Desde Santa Fe

El fiscal de Reconquista Leandro Mai asumirá esta semana como auditor general del Ministerio Público de la Acusación, aun cuando en la Asamblea Legislativa del jueves que lo ascendió, siete legisladores lo denunciaron por utilizar su cargo como “instrumento de la persecución política” a funcionarias y militantes del peronismo. “Esto se llama lawfare”, lo acusó la diputada del Partido Justicialista Lucila De Ponti, al revelar que una de las “impulsoras” políticas y mediáticas del operativo era la propia esposa del magistrado: la concejal de la UCR, Natalia Caparelli, a quien mencionó tres veces en el recinto. El pliego de Mai salió con 57 votos y las siete abstenciones de los impugnantes, pero la denuncia en su contra no fue desestimada por quienes lo votaron, entre ellos radicales, socialistas y sus socios políticos del PRO. De Ponti le reprochó al fiscal la “manipulación selectiva del sistema penal con fines que no tienen que ver con investigaciones serias, sino con cuestiones políticas”. Su compañera Matilde Bruera se sumó al planteo. Y el diputado del Frente Social Carlos del Frade advirtió que el fiscal opera con un “prejuicio social y de clase muy fuerte”, en obvia referencia a la doble vara de la justicia clasista y sectaria.

El hecho que denunció De Ponti ocurrió en junio de 2021, cuando el fiscal Mai imputó a la directora de Tierras y Vivienda de la Municipalidad de Reconquista, Adriana Aranda y a una trabajadora del área Haydee Vargas -referente y militante del Movimiento Evita- como supuestas “instigadoras” de la ocupación de lotes en un barrio de la ciudad. La causa se inició tras “una fuerte denuncia pública de características políticas impulsada” por la propia esposa de Mai, dijo la legisladora.

El fiscal ordenó el “desalojo de los ocupantes las tierras” que derivó en una violenta represión policial -con balas de gomas- a unas 400 familias y el allanamiento de los domicilios de las dos funcionarias peronistas, según denunciaron entonces los organismos de derechos humanos: el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y Norte Amplio por los Derechos Humanos de Reconquista. “Mai es el esposo de la concejala Natalia Caparelli (UCR-PRO), lo cual no hace más que confirmar su alineamiento con la práctica neoliberal de judicializar la política y utilizarla como instrumento de persecución”, dijo el Foro. Y reclamó el “cese inmediato de la persecución” de Aranda y Vargas, imputadas “sin pruebas”.

Ante estos hechos, De Ponti le pidió al fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez que apartara al fiscal Mai de la investigación porque “estaba afectada su objetividad, tal como establece el Código Procesal de la provincia”. Pero Martínez rechazó el pedido de la defensa y ratificó a Mai en la causa. “Por eso tampoco votamos el pliego de Martínez”, enfatizó la legisladora.

Mai imputó a las dos funcionarias peronistas como supuestas “instigadoras de la usurpación, pero sin imputar a nadie por el (presunto) delito material de la usurpación”. “Una incoherencia flagrante” –remarcó De Ponti- que revela “esta afectación de la objetividad” del fiscal porque era su esposa, la concejal Caparelli, quien “le daba cuerpo mediáticos a la denuncia”.

“Esto sucedió en junio de 2021. Un año después, en 2022, fue el propio Mai quién solicitó al fiscal regional Martínez que lo apartara de la causa”, explicó De Ponti. “Y los motivos que utilizó fueron exactamente los mismos que habíamos planteado un año antes”. Lo que confirma que “había una afectación de la objetividad del fiscal por el rol público que ocupaba su esposa”. “Evidentemente, hubo un cambio en el doctor Mai porque sino no se entiende que en primera instancia (en 2021) no haya sido consciente de la afectación de su objetividad y luego sí”, en 2022.

“Desde la Legislatura acompañamos este caso, sobre todo a las personas que fueron injustamente imputadas sin pruebas en un juicio que continúa su curso, pero que no tiene elementos para una condena”.

La conducta de Mai revela “un incumplimiento de las funciones para ejercer el cargo de auditor del MPA. Y una manipulación selectiva del sistema penal, o lo que algunos llaman Lawfare: utilizar las herramientas de la justicia desde un rol de muchísima responsabilidad con fines que no tienen que ver con investigaciones serias, sino con cuestiones políticas”, señaló De Ponti. Y anunció que no votarían el pliego de Mai, como antes no votaron el de Martínez.

Los siete impugnantes de Mai son cuatro peronistas: el presidente del PJ Ricardo Olivera, el jefe del bloque Leandro Busatto, De Ponti y Matilde Bruera (presidenta de la bancada kirchnerista), a quienes se sumaron Del Frade (Frente Social y Popular), Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura) y Fabián Palo Oliver (alfonsinismo auténtico).

Bruera adhirió a los "argumentos" de De Ponti y Del Frade coincidió que en el operativo de 2021 en Reconquista “vimos una participación política con mucho de prejuicio del doctor Mai”. "Evidentemente hubo un prejuicio social y de clase del fiscal muy, pero muy fuerte”, finalizó.