En noviembre del año pasado, el senador de la Provincia de Buenos Aires Omar Plaini presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca regular las aplicaciones de delivery, entre las que se encuentran Rappi y PedidosYa.
La iniciativa fue rápidamente aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores bonaerense e iba a tratarse inicialmente este martes en comisiones de la Cámara de Diputados provincial. Sin embargo, su tratamiento fue postergado hasta nuevo aviso.
En diálogo con AM750, Plaini señaló: "Lo que planteamos -y ya tiene media sanción por unanimidad- tanto en la Comisión de Legislación de Trabajo y en el Senado es el proyecto para tener un registro provincial único y obligatorio de los trabajadores y trabajadoras" de las aplicaciones.
Efectivamente, en el Art. 2 del proyecto se estipula la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones, en el que las empresas tendrán la obligación de inscribir tanto a los trabajadores como a los vehículos utilizados, sólo a efectos informativos. Pero hay otros artículos que generan el rechazo de un sector de la oposición y las empresas.
Por ejemplo, en los artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá”, mediante la autoridad de aplicación, fijar condiciones y requisitos de inscripción; determinar plazos de inscripción; exigir a las personas jurídicas, empleadores, prestadores titulares y/o plataformas intermediarias (app) denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.
Para Plaini, "la presión de las empresas es muy grande", por lo que esta vez la iniciativa que impulsa no se pudo tratar en Diputados.
"Es muy duro esto, pero vamos a seguir avanzando. Incluso firmamos un comunicado con (el referente del sindicato de Camioneros) Pablo Moyano en el que se expresa este apoyo al registro único y obligatorio que hoy tenemos que realizar en un capitalismo en el que hay distintas formas de trabajo y en el que entendemos, sobre todo quienes venimos del campo sindical, que hay que establecer mínimamente un piso de derecho", remarcó.
En concreto, los puntos que "inquietan a los lobbies" son los que señalan que “el Poder ejecutivo deberá mediante la autoridad de Aplicación: a) Fijar las condiciones y requisitos de inscripción. b) Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados".
Asimismo, el Ejecutivo busca "controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad. d) Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento. e) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores; f) Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”.
"Estas mismas empresas se preocupaban por regularizar a sus programadores. Para el conocimiento piden regulación y para la fuerza del músculo piden esclavitud", concluyó.
