Luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) denunciara que Patricia Bullrich utiliza el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) --en teoría sin fines de lucro-- para financiar su campaña política, comenzó el raid judicial del expediente.
A los pocos instantes de haber hecho la presentación, salió sorteado el Juzgado Civil Nº 19, subrogado por la jueza titular Paula Andrea Castro, a quien la IGJ le endilga "simpatía" por el PRO. Por esa razón, el organismo solicitó su recusación, medida que fue admitida por Castro.
Tras remitirse el caso a la Cámara Civil para su nuevo sorteo, la adjudicación en esta oporunidad cayó otra vez en manos de una jueza acusada de tener vínculos con el macrismo: Alicia Beatriz Alvarez, magistrada a cargo del Juzgado Civil 28. En este ida y vuelta, y por no haber sido convocado a presenciar la reasignación del juzgado, el organismo conducido por Ricardo Nissen pedirá la nulidad del acto.
En paralelo, se admitió una denuncia penal realizada por la asociación que preside Patricia Bullrich contra el titular de la IGJ, Ricardo Nissen.
Durante el año 2022, la entidad de la exministra de Seguridad recibió ingresos en concepto de 'seminario' por "montos que superan los $60.000.000", aseguró la IGJ y agregó que fueron dedicados al financiamiento de acciones de "proselitismo".
