Desde 2020, y a causa de una denuncia realizada por la Superintendencia de Seguros de Salud por posibles traspasos de afiliados de distintas obras sociales a otras prestadoras de servicios de salud, la justicia investiga a la supuesta gerenciadora de salud que se ofrecía como "prepaga": Ética Médica S.A. , que según la investigación policial estafó a través de un esquema de engaños a unas diez mil personas por una suma de unos 60 millones de pesos por mes que correspondían a obras sociales.
Entre las obras sociales que se presentaron como querellantes por verse afectadas por el desvío de afiliados y de sus bases de datos están: Osperyh, obra social de trabajadores de edificios, y Osoetsyl, de trabajadores tintoreros. También fueron víctimas del engaño, trabajadores de otras obras sociales como la de empleados ferroviarios, la de sombrereros, la del papel y vareadores.
A los particulares que aportaban una suscripción por supuestos planes de salud, las prestaciones nunca les llegaban y quedaban sin cobertura médica. La empresa también funcionaba bajo el nombre de Ética Salud y estaba vinculada a la firma Ética +. Y los traspasos que se investigan fueron realizados sin conocimiento o autorización por parte de los afiliados.
La investigación se encuentra en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 2., a cargo de Sebastián Ramos, y tiene como principales implicados a Raúl Martín Barreiro, Fernando Pablo Dardik, Javier Ignacio Cuman y Pablo Hernán Baldoni, además de otros 14 acusados.
Barreiro y Baldoni, aparecen como los principales responsables de "Ética Salud SA".
La causa judicial y quiénes están imputados
La causa comenzó en 2020 ante los reclamos que, en plena pandemia, publicaban los afectados: falta de respuesta a requerimientos médicos, falta de atención en los centros de salud que “supuestamente” operaban con la firma, falta de entrega de las credenciales en soporte papel. Además, les indicaban que con mostrar el envío digital de la credencial ya estaban habilitados a atenderlos. Pero no era cierto.
El esquema de la estafa fue variado. Al comienzo, les informaban a los afiliados particulares que “su obra social iba a quebrar” y les ofrecían una nueva opción “con más beneficios”.
Cuando comenzaron los reclamos, se presume que mutó la operatoria y que se habría llegado al robo de identidad para trasladar a los afiliados de otras obras sociales a esta empresa, sin el consentimiento. Llegaron a ofrecer préstamos personales o tarjetas de crédito y lograr los datos necesarios para el fraude.
Entre otros imputados por estas maniobras -además de los ya mencionados- se encuentran: Abel Hugo Blasco, Daiana Ludmila Chaar, Luis Marcelo Díaz, Justo Damián Ibarrola, Clay Eloy Jara Toledo, María Florencia Laiz, Nazareno Lemos, Rodrigo Pasart, Fernando Luis Profeta, Araceli Luján Patricia Rodríguez, Damián Ariel Romano, Martín José Scalise, Gonzalo Nahuel Silva, Tatiana Silva.
Todas estas personas estarían vinculadas con algunas de las empresas y obras sociales que son investigadas: Ética Medica S.A., TAS ConsultingS.A, Imagen Salud BS SRL, Obra Social de Vareadores, M&C Asociados S.A., LineIPSRL, Scientis Medical Group S.A, Medical Servicios de Salud SRL, Obra Social de Personal de la Industria Ladrillera a Maquina, Equipo Gestión, Gestión Salud S.A, Your-HealthS.A, "Todos Salud", Obra Social de Personal de la Industria del Fosforo, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina, Obra Social del Personal Mosaista, Obra Social de Cámara de Empresarios de Remises de Argentina, Cobertec Salud, Salud y Tecnología S.A, Obra Social de la Federal de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina (FEDECAMARAS), Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina.
Durante la investigación se hicieron diversos allanamientos, que permitieron secuestrar documentación, teléfonos celulares y computadoras. Asimismo, se pudo constatar que se encontrarían involucrados en las maniobras, empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.
Cómo fue la maniobra fraudulenta
Según informa la Policía Federal, todo se iniciaba con el accionar de "gerentes" que habrían comprado bases de datos de afiliados a obras sociales. A través de "reclutadores" y "vendedores" que se hacían pasar como empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud, la empresa lograba convencer a los damnificados de entregarles sus datos.
Incluso, enviaban personas en moto a los domicilios para retirar los documentos necesarios. Así, ingresaban a la aplicación de AFIP con nivel 3 de seguridad y realizaban el cambio de obra social. "Incurren, en este punto, en el delito de usurpación de identidad”, precisó el informe policial.
En 2021, Ética Médica fue denunciada por la Superintendencia de Servicios de Salud ante la Justicia Federal. Se estima que el flujo de dinero mensual que lograba superaría los 60 millones de pesos mensuales, que eran recibidos por la razón social de la firma -Ética Médica S.A.-, registrada en AFIP en 2017. Se registró, además, que dejó de pagar aportes a sus empleados y designó a Baldoni como director suplente y a Barreiro como titular en 2019.
La estafa se evidencia en el uso de una empresa registrada como gerenciadora de salud y no como prestadora de salud. Así, para poder realizar la transferencia de aportes “habría dos fases”. En la primera, "tras la captación, los aportes de haberes se dirigen a una obra social asociada a la empresa investigada, debido a que la gerenciadora no puede recibir los aportes de forma directa”, explicó la investigación policial.
Esto implica que Ética Médica se asoció a una obra social que sí figura en los registros. “Muchos afiliados de Osperyh fueron pasados a la obra social de la Sociedad Gremial de Vareadores (de equinos), o a la de Ladrilleros a Máquina, que no existe, no opera, no está inscripta", detalló la abogada Fernanda Allega, hace un año, desde la Coordinación del área Legales de la obra social de trabajadores de edificios. Pero habría otras relaciones comerciales entre la Sociedad de Vareadores y Ética Médica.
En la segunda fase del fraude, luego de recibir los aportes “las obras sociales los transfieren a la gerenciadora”. Así, tanto la obra social como la empresa obtienen beneficios económicos, según la denuncia de la Superintendencia de Salud. La investigación estima que podría existir “el pago de sobornos a las obras sociales involucradas” -Vareadores o Ladrilleros a Máquina-, dado que la gerenciadora no provee los servicios que promete a los afiliados.
Vínculos judiciales y comerciales
Cuando Barreiro se presentó con su abogado, argumentó que las obras sociales de los afiliados damnificados no pueden querellar "porque no sufrieron prejuicio”. El juzgado rechazó este planteo, pero cuando apelaron, los jueces de la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal -Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Daniel Bertuzzi- hicieron lugar al pedido. Las obras sociales apelaron la resolución ante la Cámara de Casación Federal.
Una derivación de la causa cae sobre una firma aliada a Ética Salud y Ética Médica: Ética +, sponsor oficial de varios equipos de fútbol, como Racing Club e Independiente; y también lo fue de la Liga de Fútbol Profesional. Los contratos eran millonarios.
Entre los negocios en común de Baldoni y Barreiro figuran las firmas Fortaleza Salud, CBGB Construcciones y Solución Salud, que según la investigación, no tendrían operaciones registradas ni empleados en blanco. Tampoco tendrían un número de CUIT, por lo que podría tratarse de empresas fantasma.