El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó en forma provisional a la coordinadora y a siete operadoras del centro de inclusión transitoria "Casita Feliz", de la ciudad de Salta, como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por violencia a las infancias. La Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia apartó a las acusadas y dejó cesantes a las contratadas que, entre miércoles y jueves, se encadenaron para reclamar asistencia económica. La encargada del hogar dijo que son inocentes.

La imputación por incumplimiento a los deberes es en perjuicio de la administración pública y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, que es denunciante en la causa.

La titular de la Secretaría, Carina Iradi, dijo a Salta/12, que en enero de este año tomaron conocimiento de los maltratos, luego de que ordenara a un equipo técnico habilitar un espacio de escucha para una niña que había sido trasladada del hogar "Casita Feliz" a otro dispositivo, presentando problemas de conducta. 

La funcionaria explicó que, cuando le informaron respecto a las conductas de la niña, consideró que "había una situación de fondo que requería ser atendida", y por eso indicó al equipo técnico que indagara sobre esto en un espacio de escucha.

En el marco de esa intervención, "la nena manifestó si le íbamos a hacer lo mismo que en el otro dispositivo", contó Iradi. Dijo que empezaron a indagar y entonces, otros chicos dieron cuenta también de las situaciones de maltrato "frente al supuesto mal comportamiento".

En enero había 14 niñas y niños en el dispositivo, sus edades van de 4 a 13 años. La secretaria realizó la denuncia penal. Desde el Ministerio Público Fiscal precisaron que de las entrevistas en circuito cerrado de televisión, "se advierte por parte de las acusadas, tanto de las operadoras, como de la coordinadora del hogar, la reiteración de conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un 'mal comportamiento', utilizando como mecanismo disciplinador reiterado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría, mencionándose que tal actitud, era orden de la jefa del hogar".

Iradi añadió que hay otras pruebas, entre ellas un video, en el cual "se ve a una niña y una operadora insultándola, con una manguera a punto de pegarle". "Las pruebas son contundentes", consideró.

El fiscal interviniente también dio a conocer que, si bien no se constatan lesiones físicas, "de la información brindada en forma conjunta por los niños y las niñas alojados en el lugar mediante sendas entrevistas con psicólogos y asistentes sociales de la Secretaría de Primera Infancia, como así también, de las entrevistas de Circuito Cerrado realizadas por personal del CIF, se evidencia violencia psicológica o moral".

La secretaria dijo que pidió autorización a la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, para constituirse como querellante. El Ministerio, a su vez, debe consultar con la Fiscalía de Estado. Esta última, por ahora considera que "la acción estatal se encuentra resguardada por el ejercicio de parte del fiscal penal", contó Iradi.

Además, Iradi consideró que como organismo pueden "coadyuvar mejor al caso", porque conocen las dinámicas del dispositivo. "A mí me parece importante estar presente en el proceso, más allá de que el proceso penal tiene distintos ribetes", expresó.

Apartadas del dispositivo

Ramos Ossorio también consideró que la conducta desplegada por las acusadas compromete la seguridad general del dispositivo de protección, porque resulta contraria a los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso para con las niñas, niños y adolescentes.

Iradi indicó que ya en enero tomaron medidas inmediatas después de conocer la situación de vulneración a las infancias. Explicó que cambiaron al personal del dispositivo, eran 26 trabajadorxs. Iradi dijo que las niñas y los niños mencionaron a 9 personas que ejercían maltrato, aunque la Fiscalía imputó a 8.

Por decisión administrativa cinco trabajadoras que estaban contratadas quedaron cesantes, mientras que a las cuatro que están en planta permanente, incluyendo a la coordinadora del hogar, se les abrió un sumario administrativo y fueron reasignadas a otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social. Al resto del  personal del dispositivo se lo trasladó también a otras áreas.  

La secretaria señaló que aún deberá determinarse qué rol tenía cada una de las 26 personas que trabajaban allí. También consideró que hubo un accionar sistemático, "espantoso", tanto para la comisión de las violencias a las infancias como para ocultarlo.

Reclamo de las operadoras cesantes

Cuatro de las cinco trabajadoras cesantes se encadenaron frente a la Secretaría de Niñez. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) viene acompañando sus reclamos. Las mujeres sostienen que hay un acta en la que el organismo se comprometía a su contención económica mientras dure la investigación, aunque Iradi dijo que el gremio le exige la reincorporación. 

"El reclamo es que los vuelva a reincorporar. No puedo incorporar a gente que quedó acreditado que ejerció maltrato sistemático a niños y niñas", manifestó. Consideró que esto es "como que el ladrón o el homicida" le exijan "con aprietes (...) como si no hubiera pasado nada". "No estoy en contra de los trabajadores, lo que pasa es que no tienen que vulnerar los derechos de la infancia", agregó.

Iradi dijo que además a raíz de esta situación, la Secretaría está en proceso de compra de cámaras de videovigilancia para los espacios comunes de los hogares. 

También refirió que entre mayo y octubre, cuando cuenten con un nuevo espacio por la calle Balcarce, comenzarán capacitaciones específicas para el personal de los dispositivos respecto a cómo deben resolver las problemáticas que se suscitan en estos espacios.

Asimismo, indicó que en la Secretaría para ingresar a trabajar se pide el apto físico y psicológico más los antecedentes penales, pero que en ese filtro "no hay efectividad al 100%". Mencionó que estos requisitos se exigen todos los años para la renovación de contratos y aunque no pueden exigirlo al personal de planta, consideró que "hay que lograrlo". 

"Somos inocentes"

La coordinadora del dispositivo, Marta Guillén, estaba a cargo del dispositivo Casita Feliz desde hace 12 años. "Somos totalmente inocentes de toda esta situación. Fuimos notificadas el 20 de enero (por la Secretaría), estando yo de carpeta médica", relató a Salta/12. Contó que atravesó "dos cánceres, uno de tiroides en 2021 y uno de mama más agresivo en 2022", sin embargo, indicó que intervenía en el hogar mediante comunicación telefónica, porque seguía siendo consultada. 

Guillén indicó que aportó los chats de whatsapp del grupo del hogar a la Fiscalía, donde se observa cuál era la forma de trabajo, y negó haber impartido órdenes para que se maltrate a las niñas y los niños. 

Aseguró además que por circuito cerrado de televisión declararon solo una niña y otros dos niños. También expresó que lo del baño de la nena está "mal contado", y afirmó que en sus crisis, "se tranquilizaba con el baño, lejos está la tortura y el maltrato". "Nunca jamás se la bañó con agua fría ni se la maltrató", insistió.

Guillén contó que están siendo representadas por el abogado Nicolás Fernández y también afirmó que solo se formalizó la imputación contra una operadora el miércoles en la tarde. Contó que el abogado fue a hablar con el fiscal quien le dijo que "de a una las iban a notificar". 

Otra denuncia 

Por otro lado, una vecina del dispositivo Casita Feliz realizó una nueva denuncia ante la directora General de Niñez, Adolescencia y Familia, Rosario Reales, y la supervisora de equipos técnicos de dispositivos, Nahir Martínez.

La denunciante dijo que el pasado 2 de abril alrededor de las 15, escuchó gritos y llantos de un niño, por lo que fue hasta el hogar con su cónyuge y dos vecinos que también escuchaban ruidos. En la puerta atendió una mujer que estaba con dos niños, y los señaló diciendo que tienen crisis a diario. También aseguró que la trabajadora del lugar le dijo que allí había alojados niños con autismo y con diagnósticos psiquiátricos, porque no había otros lugares donde les brinden contención.

Además, la vecina denunció que luego vio llegar a dos mujeres, que "ingresaron al dispositivo y comenzaron a gritarles a los niños para que se callaran". Señaló que después llegó personal policial, que le indicó que hiciera la denuncia en la comisaría. La mujer relató que dio parte a la Asesoría de Incapaces 10, para el resguardo de las infancias. 

En el marco de un protocolo de actuación ante denuncias por presunta violencia a niñas, niños y adolescentes, la Secretaría requirió a la actual coordinadora del dispositivo, Noelia Alonso, que en el plazo de 48 horas acompañe el listado del personal de guardia del 2 de abril y copia del libro de novedades y de las que hubo por otros medios, en relación a los hechos suscitados, con respaldo documental o audiovisual. También ordenó que se corra traslado al personal de guardia para que realice el descargo. Asimismo, le consultó a la encargada si tenía conocimiento de la situación denunciada y requirió evaluación del desempeño del actual personal y que informe si tomó medidas inmediatas.