Desde marzo de 2022, cuando el congreso de El Salvador aprobó por primera vez el régimen de excepción, el país centroamericano registró “graves retrocesos en materia de derechos humanos”, según el informe anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).
Detenciones masivas, arrestos arbitrarios, incremento en el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas del Estado, y el subregistro en la cifra de homicidios, son algunos de los puntos documentados en el informe anual del observatorio de derechos humanos.
En 2022 la policía de El Salvador registró 86.046 detenciones, de las cuales 61.300 ocurrieron bajo el régimen de excepción que suspende derechos constitucionales. Según el coordinador del observatorio, Jorge Rodríguez, esto representa un incremento del 174% con respecto a las 31.300 detenciones de 2021.
“Este aumento desproporcionado en el número de las detenciones ya es un indicador del abuso de la detención en flagrancia" y que se "ha incurrido en graves violaciones a derechos humanos", denunció Rodríguez.
Sólo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró más de 400 casos de detenciones arbitrarias.
Cifra de homicidios del gobierno "no es veraz"
Las autoridades de Seguridad y la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron 495 homicidios, una cifra "muy similar al dato" de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el informe, la cifra oficial "no incluye las osamentas humanas localizadas ni las muertes de presuntos pandilleros" ocurridas en enfrentamientos armados con la PNC y otros hechos de violencia, que en gobiernos anteriores sí eran documentados como homicidios.
"No existe certeza de que esta información tome en cuenta las muertes bajo custodia estatal" y también "ignora la problemática de las personas desaparecidas que no son localizadas", indica el informe.
Detenciones arbitrarias, hacinamiento y abuso de la fuerza letal
El observatorio de derechos humanos también documentó el hacinamiento en los centros penitenciarios. Hacia finales de 2022 el sistema carcelaria de El Salvador tenía capacidad para albergar a 30.864 personas, pero con las detenciones bajo el régimen de excepción el hacinamiento se elevó a 306%, vulnerando los derechos humanos, indicó Rodríguez.En el marco del régimen, el sistema judicial decretó la detención provisional de 53.156 personas, además se registraron al menos 110 audiencias masivas y la Corte Suprema recibió 3.396 habeas corpus, de los que sólo 27 fueron "admitidos para trámite".
El gobierno salvadoreño señala que todos los detenidos pertenecen a las pandillas o maras como Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias.
El observatorio aseguró que la policía nacional registró 171 enfrentamientos armados en los que 51 personas resultaron heridas y fueron identificados por la policía como pandilleros. En estos tiroteos también fallecieron 3 policías y fueron heridos 11.
Los enfrentamientos se elevaron un 62 %, respecto a los 105 de 2021, mientras que la cifra de civiles -supuestos pandilleros- fallecidos se elevó un 67,3 % frente a los 49 de 2021.
Indicó que el índice de letalidad se posicionó en 1,61 %, lo que "evidencia el abuso del uso de la fuerza letal en el marco de enfrentamientos armados, porque es esperable que siempre haya menos fallecidos que lesionados".
El
observatorio universitario de derechos humanos llamó al congreso salvadoreño a que "deje sin efecto el régimen de
excepción, restituyendo las garantías procesales y derechos fundamentales en
vista de la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia".
