Qué Rosario ganó fama de la ciudad más violenta, con una tasa de homicidios que quintuplica el promedio país, ya es sabido. Pero un estudio criminológico a punto de publicarse se pregunta por qué este flagelo social se mantiene sin mejora –y acaso, vaya de mal en peor– desde los últimos diez años. Y la hipótesis que arriesga no es nada alentadora.
El informe parte sobre el doble pacto que la policía mantiene en todas partes para controlar el grado de violencia urbana: un acuerdo –clandestino, obviamente– con la delincuencia para regular el delito y no permitir un desborde de violencia de impacto público, y con el poder político para garantizarle ese control social y a cambio obtener un margen de impunidad para cultivar sus cajas de recaudación ilegal. Pero en Rosario, este doble pacto ha ido mutando con las consecuencias evidentes.
"La policía no solo perdió capacidad y poder para regular la criminalidad, sino que hace varios años se encuentra atomizada y en connivencia franca con la misma delincuencia que debería reprimir. El pacto no se quebró ni agrietó; al contrario, se dinamizó y adquirió formas mucho más promiscuas y peligrosas. La policía en Rosario hace años que no se limita a regular la violencia letal, sino que la orienta, la acondiciona y la potencia", y lo hace sobre el campo fértil de un mosaico disperso de pequeñas bandas que disputan territorio a sangre y fuego para el microtráfico de drogas. Es la explicación que encuentra el documento Dejar matar, dejar morir, que es la segunda parte del informe Rosario, un sueño de paz, elaborado por la ONG Observatorio de Política Criminal, dirigido por Ariel Larroude, abogado, consultor en políticas de seguridad pública, y ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En su primera entrega, Larroude propuso que una de las primeras medidas a tomar debería ser quitar del medio a la policía provincial en Rosario (Unidad Regional II) y aplicar la Ley de Seguridad Interior para asignarle la calle a fuerzas federales. Rosario/12 lo publicó hace un año. Abundó sobre factores clave que sustentan el contexto. El incremento del consumo de drogas que cambió el perfil de Argentina como país de tránsito a país de alto consumo desde los primeros años 2000, agravado por la instalación de cocinas narco en los mayores centros urbanos. Eso atomizó la venta y abarató la mercancía: la droga entonces cada vez menos fue una cosa de las elites y quedó al alcance de los grupos vulnerables, al menos en sus versiones de peor calidad y mayor poder adictivo.
La confrontación por el control del narcomenudeo aquí es más violenta que en otras ciudades, entre otras razones, porque la policía –fragmentada– comparte con grupos de mafia barrial "u oligopolio que se reparte la potestad de dar muerte", postula el informe.
"Se consolidó un orden social violento y clandestino que acogió los altos niveles de corrupción como parte del engranaje natural de la ciudad que recepta las ganancias de lo ilícito como un motor importante en su desarrollo regional y nacional", concluye Larroude. Y pispea así la contracara de la Rosario rutilante, bucólica en su balcón al río, pujante en sus inversiones inmobiliarias y comerciales.
Es en ese hilván de reflexiones que se fundamenta una parte del título: Dejar matar.
Lo novedoso de esta segunda parte del informe Rosario, un sueño de paz, es que esta vez Larroude le incorporó un par de cuentos, ficciones en crónica de distintas postales del hampa y de las miserias de la ciudad de ayer y hoy.
Por todo esto es que el documento plantea la necesidad de correr a la policía local de la investigación y prevención del delito, e intervenir con fuerzas federales por completo, "hasta tanto exista una profunda depuración de sus elementos corruptos, evitando así la injerencia de estos en los cuadros inferiores para que se corrompan", dice.
Además, menciona como imprescindible reformar la ley de drogas (n°23.737) para que el Estado deje de reprimir consumidores, y en lugar de perseguir (y extorsionar) a los eslabones inferiores de la estructura criminal procure desarticular las grandes bandas que controlan el negocio mayor.
Por qué dura tanto y empeora
Con el récord de 287 asesinatos en 2022, y una tasa de 22 crímenes cada 100 mil habitantes (la de Argentina es 4,6/100.000), Rosario supera por lejos a otros conglomerados bravos del AMBA, CABA y Córdoba.
El trabajo del Observatorio encuentra que aquí es muy fácil acceder a un arma de fuego. Nueve de cada diez homicidios se cometen con ella. Además de las 287 muertes, hubo 740 personas heridas de bala, la cifra más alta en 4 años. "No hay más homicidios por mera casualidad", se sorprende el autor.
Larroude encuentra que el doble pacto de la policía ha ido mutando. "Lejos de intervenir en la criminalidad para mantenerla bajo índices tolerables de violencia, ha potenciado la disputa violenta entre bandas narco y sus diversificaciones. Así se desarrolla sin control en los barrios vulnerables y la fuerza de seguridad aprovecha los márgenes de ganancia que a diario le deja esa confrontación. Y sabe que no hay consecuencias institucionales, si la violencia se desarrolla en la periferia y no afecta a las clases medias y altas de Rosario", señala. Por lo tanto, el poder político simula preocupación, mira para otro lado, y consiente. Esto es lo que el informe sintetiza en "Dejar matar...".
Por otra parte, indica que "el Estado tiene una estrategia errática a la hora de intervenir en el mercado de estupefacientes, solo ha desarrollado una mirada represiva del conflicto sin abordar con elementos consistentes la problemática de salud que atraviesa a su sociedad", dice. De allí la otra parte del título: "... dejar morir".
La teoría del doble pacto policial es compartida por varios especialistas en asuntos de seguridad pública y criminalidad. Refiere a un acuerdo tácito que con la recuperación de la democracia en los '80 las policías en el país establecieron con la clase política para regular el delito y sus efectos, controlarlo y que no cause conmoción social.
La policía así mantuvo sus históricos circuitos de recaudación ilegal (juego clandestino, prostitución, venta ambulante, etc), a sabiendas del poder político. Se consolidó incluso, junto con la escuela acaso, como la más clara presencia del Estado en el territorio, cuando otras agencias sociales se retiraron. Larroude cita un trabajo del exministro de Seguridad Marcelo Sain para fundamentar este análisis.
Del análisis tampoco escapa el Servicio Penitenciario. "La corrosión ha penetrado en otras estructuras ajenas a la disputa territorial pero con clara responsabilidad en la prevención del delito y la violencia. Ello explica por qué células infieles de los servicios penitenciarios han permitido el desarrollo de manejos espurios y delictivos desde los penales donde se encuentran alojados gran parte de los líderes narcos que siguen disputando poder en la ciudad", plantea.
El proceso de atomización del narcotráfico y la socialización y expansión del consumo de drogas hizo mutar ese doble pacto policial. "Ese acuerdo espurio creado a comienzos de la democracia argentina ha mutado en Rosario de manera tal que ya hace varios años ciertas estructuras policiales no se limitan a regular la violencia letal para mantenerla dentro de índices delictivos tolerables, sino que la orientan, la acondicionan y la potencian para que esta se desarrolle sin control alguno en la periferia de la ciudad. Lejos de reprimir el delito, ciertos sectores de la policía rosarina participan activamente de él", apunta el estudio del Observatorio.
"Pactar con el narco no es lo mismo que pactar con la prostitución y el juego clandestino. Corrompe peor la institucionalidad. Pretender solucionar el problema con la policía, es en vano", concluye.
En cuanto a la clase política, cuestiona que "ha decidido no intervenir frente a la criminalidad salvo en aquellos casos donde la envergadura de los hechos suponga una crisis que atente contra la gobernabilidad, cuestión que solo se da cuando estos se mediatizan y se desarrollan frente a lugares y sectores poblacionales alejados de los territorios de disputa narco".
Puntas
Dejar matar, dejar morir bucea en estadísticas que demuestran el fracaso de la lógica punitivista hacia el consumo de drogas y que el Estado oriente recursos hacia ello mientras, por ejemplo, no crea soluciones reales de salud pública para las personas que caen en el consumo problemático de sustancias.
Propone algunas puntas para empezar a solucionarlo como revisar la ley de drogas y la penalización del consumo. Se apoya en veredictos históricos de la Corte Suprema como el "fallo Arriola" y el caso Selvini, que consideró al consumo de estupefacientes es un acto privado no punible.
"La ilegalidad es la que martilla los precios y, por ende, hace tan rentable la droga", indicó. Y puso como contraejemplo –y como contradicción también– la legitimación estatal del cannabis medicinal como industria.
