Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló irregularidades en la gestión del proyecto "Provisión de Agua Potable a Población Vulnerable", dependiente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que debe garantizar el acceso al agua a los habitantes de barrios populares.
En diálogo con Página/12, el auditor general Lisandro Teszkiewicz dijo que "nos encontramos con una administración de los recursos totalmente deficiente. Para el gobierno porteño, los derechos básicos de las comunidades vulnerables son un negocio" señaló, agregando que "el gobierno de la Ciudad tiene una política de inversión de los recursos tendiente a dificultar la urbanización de los barrios populares, negándole a sus vecinos el acceso a sus derechos básicos", mientras hacía referencia al mencionado informe que abarca el año 2020.
Según la Auditoría General, la gestión del proyecto "no cuenta con profesionales especializados en la atención de la problemática socioambiental, ni en la realización de estudios de diagnóstico físicos", que permitan calcular exactamente cuántos barrios y personas deben ser asistidos de forma regular o eventual. Tampoco poseería un sistema de información adecuado en términos de "integridad, confiabilidad y autenticidad", pues el registro y seguimiento de los reclamos efectuados por los residentes de los barrios se plasman en una planilla de cálculo denominada 'base de datos de call center', "incompleta y susceptible de modificación o eliminación".
El informe menciona que las fechas de facturación y de los servicios prestados no coinciden, ya que "los servicios prestados entre enero y agosto del 2020 fueron facturados con fecha considerablemente posterior al mes de prestación contemplado. Si bien la facturación es posterior a la orden de compra en su fecha de emisión, los meses por los cuales se realizaron dichas facturas son anteriores a la fecha de la orden de compra". Además, no sólo se habría duplicado el número de contratación de servicios, sino que "las horas de prestación no resultan adecuadas para demostrar el cumplimiento de la normativa vigente".
Contratada por el IVC, desde octubre de 2007, la empresa Ashira S.A. comenzó a prestar los servicios de transporte y provisión de agua potable en camiones cisterna, a "núcleos habitacionales transitorios, asentamientos y villas de emergencia". "Se trata de un servicio paliativo y contingente que no debería ser tomado como una política estable, y que además nos retrotrae a la época colonial, cuando pasaba el aguatero", remarcó Teszkiewicz.
Y subrayó: "Es escandaloso que, en la ciudad más rica del país, miles de personas aún no puedan acceder al servicio de agua potable. La Ciudad tiene los recursos y la infraestructura necesarios para poder llegar a todos sus vecinos, pero el gobierno porteño decide priorizar los negocios con empresas amigas, en lugar de hacer las inversiones necesarias para que el agua corriente llegue a todas y todos".
Para el auditor, no sólo es "indignante" que el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad, María Migliore, y el presidente del IVC, Christian Werle, "se gasten la plata en contratar una empresa amiga para repartir el agua como en la época colonial", sino que ni siquiera haya una "planificación o una evaluación de los camiones y de las muestras de agua" que reciben los vecinos de barrios vulnerables.
Informe: Karla Góngora.
