El tribunal integrado por Karina Anabella Gómez, Antonia Elisa Toledo y Claudia Zárate hizo lugar ayer al pedido de nulidad de la defensa por observarse irregularidades en la indagatoria del imputado durante la instrucción y el auto de procesamiento. Aunque se aceptó la nulidad absoluta de estos actos observados, el fiscal Diego Torres Pagnussat informó que se preservaron las pruebas y se reanudará el juicio apartando a la Jueza que intervenía.

El fiscal Raúl Ramos explicó que se volverá a indagar a Chade, y se reanudará el procesamiento para llevar la causa a juicio. Las pruebas serán protegidas para ser usadas en los nuevos actos procesales llevados a cabo por el nuevo juez.

Para David Calipo en representación a la querella, “el planteamiento de nulidad no le asiste razón jurídica”, destacó que lo relevante en este caso es la cantidad de evidencia en la que se acumulan unas 900 fotografías y 90 videos por lo que sostiene que “son dilaciones injustificadas”.

El hecho tomó gran repercusión social, al tratarse de una persona reconocida a nivel social en su localidad, autoridad municipal en gestiones anteriores, y reconocido por su conocimiento de la cultura chileciteña.

El acusado se desempeñaba como director del Museo Molino San Francisco, de la localidad riojana de Chilecito, cuando fue detenido. La víctima relata que soportó sus abusos sexuales durante tres años en silencio, hasta que con apenas diez años de edad, decidió contarle ese “secreto” a su mamá. Luego de que la mujer lo denunciara ante la Justicia, Alfredo Chade, de 61 años, fue detenido por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Chade fue procesado en 2019.

Las conversaciones de WhatsApp y los audios que la familia aportó en la causa investigada por el Juzgado de Instrucción Nº2 de la jueza Virginia Illanes y la fiscal Analía Alcaraz sirvieron como prueba para determinar, en principio, que el hombre habría abusado sexualmente de ella de manera ultrajante. Luego, la aparición de fotos y videos de la presunta violación, que fueron aportados a la fiscalía por la querella de la familia, cambiaron su situación procesal. Chade podría recibir una condena de 30 años.

La defensa siempre negó el hecho poniendo en duda la veracidad de los videos, por lo que la Justicia puso a peritos oficiales y de parte a analizar el material.

Organizaciones feministas vienen alertando sobre la revictimización del caso, ya que la privacidad e identidad de la víctima no fueron resguardadas. Se filtraron informes médicos en medios de comunicación y todos los detalles de la denuncia.

La Organización comunitaria de mujeres Peli Mercado denuncia que en lugar de preservar a la víctima, la dejaron “expuesta siempre” y entre varias irregularidades reclaman “la pérdida del disco duro que contenía el detalle de cámara Gesell”. En un comunicado emitido a la prensa se solidarizan con todo lo que la familia de la querella debió atravesar estos 5 años y solicitan a la justicia “la máxima condena”.