo de tareas para detener a trabajadores;

- Habilitó la requisa de casilleros;

- Proporcionó direcciones, fotos, nombres completos y apodos para identificar a las víctimas.

El de Acindar es otro de los casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, casos que avanzan con resistencias en el Poder Judicial como lo probó la muerte impune de Carlos Pedro Tadeo Blaquier.