Chile aprobó dos proyectos de ley para reforzar el control migratorio en el país. Uno es para ampliar las facultades de la policía para identificar a migrantes, incluso aquellos que tienen permisos de residencia vencidos. La medida estaba prohibida porque era considerada discriminatoria.
El segundo proyecto amplía el plazo de expulsión de 48 horas a cinco días. Ambos proyectos se suman al despliegue militar en las fronteras con Perú y Bolivia ordenado por el presidente chileno Gabriel Boric en febrero pasado.
Carabineros a controles migratorios
El congreso de Chile aprobó nuevos “controles preventivos y de identidad” a migrantes. Los agentes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) ahora tienen más facultades para identificar a migrantes. Una de las modificaciones aprobadas suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación, indicó la Cámara de Diputados y Diputadas en un comunicado.
Otra de las modificaciones suprime el plazo acotado de una hora para que el funcionario de la policía “ponga a disposición de la PDI a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular”.
La tercera modificación está vinculada con las atribuciones para el control de identidad y registro en las zonas fronteriza que le fueron otorgadas de forma transitoria a las Fuerzas Armadas. Los militares tendrán la facultad para realizar estos controles durante el tiempo que el decreto esté vigente.
Carabineros también podrá intervenir en los controles migratorios. “En la actualidad no puede hacerlo y cuando detecta situaciones irregulares no tiene atribuciones para traspasarle el caso a la Policía de Investigaciones”, afirmó la ministra de Interior, Carolina Toha.
Cambios en el plazo de expulsión
También fue aprobado un proyecto para el tiempo para hacer efectiva una expulsión pase de 48 horas a cinco días. Este proyecto requiere una reforma constitucional para habilitar el cambio de ley. “Hoy sólo son 48 horas y ese plazo es muy breve”, precisó Toha.
El proyecto fue rechazado por parlamentarios que consideraron que la seguridad no puede ir en desmedro de los derechos humanos.
“Corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos”, indicó Diputados en un comunicado.
Según Toha, no es posible ejecutar la medida de expulsión de migrantes con el plazo de 48 horas vigente y explicó que es difícil, por ejemplo, por el traslado de los migrantes desde otras regiones, visas y documentación para funcionarios que acompañan los procesos de expulsión.
