"Si no tenemos memoria, no tenemos raíces y si no tenemos raíces, no tenemos esperanza”, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, durante una visita reciente al exCasino de Oficiales de la ESMA. Ojea terminaba de recorrer por primera vez uno de los lugares más simbólicos del horror de la última dictadura. Una dictadura que también fue eclesiástica y que esa mañana de marzo, Ojea llamó "error". "Frente a tamaño error uno hace silencio naturalmente. Y después de esa herida de silencio sería bueno reconstruir memoria para poder dar testimonio, y que esa memoria nos pueda ayudar a proyectar un futuro diferente", completó en compañía de otros referentes religiosos y de las autoridades del actual Museo Sitio de Memoria erigido en el antiguo centro clandestino. La visita estuvo enmarcada en el proceso de revisión de los archivos eclesiásticos sobre el terrorismo de Estado que, bendecido por el Papa Francisco, el Episcopado volcó en una investigación realizada por expertos de la casa. Aquella mañana marzo, Ojea no dijo nada sobre los capellanes que cumplieron funciones en la ESMA, que escucharon a los perpetradores de los crímenes, que los consolaron y bendijeron, incluso algunos participaron. Tampoco mencionó el trabajo que encargó, bajo el título La verdad los hará libres. Los dos primeros tomos se presentarán hoy oficialmente (ver aparte). No está confirmada la presencia de todos los organismos de derechos humanos que todavía no tuvieron acceso a la información que surge de los documentos. 

El Vicariato castrense fue y continúa siendo el lazo que conecta a la Iglesia con las fuerzas armadas y de seguridad argentinas. Un obispado más. En las casi 2.000 páginas del tomos I y II de “La verdad los hará libres” los investigadores que dirigieron la revisión de los archivos de la CEA y del Vaticano del período 1966 - 1983 dedicaron 2 de los 30 capítulos, al análisis de la estructura castrense compuesta por obispos, capellanes de diferente grados y capillas instaladas en casi todas las unidades militares del país. Allí concluyen que aquellos sacerdotes “ofrecieron asistencia espiritual” a los represores “contra los designados como enemigos internos de la patria”. Pero no dan información sobre el rol directo que tuvieron en secuestros, interrogatorios bajo tortura, asesinatos y desapariciones, cautiverios en condiciones inhumanas, robo de bebés, robo de bienes en ESMA, Campo de Mayo y el resto de los campos de concentración.

Los libros describen funciones y ofrecen una especie de recorrido sobre los obispos que estuvieron durante aquellos años: Antonio Caggiano, Adolfo Tortolo y José Miguel Medina. Y dedican un desarrollo especial al provicario Victorio Bonamin y al secretario vicarial Emilio Graselli, quien se tomó el trabajo, incluso, de escribirles un resumen de su "lucha en la tempestad”, documento que exclusivamente entregó a los investigadores en el que, por supuesto, se grafica inocente.

El historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede trabajaron extensamente sobre el Vicariato castrense de la última dictadura. A ellos les resulta como mínimo “extraño” que en la última investigación de la Iglesia “no haya ningún archivo del Vicariato que evidencie” los vínculos de los capellanes y los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en los lugares donde dieron misas, confesaron militares y formaron soldados en la palabra de Dios.

“Rescatamos que por primera vez y después de 40 años, haya una suerte de análisis en el que por primera vez aparecen conceptos como el de terrorismo de Estado o plan sistemático. Y también que finalmente reconozcan que los archivos sobre el tema estaban, que los tenían. Lo que nos resulta muy extraño es que no haya nada más que la biografía de los vicarios para rescatar. Nos permitimos dudar porque nos parece imposible. Queremos ver los archivos, estudiarlos”, apuntaron en diálogo con este diario.

La tercera pata del genocidio

“Profeta del Genocidio”, la investigación sobre los diarios personales de Bonamín desarrollada por Bilbao y Lede tiene algunos años pero se torna, una vez más, reveladora a la luz de la publicación eclesiástica debido a que repone la información de la que aquella carece. “Hubo alrededor de 100 capellanes que trabajaron en unidades y cuerpos de las fuerzas armadas que, justamente por ese rol tan delicado que tenían de cotidianidad, es imposible que no supieran lo que pasaba”, subrayaron. Los registros personales de Bonamín son claros y concisos sobre todo lo que sabían los capellanes y las autoridades del Vicariato sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Llamativamente es un material poco referenciado en los libros de la Iglesia.

A modo de anexo a su investigación, Lede y Bilbao aportaron un listado con los cerca de 400 nombres de capellanes que cumplieron funciones en las tres fuerzas militares y de seguridad entre 1976 y 1983. La información no la obtuvieron de la Iglesia, sino que debieron reconstuirla en base a los diarios de Bonamin, legajos aportados por el Ministerio de Defensa y otras investigaciones particulares como trabajos de Emilio Mignone y de Horacio Verbitsky, quien también es citado en varias oportunidades en la investigación del poder eclesiástico.

De aquel registro de 400 nombres, los investigadores destacaron a capellanes que participaron del Operativo Independencia –unos 43–, a los que ejercieron en Campo de Mayo y a los que tuvieron como destino la ESMA.

Los "soldados son instrumentos de Dios"

¿Qué dice la investigación de la Iglesia sobre los capellanes y la dictadura? “Los capellanes cumplían en el mundo militar las tareas religiosas comunes de un sacerdote, como administrar los sacramentos (bautismos, comunión), predicar el Evangelio, celebrar misa, escuchar confesiones, catequizar”, señala el Capítulo 8 del tomo I de La verdad los hará libres. Sus responsables, Fabricio Forcat y Hernán Giudice, destacan “el aporte patriótico y educativo de la actividad sacerdotal” de los capellanes “en orden a contribuir al mejoramiento y formación moral de las fuerzas armadas”. Y amplían: “La mística transmitida a los capellanes es que los soldados son instrumentos de Dios para la salvación de su pueblo y los sacerdotes deben hacerlos conscientes de eso, ofreciendo criterios sobrenaturales para el accionar militar”.

La revisión asoma apenas las narices a las funciones de los capellanes en unidades militares, el “campo de batalla” como le llaman ellos mismos, y centros clandestinos, al plantear las “disyuntivas morales” a las que los sacerdotes se enfrentaban al momento de escuchar a soldados, oficiales y jefes de la represión ilegal.

“El ministerio no fue fácil para los capellanes, algunos de los cuáles vivieron angustiantes casos de conciencia”, se lamentan. El trabajo cita, por caso, los planteos que el Nuncio Pio Laghi recogió de Antonio Ponzo, capellán que frecuentaba la residencia de Olivos: “Oficiales jóvenes que acuden a él para pedirle tranquilidad en el cumplimiento de las órdenes que reciben”, citan de los apuntes de Laghi sin mencionar que ¡eran órdenes de tortura!

A excepción de los extractos del testimonio entregado por el capellán del Hospital de Campo de Mayo Federico Gogala en el que cuenta sobre la maternidad clandestina que funcionó en la guarnición, La verdad los hará libres no desarrolla ni identifica más capellanes que actuaron allí, a pesar de que hay información que confirma que sabían de los secuestrados que permanecían en el lugar.

Tampoco aparece en absoluto información que refiera al rol activo que algunos capellanes desempeñaron en el Casino de Oficiales de la ESMA. Durante los años de impunidad uno de ellos, Laureano Cangiani dijo en una entrevista que en la ESMA “había capellanes que eran más militares que curas”. La declaración certificó la denuncia del represor Adolfo Scilingo, quien señaló a los sacerdotes Luis Manceñido y Adolfo Zanchetta como quienes consolaban a los marinos tras los vuelos de la muerte. Con la reanudación de los juicios de lesa humanidad la verdad surgió a los gritos: el capellán Pedro Fernández, por ejemplo, fue mencionado por el testigo sobreviviente Alejandro López durante el tercer juicio oral que se desarrolló por la Megacausa ESMA, como quien lo fue a ver en cautiverio.

La información que aún falta

Les investigadores responsables de la redacción de los capítulos dedicados al Vicariato castrense se hacen varias preguntas sobre el rol de los capellanes durante el terrorismo de Estado. Sobre ese punto, Bilbao y Lede afirman: "La postura es algo así como `somos conscientes de que esto hay que responderlo pero no hay con qué`. Sería interesante que estás preguntas interpelen al Obispado castrense", postulan.

Actualmente el Vicariato sigue bajo la dirección de Santiago Olivera, quien hace algunos años abogó por “una memoria sin ideología, una verdad completa" y "derechos humanos para con nuestros fieles militares y miembros de seguridad”.

Es el Estado quien debería insistir en el acceso irrestricto y completo a los archivos eclesiásticos para poder desarrollar una investigación, indican Bilbao y Lede. El abogado Pablo Llonto coincide: "La investigación que presenta la Iglesia ahora está bien, es una actitud requerida desde hace tiempo, pero no es lo que necesitan el proceso de memoria, verdad y justicia. Los archivos de la Iglesia deben ser mirados con ojos que no sean los propios de la institución, es el Estado el que debe comprometerse", insistió.