El Parlamento francés convirtió ayer en ley los superpoderes que había pedido el presidente Emmanuel Macron para poder sacar por decreto su nueva reforma laboral, una medida que ya desató la furia de los sindicatos y que será una profundización de la que aprobó apenas el año pasado como ministro de Economía del socialista Francois Hollande.
El Senado fue la segunda de las dos cámaras en dar el visto bueno al proyecto de ley, que fue aprobado por 225 votos a favor y 109 en contra, sólo un día después de que lo hiciera la cámara baja, y ahora se espera que el flamante mandatario presente el primer decreto a finales de mes, justo cuando terminan las vacaciones de verano en el país.
Con la reforma, el Gobierno pretende dar más flexibilidad a las empresas con el argumento de que podrían generar nuevos empleos con mayor facilidad. La reforma fue además unos de los puntos centrales del programa electoral del presidente.
Francia padece desde hace varios años un elevado desempleo. La oposición de izquierda teme que la reforma afecte a los derechos de los trabajadores. El hecho de que sea implementada a través de decretos también es controvertido. Según este método, criticado especialmente por los sindicatos, el parlamento no debatirá los textos sino que solo será consultado al inicio y al final del proceso. El rechazo podría pasar a las calles en un momento en el que una parte de la oposición denuncia “una ley de demolición social”.
Como ministro de Economía, Macron logró aprobar una reforma laboral que debilitó varios derechos laborales el año pasado. Se enfrentó a los sindicatos, a multitudinarias marchas en las calles de las principales de todo el país y hasta provocó una ruptura dentro del entonces oficialismo socialista.
Mientras el entonces presidente Hollande quedó muy debilitado y tuvo que renunciar a una eventual reelección, él salió fortalecido como un candidato apartidista, atractivo tanto para los socialistas que se habían corrido al centro como para los conservadores más moderados.
Amparado por su arrasadora victoria electoral de este año, Macron ahora impulsa una nueva reforma laboral que profundizará los cambios conseguidos el año pasado. Según el mandatario, la nueva ley de trabajo permitirá a las empresas flexibilizar los procedimientos de contratación y despidos para poder generar nuevos empleos.
La nueva normativa pretende poner fin de manera definitiva a la negociación sectorial y los convenios colectivos, y poner límites fijos a las indemnizaciones por despido, algo que el año pasado no pudo ser aprobado, debido a las idas y vueltas del gobierno y al estallido social que generó el debate.
Como sucedió con la reforma laboral del año pasado, aprobada gracias a un vericueto legal que le permitió a Hollande evitar al Parlamento y aprobar el proyecto de manera unilateral, la CGT, el principal sindicato de trabajadores del país, ya anunció un paro general para el 12 de septiembre próximo, después del fin de las vacaciones de verano.
“La esencia de esta reforma no tiene impacto en el empleo, pero describe un proyecto que consiste en retomar ) las viejas demandas, los viejos sueños de la patronal desde hace 20 años’’, comentaba recientemente el presidente del sindicato CFE-CGC, François Hommeril.
Varios medios franceses adelantaban que otros sindicatos anunciarán medidas de fuerza similares en septiembre, cuando el gobierno de Macron emita los primeros decretos para modificar el Código de Trabajo.
Las votaciones de las últimas 24 horas en las dos cámaras desnudaron el amplio poder que posee Macron, quien no sólo ganó la Presidencia en las urnas, sino también la mayoría del Parlamento.
En clara mayoría, el líder de la izquierda y presidente de la bancada de Francia Insumisa en la cámara baja, Jean-Luc Mélenchon, calificó ayer el proyecto de ley que otorga poderes especiales a Macron como un “golpe de Estado social”. Luego de que el gobierno emita los decretos, el Parlamento deberá ratificarlos para que se conviertan en ley, aunque sin discutirlos.
