El fiscal federal Carlos Rívolo inició el trámite para que se eleve a la instancia de juicio oral y público la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido hace casi ocho meses, al correr vista a los abogados que representan a la ex mandataria para que se expidan sobre si está agotada la instrucción o restan medidas complementarias. Juan Manuel Ubeira, que encabeza la querella de la ex presidenta, tiene ahora seis días para responder, y luego se dará vista a las defensas de los acusados antes de que la causa, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, sea enviada a un Tribunal Oral Federal. Así, los tribunales de Comodoro Py quedan a un paso de conseguir avanzar en el proceso sin investigar, como reclamaba la querella, quiénes fueron los autores intelectuales del intento de magnicidio y quiénes financiaron a los responsables.

El intento de asesinato de Fernández de Kirchner se produjo el 1º de septiembre último, cuando la ex mandataria llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. Mientras saludaba a la militancia, congregada por esos días para expresarle su apoyo ante el show montado alrededor de la acusación fiscal en la causa Vialidad, Fernando Sabag Montiel se acercó a la vicepresidenta, le apuntó a la cara con una pistola cargada y gatilló sin éxito.

Aunque siempre se negó a declarar en las indagatorias a las que fue convocado por la Justicia, el mes pasado Sabag Montiel atendió un llamado telefónico que le hizo la producción del programa televisivo Minuto Uno, de C5N, reconoció que su intención era matar a Fernández de Kirchner y dijo que falló porque se puso nervioso. “Yo en vez de tirar el pestillo, imagínate los nervios de estar en un lugar, de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso”, afirmó el asesino frustrado.

Los otros dos imputados en la causa son Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La primera, que acompañó a Sabag Montiel hasta el lugar de los hechos, está acusada como coautora de la tentativa de homicidio, y Carrizo, quien supuestamente era empleador del atacante en el negocio de la venta de algodón de azúcar, está acusado como participe secundario.

En los últimos meses se debatió en el expediente la posibilidad de intentar hacer un nuevo peritaje sobre el teléfono de Sabag Montiel, que se reseteó hasta llegar al estado conocido como “de fábrica” en las primeras horas de la investigación, en uno de los primeros intentos por extraer la información que contenía. Sin embargo, la fiscalía requirió que se dejara sin efecto la medida tras evaluar que no se había conseguido hasta ahora ninguna alternativa que permitiera avanzar en un intento de recuperación de información que no pusiera en riesgo la integridad del dispositivo electrónico.

A principios de marzo, la sala I de la Cámara Federal porteña pidió que los tres procesados sean sometidos a juicio oral y público como presuntos responsables del intento de magnicidio. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron además un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, que es considerado como jefe del grupo que planificó el intento de magnicidio, e instaron a la jueza Capuchetti para que eleve el caso a juicio oral.