Cuando se habla del poder de corrupción y de infiltración que el comercio de drogas tiene en diferentes ámbitos y escalas, bien se puede respaldar con el caso que ayer se expuso en una audiencia preliminar de juicio en el Centro de Justicia Penal. La imputada se llama Carolina Alegre y es una empleada de la Municipalidad de Rosario, de 50 años, para quien la fiscal Valeria Haurigot adelantó que pedirá 2 años de prisión de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o tareas vinculadas a la administración pública, por filtrar información reservada. El juez Malaponte aprobó las evidencias presentadas por la fiscalía para el juicio.
Alegre está acusada de los delitos de violación de secreto oficial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autora. Se le achaca haberle revelado el 10 de junio de 2020 a una mujer llamada Beatriz Gunsett (ya condenada en procedimiento abreviado en febrero pasado por asociación ilícita en calidad de miembro) que se realizarían actos procesales o intervenciones en el barrio Nuevo Alberdi. Según la acusación, esa filtración detectada en una escucha telefónica, se hizo con el fin de que Gunsett anoticie a su hija, Tania Rostro para que tome precauciones para eludir el accionar de la Justicia. Al igual que su madre, Tania Rostro fue condenada en febrero pasado por vía del abreviado, pero con una pena mucho mayor. Por los delitos Privación ilegal de la libertad, Robo calificado, Tenencia ilegal de armas; Abuso de armas; Usurpación y Asociación ilícita en calidad de instigadora, más una condena previa del Tribunal Oral Federal de Rosario N°2 se le unificó la pena en 16 años de prisión.
La informante que va a juicio pasaba información como empleada en el área de Desarrollo Social de la Municipalidad. Según la fiscalía "tuvo acceso directo o mediato, a través de allegados a su repartición gubernamental, a información reservada y protegida por secreto oficial, obtenida de diversas causas penales, y que fuera compartida por funcionarios del Ministerio Público de la Acusación en el marco de reuniones de coordinación territorial celebradas, las cuales tenían como objeto el diagnóstico situacional de territorios con mayor índice de concentración de violencia altamente lesiva, mapeo e identificación de recursos institucionales existentes en los mencionados territorios y acuerdo de agendas o protocolos de intervención específicos de los sectores urbanos priorizado para el abordaje interinstitucional de las violencias".
