En línea con una tendencia mundial, el parlamento chileno aprobó esta semana la reducción de la jornada laboral. Luego el gobierno español puso en marcha un proyecto piloto de semana laboral de cuatro días en pequeñas y medianas empresas. En Argentina hay distintos proyectos de ley en esta dirección pero el debate aún no avanzó. ¿La novedad de Chile puede tener un impacto en la región? ¿Qué posibilidades hay de abrir una discusión en el país? ¿Cómo dialoga esta idea con otras urgencias, como el eclipse de los salarios ante la inflación, el pluriempleo, la cantidad de trabajo informal? ¿Cuál es la postura de la industria? Opinan el abogado Juan Manuel Ottaviano; la economista e investigadora Cecilia Garriga; los diputados Hugo Yasky y Claudia Ormaechea; el empresario PYME Pedro Cascales y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.

"La de Chile es una más de las iniciativas que hay en varios países de la región para cumplir con un objetivo que fue un acuerdo global de estados, sindicatos y empresas hace más de medio siglo. Es una política de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordada en el período de entreguerras y posguerras. Se presenta como novedosa para nuestra región porque venimos de tres, cuatro décadas de reformas neoliberales en el mundo del trabajo y de que no se cambien los máximos legales", explica Ottaviano, abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

¿Qué países aplican la reducción y en cuáles se discute?

La ley chilena reduce el máximo legal de 45 a 40 horas semanales de manera escalonada y abre la posibilidad de aplicar la modalidad de cuatro días de trabajo y tres libres. En Cuba y Venezuela, otros ejemplos de la región, la reducción progresiva está en la Constitución; en Ecuador se impulsó por acuerdo interministerial (en 1980 y 1997). Esta es la primera vez que la medida es una norma votada por el Congreso. "Hay proyectos de ley, algunos de los gobiernos, en Argentina, México, Colombia, Uruguay y Brasil, cada uno con procesos distintos", dice Ottaviano, investigador del centro Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD), de UNSAM, y de Fundar.

En cuanto a Europa, en general las jornadas son más reducidas que en Latinoamérica, pero se está dando también un proceso de "re-reducción", con proyectos piloto que demuestran que se puede achicar la jornada sin bajar salarios ni afectar la productividad, por ejemplo en Gran Bretaña, los países nórdicos, España. Disminución de costos, reducción de la conflictividad laboral e incluso aumentos en la productividad son algunos de los beneficios que las empresas registran, de acuerdo a Cecilia Garriga, investigadora de CIFRA-CTA. Empresas de Estados Unidos, Suecia, Suiza y Francia, entre otros países, también han implementado el sistema. "Hay otros resultados positivos, de factores externos: reducción del impacto en el ambiente con motivo de menos cantidad de horas de transporte y aumento de la actividad turística y de ocio", puntualiza el abogado.

Las causas de la tendencia

Es complejo el asunto de las causas por las cuales la tendencia se esparce a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Es consecuencia del aumento de la productividad por hora, de la mano de la "automatización mecánica, robótica y digital". "A esto, que implicó una intensificación del trabajo humano, se le agregaron dos grandes procesos, políticos y económicos. Un plan de desvalorización del trabajo humano, acompañado por caída de ingresos, salarios, protecciones sociales y debilitamiento de instituciones laborales, y una intensificación del uso del capital. El mercado presiona para una reducción del tiempo de trabajo a la vez que mantiene altos niveles de desempleo, para que quienes están trabajando sigan intensificando su trabajo. La consecuencia es una fragmentación: mucha gente trabaja mucho; mucha gente no trabaja", describe Ottaviano.

Eso ocurre en el plano sistémico, estructural. La otra dimensión de las causas está del lado de los trabajadores, quienes "presionan" para la reducción. "Se está trabajando más y peor mientras se produce más, en un contexto en que perdieron herramientas de negociación. El tiempo es la última moneda de cambio", señala Ottaviano. Garriga sentencia: "el incremento de la productividad y la riqueza quedó únicamente en manos del capital".

¿Hay posibilidad de abrir el debate en la Argentina?

Instaurada hace más de 100 años, la jornada laboral de 48 horas que rige en la Argentina es de las más largas del mundo (ése es el máximo legal; no un indicador del promedio. Se estima que los argentinos trabajan entre 30 y 38 horas por semana). Para Ottaviano, la novedad chilena "deja a la región en la obligación de implementar proyectos piloto e induce otra necesidad: discutir la equiparación de los regímenes en nuestra región", como lo hizo Europa.

Distintos proyectos fueron presentados al Congreso, con planteos de menores o mayores reducciones y matices en relación al escalonamiento. Aunque el tema se instaló en la agenda mediática el año pasado no se llegó al debate en comisiones. El secretario general de la CTA y diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires (Frente de Todos), Hugo Yasky, quien propone una semana laboral de cuatro días y un máximo de ocho horas diarias o 40 semanales, presentó su proyecto en 2020. Volvió a hacerlo para que mantenga el estado parlamentario. Otros diputados oficialistas provenientes del sindicalismo, Claudia Ormaechea --dirigenta de la Asociación Bancaria-- y Sergio Palazzo --secretario general de La Bancaria-- presentaron iniciativas con la idea de seis horas diarias y un límite de 26 semanales. Hay otras, como la de Nicolás del Caño (PTS-FIT) y Roberto Pianelli, secretario general de Metrodelegados.

"El debate está lento en nuestro país", lamenta Ormaechea. Su proyecto, presentado en 2021, perdió estado parlamentario. "Nos agarró la pandemia, el problema de la guerra, lo volví a presentar ahora. Empezamos a organizar desde la Comisión de Trabajo las informativas para instalar el debate, tratarlo en comisión. No tenemos fecha pero es algo que se va a hacer en el corto plazo. Necesitamos una reunión con empresarios, representantes de trabajadores y otros sectores. No sé si va a votar este año", dice.

Yasky advierte sobre las resistencias: "Hay mucho dinero puesto en los medios y redes para financiar un discurso que busca deslegitimar cualquier política que consista en sostener y ampliar derechos laborales. La explicación que le da a la derecha al fenómeno de la informalidad de Argentina es: 'si ustedes aceptaran una reforma laboral como han aceptado en otras partes desde el movimiento sindical no habría la mitad de los trabajadores en la informalidad'. Esto en la práctica nunca se pudo cumplir, pero son los argumentos contra los cuales vamos a tener que enfrentarnos cuando avancemos en la instalación de la propuesta. Los grandes grupos empresarios y su representantes en las fuerzas políticas de derecha tienen como perspectiva de futuro el siglo XIX, un mundo en que los trabajadores trabajen todo lo que sea necesario para aumentar la tasa de ganancia sin ningún derecho y sin posibilidad ni de quejarse".

¿Por qué debería debatirse la reducción de la jornada en la Argentina?

De acuerdo al INDEC, el costo salarial cayó un 19 por ciento entre 2016 y 2022. Entre 2019 y 2022 se registró una reducción del salario medio (-4,5 por ciento) en el marco de una expansión de la productividad (+0,8). La población económicamente activa (47,6 por ciento según el último registro de la Encuesta Permanente de Hogares) aumentó, ya que muchas personas que no buscaban trabajo lo están haciendo porque en sus hogares no alcanza el ingreso (jubilados, jóvenes, amas de casa). También crece el pluriempleo porque un salario no es suficiente.

Los datos los conecta Garriga y así pinta un panorama "favorable" para abrir el debate en el país. "Pensar en una reducción de horas manteniendo el nivel salarial implica una recomposición indirecta", indica. Yasky agrega otro dato de CIFRA: "Entre 2018 y 2021 se produjo una transferencia de 7,7 billones de pesos desde los asalariados hacia el capital, que equivalen al 46 por ciento de la masa salarial y al 19,6 del valor agregado de 2021". La recomposición no es la única variable en juego. Entran otras, como las tareas de cuidado.

Nadie puede decir a cuántos trabajadores alcanzaría la norma. Según cifras de la OIT, en el país, 45 por ciento se desempeñan en la informalidad. La ley podría impactar, ante todo, en las áreas de industria y servicios. Pedro Cascales, empresario PYME, licenciado en administración de Empresas, presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y secretario de la Cámara Argentina de la Máquina y Herramienta y Tecnologías para la Producción, se refiere a la tensión que entraña la iniciativa en una realidad como la nacional. "Tenemos una economía en dos mundos: un mundo desarrollado, y otra que está en el 40 por ciento de pobreza, con gente que no puede insertarse en el trabajo formal. Nuestro desafío es potenciar ese mundo  formalizado, que puede lograr estos beneficios, y a la vez ver qué hacemos con la gente que está en la informalidad o no trabaja porque se le hace innaccesible. Para ellos, la reducción es ciencia ficción", contrasta.

"Es posible que la agenda de la reducción no sea una demanda que interese al conjunto, pero estoy seguro de que es un debate del conjunto la distribución del tiempo de trabajo. ¿Cuánto trabajamos y a cambio de qué ingresos?", sugiere Ottaviano. "Que muchos estén mal no quiere decir que no podamos mejorar las condiciones de los que están bien. Cuando cambiás la ley impacta primero en los que están dentro de ella pero también mejoran las condiciones de los que son vulnerados en sus derechos", concluye.

La lectura de la UIA

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, opina: "Argentina es mucho más industrializado que Chile. Hay otro tipo de actividades. Las 48 horas semanales están bien. Eso no significa que todo el mundo trabaja 48 horas, depende del convenio, en la industria hay más de 800. Hay un gran espacio para la autonomía de la voluntad colectiva. No creo que tenga que haber una modificación del máximo legal: son las partes las que pueden establecerlo en el marco de su contrato individual o colectivo". Por otro lado, pone el acento en la "informalidad". "Los grados de evolución tecnológica no son homogéneos, en el caso de las micro y pequeñas empresas. Cuando se ponen condicionantes que no permiten el armado ni la productividad adecuada, y con los niveles de presión fiscal de la economía formal, se termina generando más informalidad".

Las miradas deben confrontarse en el Congreso si es que se inicia este debate pendiente. Un cambio de la noche a la mañana igual para todos los sectores no sería factible, coinciden los entrevistados. El camino incesante de la automatización del trabajo sumará, seguramente, nuevas preocupaciones, tensiones y preguntas.

Otras variables en juego

Funes de Rioja, presidente también de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), afirma que "no hay evidencia científica" que pruebe que este sistema habilita más fuentes de trabajo. Si bien esta premisa está sobre la mesa, no parece ser la más importante entre los argumentos de quienes defienden la propuesta.

"En Argentina el tema del salario a veces no nos permite discutir otras cosas. Pero en el mundo ya se está empezando a hablar de otra manera. No sostengo la idea de que va a generar más empleo. Podrá generarlo, pero no es la razón central. Viene más por el lado de qué pasa con los jóvenes, la disponibilidad de tiempo, conciliar trabajo y vida personal, la salud, las responsabilidades compartidas, el aumento de la productividad y una indirecta mejora de sueldo", resumió el exministro de Trabajo Carlos Tomada este viernes, en la apertura de la Diplomatura de Estudios del Trabajo de UNSAM.

Es un tema en que, según los entrevistados, impacta en las tareas de cuidado y en la salud mental. "Es tentador simplificar la discusión sólo incluyendo las variables de productividad e ingresos; lo necesario es complejizarlo. Arrastra otros debates e impacta sobre todas las condiciones de vida", asegura Ottaviano. Reducción de la combustión, del gasto de energía y de la circulación de personas en grandes urbes son otros elementos que considera Yasky. "Reduce el ausentismo, los accidentes laborales y la conflictividad intralaboral", añade.

Aspectos a considerar para el debate

Cascales analiza: "No podemos manejarnos con una legislación de hace 50 años (Ley de Contrato de Trabajo). Habría que generar un banco de compensación de horas para actividades que requieren funcionamiento diario, una convención para los comercios que se abocan a lo mismo, brindar acceso a la tecnología de manera más económica o eficiente, capacitación para potenciar la capacidad de cada trabajador y repensar los impuestos al trabajo". Para Ottaviano, el debate debe ir acompañado por otro en torno a la "mala distribución del tiempo de trabajo". "Una cosa es el máximo legal; otra si se trabaja por turnos rotativos, fijos, de manera continua, discontinua... sobre todo tenemos que revisar quién decide cómo se organiza el tiempo, si trabajadores o empleados", suma. 

Estudio de Bumeran

En diciembre de 2022 se conoció un estudio de Bumeran según el cual el 88 por ciento de los especialistas en recursos humanos en Argentina considera que la tendencia a futuro apunta a la reducción de la jornada laboral. Aunque la cifra es alta, es de las más bajas comparada con otros países de la región. El 62 por ciento de los consultados cree posible la implementación de la medida, pero sólo un 7 tiene pensado hacerlo. Un 25 cree que reduciendo la cantidad de horas; 48, reduciendo los días laborales a cuatro. El 72 por ciento consideró que se puede aplicar sin reducir los salarios. Pero llevarla a cabo sin esa disminución fue considerada una de las principales dificultades para llevar adelante la medida (para 61 por ciento de los encuestados), seguida por "conservar la estructura de la organización" (35 por ciento), "aumento del costo laboral" (33 por ciento), "falta de tiempo para llevar a cabo las tareas" (30 por ciento), "reducción de salarios" (22 por ciento), "disminución de la productividad" (21 por ciento), "pérdida de incentivo para mantener y crear puestos laborales" (12 por ciento).