El rechazo a la demolición del centro cultural El Galpón de Villa Ortúzar llegó a la Legislatura porteña. Diputados y diputadas del Frente de Todos (FdT) presentaron un pedido de informes sobre la decisión del oficialismo de tirar abajo el lugar y pidieron citar al presidente de la Junta Comunal N°15 para dar explicaciones frente a los y las legisladoras. Mientras tanto, los integrantes del galpón denuncian que el GCBA ya avanza con la construcción del canil con el que reemplazará al centro, pese a que la Justicia todavía no resolvió definitivamente el amparo presentado por los referentes del lugar. 

Los proyectos ingresaron a la Legislatura con la firma de la legisladora Berenice Iañez, del FdT, y el acompañamiento de otros diputados y diputadas del bloque. En primer lugar, piden información sobre puntos específicos del operativo de demolición llevado a cabo a las 5 de la mañana del jueves santo: qué funcionarios y de qué ministerios u organismos autorizaron el procedimiento, cuántos policías actuaron exactamente --los vecinos y vecinas denuncian que fueron más de cien--, por qué se filmó el operativo y si se supervisó el trabajo de la empresa encargada de tirar abajo el espacio cultural ubicado sobre Charlone y Heredia, dentro de la Plaza 25 de Agosto. 

Sobre este último punto, los integrantes del centro cultural aseguran que, al derribar la estructura, la empresa dejó otros daños colaterales en la plaza: "En el momento de la demolición rompieron el caño de agua del galpón y lo dejaron arreglado muy pobremente, hoy está llena de barro esa zona", advirtió a Página 12 Juan Martín Chippano, coordinador del centro. En sus redes sociales, la organización Somos de Ortúzar denunció la misma situación y agregó que en el lugar se acumula agua estancada en plena escalada de contagios de dengue. 

En el pedido de informes, los y las legisladoras también preguntan sobre el destino de tres murales del lugar, que por ahora se mantienen en pie. "Fueron declarados de interés cultural por el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 15 y desde la Junta Comunal se asumió el compromiso de protegerlos. Si bien esos muros permanecieron en pie, el apuntalamiento realizado para que no se cayeran parece precario y endeble", afirman. 

Por último, reclaman que se explique con precisión qué se hará en el lugar en el que se erigía el galpón. Aunque el GCBA ya informó que convertiría al sitio en un canil para anexar a la plaza, los y las legisladoras buscan obtener los documentos que certifiquen el proyecto a realizar, con "plazo de finalización" e "inversión total". Según sostuvo Chippano, el GCBA ya comenzó las obras para despejar el terreno y construir el canil. Además del centro cultural, con actividades artísticas, cursos y talleres, en el lugar funcionaba el Bachillerato Popular Berta Cáceres, la Biblioteca Popular 25 de Agosto y un centro de jubilados con el mismo nombre. 

Mientras tanto, en la Justicia aún no se resolvió definitivamente el amparo presentado en noviembre del año pasado, tras los primeros intentos de demolición impedidos en octubre pasado por la resistencia vecinal. En diciembre el Ejecutivo obtuvo un fallo favorable cuando la Justicia decidió no hacer lugar a la medida cautelar, pero desde el centro cultural apelaron esa decisión y aún no hubo resolución. 

En el pedido de informes presentado por Iañez, los y las legisladoras de la oposición plantean que desde octubre "la comunidad que forma parte de El Galpón de Ortúzar intentó en numerosas oportunidades dialogar con las autoridades políticas responsables". "El Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 15 elaboró resoluciones instando al diálogo; en la Legislatura hubo presentaciones ante las comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana y de Protección y Uso del Espacio Público; intervinieron otros integrantes de la Junta Comunal, y también los propios vecinos y vecinas se acercaron al presidente de la Junta", sostienen. 

Precisamente hacia el presidente de la Junta está dirigido el pedido de citación para que dé explicaciones frente a los y las legisladoras, que reclamaron su presencia ante la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana. Se trata de Martín Garcilazo, a quien el FdT acusa, entre otros puntos, de infringir el artículo 37 de la Ley de Comunas, que establece que "las recomendaciones emanadas del Consejo Consultivo Comunal son de consideración obligatoria por la Junta Comunal". La oposición sostiene que Garcilazo no dio tratamiento a dos recomendaciones referidas a la situación del galpón. Tras la demolición, el Consejo Consultivo volvió a rechazar el accionar del GCBA y alertó en un comunicado que "sustituye el diálogo por la violencia mediante prácticas que nos remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente". 

En el pedido de citación al presidente de la Junta, en tanto, los y las legisladoras también exigen que Garcilazo presente actas administrativas que respalden la orden de demolición y "el inventario y paradero de los elementos secuestrados en los operativos". Aseguran que el procedimiento se realizó "sin acto administrativo previo" y que "los vecinos y vecinas sufrieron el secuestro de materiales de trabajo, incluyendo la mayor parte de los volúmenes de la biblioteca. Al día de la fecha, muchos de los elementos secuestrados permanecen sin inventariar y sus legítimos usuarios, vecinos y vecinas de Villa Ortúzar, no conocen su paradero".