La reforma a la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales fue aprobada por la Cámara de Diputados de México. La reforma tiene como eje central el respeto a los pueblos indígenas y las comunidades locales. Por eso obliga a que las empresas mineras realicen una consulta previa a los pueblos indígenas. El proyecto de ley fue enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque durante el debate le realizaron algunos cambios sustanciales, según medios locales. El texto ahora pasó a la Cámara de Senadores para su discusión.

Con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, fue aprobado el proyecto de reforma a las ley Minera y de Aguas nacionales. El pasado 28 de marzo, el presidente mexicano envío el proyecto de reforma a la cámara de Diputados. 

Cambios en el proyecto original

El texto del mandatario fue modificado en varios puntos. Por ejemplo, la iniciativa de López Obrador proponía reducir de las licencias mineras de 50 a 15 años con posibilidad de prorroga por otros 15 años. Mientras que el proyecto aprobado redujo la licencia a 30 años y con una prórroga de 25 años y luego las empresas deberán presentarse nuevamente a concurso.

La propuesta del presidente mexicano buscaba impedir depósitos de desechos en áreas naturales protegidas, humedales, vasos o cauces federales, o en zonas que pudieran generar riesgos para la población. Además, fijaba como límite un año para su remoción. Pero con los cambios implementados por Diputados, sólo se obligaría a su traslado si la autoridad puede comprobar el riesgo, consigna el diario La Jornada.

Otro cambio es que el proyecto del Ejecutivo proponía cancelar las concesiones en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, contaminación con repercusiones peligrosas. Sin embargo, con la modificación realizada en el congreso las sanciones son menores.

La reforma de López Obrador facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente. Pero el texto aprobado en Diputados avaló que las empresas tengan la oportunidad de remediar los daños en un periodo de tres meses y con el apercibimiento de que si no cumple la concesión se supende por seis meses para reparar el daño  y en caso de que no se repare, la concesión es cancelada, según informó La Jornada.

Voces a favor y en contra

La diputada Raquel Bonilla del partido de gobierno Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó que las modificaciones tienen como objetivo “que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación”.

El legislador Joaquín Zebadúa (Morena), miembro de las comisiones de Energía, Medio Ambiente y Salud, denunció que las mineras evaden impuestos por 19.000 millones de pesos (más de 1.055 millones de dólares) y que en los gobiernos anteriores hubo más de 1.600 concesiones en áreas naturales protegidas.

Mientras que el diputado Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT), aliado del gobierno, precisó que el 62 % de las minas metálicas en México no cuenta con concesiones de agua, 55 % no tiene datos sobre emisiones de contaminantes, y 51 % opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.

La diputada Laura Patricia Contreras, de la formación política de derecha Partido Acción Nacional (PAN), habló sobre los riesgos para un sector que tiene más de 400 mil empleos y que aporta el 2,5 por ciento de la economía nacional, y genera ingresos anuales por 269.000 millones de pesos (14.944 millones de dólares).