De los 97 millones de pesos que declaró el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne –el ministro encargado de atraer inversiones del exterior– 74 millones los tiene depositados en cuentas del exterior. En total los ministros tienen 364 millones declarados en el exterior. El más afortunado de todos los funcionarios, o por lo menos el que más declaró, es el titular de la ex SIDE, Gustavo Arribas y gran parte de su fortuna la tiene en Brasil. Arribas está fuertemente involucrado en denuncias sobre coimas relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht, socia desde hace doce años en Argentina, de la empresa IECSA del grupo Macri. Los procuradores generales de Brasil y Argentina, Rodrigo Janot y Alejandra Gils Carbó denunciaron que los Ministerios de Justicia de ambos países “presentan obstáculos y requerimientos que constituyen injerencias indebidas” e impiden el funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación acordado para investigar las coimas pagadas por la empresa constructora brasileña.

La respuesta de Mauricio Macri ha sido acusar a Gils Carbó de kirchnerista y tratar de retirar la investigación del área de los fiscales. Entonces Laura Alonso, militante del PRO al frente de la Oficina Anticorrupción, planteó que la posible corrupción que involucra a empresas del Grupo Macri, sea investigada por Bernardo Saravia Frías, el Procurador del Tesoro que antes de asumir fue empleado de esas empresas.   

Se trata de un gobierno donde hay conflicto de intereses en gran cantidad de funciones. En el caso de Macri se da en las autopistas y en otra cantidad de temas, desde la condonación de una multimillonaria deuda del Grupo Macri con el Estado por el Correo, hasta la adjudicación por decreto de 40 mil millones de pesos a la obra que debía realizar IECSA y Odebrecht en el ferrocarril Sarmiento. Pero también sucede con varios de sus ministros y altos funcionarios. Por ejemplo, el ministro de Energía Juan José Aranguren compró gas a Chile, que a su vez se lo compró a la Shell –de la que Aranguren fue directivo hasta poco antes de asumir– a un precio 58 por ciento más caro que el gas que llega por barco y 128 por ciento más caro que el gas de Bolivia. 

El vicejefe de Gabinete, Mario Quintana fue fundador y directivo de la mega farmacia Farmacity que tiene un juicio multimillonario contra el Estado y cuya representación ejercía el estudio del actual miembro de la Corte, designado por el gobierno, Carlos Fernando Ronsenkrantz. Gran parte de este conflicto rebotó en el PAMI, por lejos la principal obra social en juego en esa puja y derivó en que Quintana operara el reemplazo del titular de la obra social de los jubilados. Farmacity venía presionando para una suba en los medicamentos que el PAMI obstruía y además redobló su presión por el juicio contra el Estado.

Gustavo Lopetegui, junto con Quintana, es el otro vicejefe de la jefatura de Gabinete. Fue directivo de LAN –competidora de Aerolíneas Argentinas–, empresa a la que apenas asumió el gobierno de Macri, se le otorgaron privilegios en detrimento de la aerolínea estatal a la que el gobierno achica cada vez más; igual que lo hizo Carlos Menem en los ’90.

Quintana declaró 65 millones de pesos y Lopetegui 41 millones. El jefe de ambos millonarios, el jefe de Gabinete Marcos Peña, declaró apenas 600 mil pesos, incluyendo el valor de una propiedad y un automóvil.

El presidente declaró 27 millones de pesos menos que el año pasado porque no incluyó el “fideicomiso ciego” y dos millones que le regaló a su hija Antonia. De lo que más se habló fue que el patrimonio de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aumentó 345 veces con relación al año anterior. La ministra lo justificó porque vendió un departamento declarado por su valuación fiscal y compró uno nuevo de 400 metros cuadrados en la CABA por 17 millones de pesos.

Muchas de estas declaraciones juradas así como los innumerables “conflictos de intereses” activados en este gobierno son por lo menos turbios. Hay escándalos que culminaron en traspasos de empresas millonarias, como las del Grupo Macri, o abruptas ventas de acciones y relaciones empresarias que se mantienen y que no terminan de traslucirse en estas declaraciones juradas que provienen del selecto grupo de personas más ricas del país. Son cifras chicas, casi ridículas, para lo que representan.

La Oficina Anticorrupción, no solamente no tomó ninguno de estos hechos a la vista, sino que además los ha justificado. Elisa Carrió, cuyo principal tema en la campaña electoral es la lucha contra la corrupción, tampoco los menciona en sus alegatos. Solamente les interesan los que denunciaron en el pasado y no los que involucran a sus socios políticos. 

A pesar de arrastrar estos y otros escándalos de corrupción, la alianza política Cambiemos puso a la lucha contra la corrupción en el centro de su campaña electoral. Conclusión: Están muy seguros del silencio de las grandes corporaciones mediáticas y la complicidad de gran parte del Poder Judicial. Están tranquilos, nunca les pasó nada. Es un gobierno de ricos acostumbrados a la impunidad.