La Procuración del Tesoro le reclamó a la jueza María Eugenia Capuchetti que cite a indagatoria al expresidente Maurico Macri, al exmimistro de Hacienda Nicolás Dujovne y al exministro de Finanzas y extitular del Banco Central Luis "Toto" Caputo, en la causa donde se investiga la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. El organismo, que es querellante en nombre del Estado nacional, invocó un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que confirmó que el acuerdo estuvo plagado de irregularidades ya que se omitieron requisitos elementales como consignar el préstamo en la Ley de Presupuesto, aprobar la operación a través del Congreso o por un decreto del Poder Ejecutivo, evitar la intervención de las áreas técnicas para analizar la viabilidad; además de que la documentación de respaldo fue generada con posterioridad, entre otras cosas. También señalaba el alto riesgo de incumplimiento de los pagos y que la deuda pública era "insostenible". 

Las anomalías, según advirtió la Procuración en un escrito entregado al juzgado la semana pasada, tenían un propósito: dificultar la "trazabilidad" que diera cuenta del uso otorgado a los fondos recibidos por aquel acuerdo stand by del gobierno de Macri. Este es otro aspecto, bastante engorroso por cierto, al que apunta la investigación, que consiste identificar cómo se desviaron los dólares de su propósito del préstamo, para el posible beneficio de aliados del macrismo, con una bicicleta especulativa. El monto acordado se llegó a ampliar a cerca de 56 mil millones de dólares. La hipótesis es que se subastaron dólares que alimentarían la fuga de divisas: quienes traían dólares compraban Lebacs con elevados intereses, los vendían, y los volvían a transformar en dólares para su exteriorización. La jueza Capuchetti y el fiscal Franco Picardi intentaron identificar sin suerte hasta ahora quiénes fueron los cien agentes que hicieron compras netas por 24.679 millones de dólares; los diez compradores de 7945 millones de dólares; y las personas jurídicas que hicieron compras netas de divisas por 41.124 millones de dólares, como publicó Página/12. 

¿Qué dijo la AGN? 

El colegio de auditores dictaminó en febrero sobre la llamada "cuenta de inversión" de 2018. Es la rendición de cuentas públicas que hace el Poder Ejecutivo cada año. La evaluación fue adversa por mayoría y tuvo las disidencias de Miguel Angel Pichetto, Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva. Parte del análisis se enfocó en el endeudamiento público. La AGN (órgano de control que reporta al Congreso) advirtió:

* El acuerdo de deuda no fue formalizado ni por la Ley de Presupuesto ni por ninguna otra ley o un decreto presidencial. Esto implica que no intervinieron ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo pese a que lo exige la Constitución Nacional y otras normas.

* El acuerdo fue firmado, sin competencia, por los entonces ministros de Hacienda y presidentes del BCRA, sin intervención del Ministerio de Finanzas. 

* El segundo y el tercer desembolso no fueron incorporados al presupuesto. 

* La documentación de respaldo y los expedientes fueron confeccionados después de la firma del acuerdo, y están incompletos. 

* Se incumplió con la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de control que prevé que antes de tomar deuda debe emitir opinión el BCRA sobre el impacto que puede tener la operación. 

* Tampoco se cumplió con los requisitos para los préstamos multilaterales regulados en la resolución 108/09 del Ministerio de Economía, que exige la intervención de áreas competentes en las cuestiones de endeudamiento público (Ministerio de Hacienda, Oficina de Presupuesto, por ejemplo) para analizar la viabilidad de la operación y la posibilidad de cumplir con los pagos futuros. 

* Tras evaluar distintas variables como la evolución de las cuentas corriente, de capital, y financiera del balance de pagos; la evolución del PBI y de la balanza comercial; y el perfil de vencimientos de la deuda asumida con el FMI, la AGN concluyó que “la deuda no resultaba sostenible" y que existía una situación de "alto riesgo de incumplimiento de pagos de servicios de la deuda pública y vulnerabilidad económica, lo que permite afirmar que la deuda pública Argentina al 31/12/18 era insostenible”.

Posibles delitos y pedidos

Para la Procuración del Tesoro, que conduce Carlos Zannini, las conclusiones de la AGN están emparentadas con las que ya había volcado en un informe la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y bastarían para probar los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Hasta ahora en el expediente no hay llamados a indagatoria ni imputaciones específicas. 

En la presentación de la querella ante el juzgado se señala que los incumplimientos de normas internas para dar vía libre al endeudamiento van de la mano con la sospecha de que se buscó generar beneficios para unos pocos, probables aliados (o parte) del gobierno de Macri, lo que podría traducirse en los delitos de malversación de caudales públicos y defraudación a la administración pública. Por eso recuerda que la Sigen "había detectado ya que buena parte de los fondos desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA para la venta de divisas al mercado, en violación a los compromisos asumidos ante el organismo internacional en cuanto al destino de esos recursos”. Los dólares "debían ser empleados como apoyo presupuestario y sólo excepcionalmente podrían ser empleados para su venta". Como no se hicieron los informes periódicos obligatorios sobre el uso de los fondos, ahora es engorroso reconstruir cómo se utilizaron, en maniobras especulativas que terminaron en la fuga de divisas. Lo cierto es que el propio FMI había advertido sobre los desvíos, ya en 2018.