El excarapintada José D’Angelo se quedó con las ganas de presentar el libro que “refuta el mito de los desaparecidos” en la Biblioteca del Congreso, pero todo indica que tendrá su revancha en la Feria del Libro, que arranca el próximo 27 de abril en el predio de La Rural. Hace días circula una convocatoria para una mesa redonda —que se hará el 4 de mayo— sobre los derechos humanos y el Estado de derecho en los países del Río de La Plata. 

Un desprevenido podría pensar que se trata de un espacio para pensar las estrategias contra la impunidad. Sin embargo, entre los convocantes locales está la Unión de Promociones, creada para contrarrestar el avance de las investigaciones de lesa humanidad, y, del lado oriental, son varias organizaciones o intelectuales que llaman “prisioneros políticos” a quienes secuestraron, torturaron, asesinaron o desaparecieron.

En redes sociales, se informa que en la mesa presentarán sus obras D’Angelo y Álvaro Alfonso –un periodista uruguayo–. No hay mención a cuáles serán los libros que se compartirán con el auditorio. Probablemente sea una estrategia para evitar que se repliquen los repudios que se suscitaron cuando se conoció que D’Angelo preparaba un evento en la Biblioteca del Congreso en la víspera del 47º aniversario del golpe genocida.

El último libro de D’Angelo es La estafa de los desaparecidos: mentiras y millones, que transita la misma lógica del eslogan que lanzó Mauricio Macri en la campaña hacia la presidencia: que los derechos humanos son un curro. Con esa publicación se alimentó una investigación penal que pretende sembrar dudas sobre las reparaciones que se pagaron a las víctimas o a sus familiares.

Alfonso, por su parte, publicó recientemente el libro Operación Verdad, en el que dice que hubo negociaciones entre militares y militantes para llegar a la Ley de Caducidad –que impidió durante décadas llevar a la justicia a quienes secuestraron y torturaron y por cuya vigencia fue condenado Uruguay por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que presentaron el poeta Juan Gelman y su nieta Macarena–. Alfonso también ha centrado su interés más reciente en las reparaciones o pensiones.

D’Angelo es un personaje bastante conocido en lo que hace a publicaciones que reivindican el accionar de los represores. Se presenta como periodista y militar retirado. Según su propio currículum vitae, egresó del Colegio Militar en 1980 –en plena dictadura– y estuvo destinado en el interior del país. Perteneció al sector carapintada que intentó poner en jaque a las autoridades democráticas y también participó en 1989 en la represión de la toma del regimiento de La Tablada. En 1993, le dieron la baja. Desde entonces, dirigió publicaciones netamente procesistas como B1 "Vitamina para la memoria de la guerra en los ’70". En su página web, anticipa que trabaja en dos temas que suelen encender a quienes impugnan el proceso de verdad y justicia: los “números verdaderos” de las víctimas –que recoge el “no son 30.000” y la apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.

Página/12 pudo confirmar que la actividad está en la grilla de la Feria del Libro, aunque no está claro que las autoridades de la Fundación El Libro estén al tanto del tenor de las presentaciones ni de las posturas de quienes las auspician.

La convocatoria que circula en redes sociales y que es parte de la grilla de la Feria del Libro.


Auspicios y comentarios

La “mesa redonda” incluye a dos escritores que comentarán. El vernáculo es Nicolás Márquez, un reconocido influencer de la “memoria completa”. De hecho, compartía a principios de este siglo un programa con Karina Mujica, presidenta de la Asociación Memoria Completa. El escritor y abogado está de gira por México, donde dio una charla sobre “cómo refutar las mentiras del progresismo”. Semanas atrás, se entusiasmó en Twitter por el anuncio de una alianza entre Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, y Eduardo Bolsonaro, vástago del expresidente ultraderechista brasileño. A Bussi lo definió como su “gran amigo” y llamó a votar por él y por Javier Milei en Tucumán.

Del lado uruguayo, la interlocutora será la escritora Mercedes Vigil, una integrante del Foro de Montevideo que se define como paleoliberal. Tan amante es de las libertades que abogó por la libertad de los represores que están presos en el penal de Domingo Arena. Vigil fue en noviembre de 2021 a entregarle una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que se pedía la domiciliaria para mayores de 65 años. La misiva decía que en esa cárcel “está presa nuestra democracia”. Su actitud fue repudiada por organismos y militantes de derechos humanos.

El evento en la Feria del Libro es organizado por Familiares de prisioneros políticos de Uruguay –léase detenidos por crímenes aberrantes–. Tiene el auspicio del Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, la Unión de Promociones y el grupo Patricia y Justicia.

La Unión de Promociones es el grupúsculo con más trayectoria a la hora de impugnar el proceso de justicia en la Argentina. Fue conformada por militares retirados en 2005, en la víspera del fallo Simón con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, por ende, convalidó la reapertura de los procesos. Desde su Facebook, la Unión de Promociones distribuye unas publicaciones que llevan por título “la otra parte de la verdad” y también habla de los represores como presos políticos. En diciembre de 2021, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de su máximo referente, el coronel retirado Guillermo César Viola, por haber participado del operativo de la calle Corro en el que fueron masacrados cinco militantes montoneros. Entre ellos estaba María Victoria “Vicki” Walsh, una de las hijas del periodista Rodolfo Walsh.

El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay es mucho más reciente. Se conformó el año pasado. Según El Observador, el Centro de Estudios reúne a varias organizaciones de defensa de los militares presos por delitos cometidos durante la dictadura y víctimas de organizaciones guerrilleras. Por su parte, El País dice que estos sectores conformaron una asociación civil para “ganar espacios”.

Probablemente en esa línea se inscriba la charla convocada para el 4 de mayo en La Rural. Desde la reapertura de los juicios en la Argentina, las organizaciones históricamente alineadas con los reclamos de la familia militar o policial procuraron disputar el campo de los derechos humanos: trataron de parecerse a las organizaciones de víctimas e incluso presentarse ante organismos internacionales para denunciar que en los procesos penales son victimizados por razones ideológicas.

Una presentación que no fue

En la Feria de 2018, los sectores pro-impunidad buscaron --sin éxito-- hacer una presentación pública del documental Será Venganza, que dice que, en realidad, el proceso argentino es de memoria, verdad e “injusticia”.  La Fundación El Libro decidió cancelarla ante una ola de repudios.

Desde los sectores que simpatizan con el reclamo militar denunciaron que se trataba de un acto de censura. Lo mismo pasó cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, anunció que pediría que no se presentaría el libro de D’Angelo en la Biblioteca del Congreso. A Moreau la denunciaron por violar la ley anti-discriminación. El juez Julián Ercolini, por pedido del fiscal Eduardo Taiano, archivó la causa.