Este martes 18, desde las 10.30, referentes vecinales del barrio Ampliación Santa Ana, ubicado en la zona sur de la ciudad de Salta, se congregrán en las puertas de la Legislatura de Salta en reclamo de la aprobación de una ley de expropiación de los terrenos donde tienen sus viviendas desde hace más de 20 años. Denuncian que existen intentos de desalojos a 117 familias que viven en el barrio, impulsados por terceros que adquirieron las tierras en negocios "turbios".
Yesica es una de las vecinas que viene insistiendo en la legislación. Anteriormente hubo intentos en la Cámara de Diputados de Salta: en 2018, de la mano del diputado del Partido Obrero, Claudio del Plá, y, en 2021, por el diputado del Partido Justicialista, Manuel Santiago Godoy. Sin embargo, ambas iniciativas perdieron estado parlamentario. En esta oportunidad, el proyecto ingresó bajo la firma del senador oficialista Emiliano Durand, y figura con el expediente 31792.
"Se están empezando a dictar órdenes de desalojo, las familias de este barrio reclaman que se declare de interés público y se expropien los terrenos en los que han construido sus viviendas y en donde viven desde hace 20 años", expresaron vecinos y vecinas en un parte de prensa que difundieron. En ese sentido, explicaron que las familias adquirieron los lotes de buena fe hasta mediados de 1995, a una empresa que luego se declaró en la quiebra.
Después de buscar en vano información sobre la quiebra, las familias optaron por ampararse en la posesión veinteñal, pero dos meses antes de cumplir los 20 años en el inmueble, se presentó un hombre que dijo llamarse Miguel Alberto Rueda y les comunicó que había adquirido la totalidad de los terrenos. Después de anoticiarlos, "obligó a los vecinos a renegociar sus terrenos, cobrándoles cifras extorsivas", manifestó el colectivo de familias, al asegurar que "los precios se dispararon a partir de un contrato con intereses UVA que hicieron sus propias viviendas inaccesibles".
Las vecinas y vecinos añadieron que se iniciaron juicios en contra de las familias, con el agravante de que la mayoría "no puede acceder a una adecuada defensa legal por lo que se hacen inminentes los desalojos". Al mismo tiempo, "las denuncias penales para que se investigue como llegaron a poder de Rueda estos terrenos, duermen en los tribunales mientras los desalojos avanzan", cuestionaron, ya que un grupo de familias optó también por llevar el caso a la justicia denunciando que Miguel Rueda adquirió los terrenos en Buenos Aires y de una manera "turbia".
Yesica afirmó que lo único que se está pidiendo es justicia, y que en ese sentido sea aprobada la ley de expropiación de estos terrenos y se investigue cómo pasaron estas tierras a manos de Rueda. "No se investiga y el Estado sigue siendo un Estado ausente a nuestro reclamo", manifestó. Agregó: "creemos que la mejor solución -más allá de cómo se dieron las cosas- es hacer uso de nuestro derecho a tener una vivienda digna y que se apruebe un proyecto de expropiación, sabiendo lo que eso implica".
"Ahora que tenemos nuestras casas, nos quieren arrebatar nuestro derecho cuando hicimos todo nuestro barrio desde cero. Lo constituimos, pusimos agua, cloacas, luz y hoy, logramos tener un lugar donde vivir", insistió. Por ello, las familias aseguraron que se manifestarán cada martes (los días que sesiona Diputados) y cada jueves (durante la sesión de senadores) para insistirles a las y los legisladores que aprueben una ley de expropiación.
Sostienen que la expropiación de los terrenos debe declararse de interés público. Al mismo tiempo, piden que las familias reciban la protección necesaria para evitar su desalojo. Yesica recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce el derecho a la vivienda como un derecho humano, por lo que consideró que resulta "inaceptable que después de tantos años de vivir en el lugar, estemos en peligro de perder nuestros hogares".
Yesica, además de insistir en el proyecto de ley de expropiación, manifestó que es preciso que también se desvincule a los vecinos y vecinas "de toda esta maniobra de estafa en la que nos metieron". "Nosotros no tenemos nada que ver", ratificó, por lo que exigió que el Estado también les brinde una protección ante reiteradas persecuciones que están sufriendo. "Nadie se merece todo lo que estamos viviendo", aseguró.
