En medio de un debate caliente en la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados bonaerense intentó esta semana tratar y transformar en ley el proyecto proveniente del Senado, con media sanción sobre tablas, para la creación del Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadoras y trabajadores de Plataformas de Aplicaciones (APP). Pero la presencia de un grupo de repartidores en el plenario de comisiones convencidos que de la ley podría poner en peligro a sus puestos de trabajo, trabó el debate. Esta postura fue avalada por los libertarios, lo que ocasionó, según el oficialismo, que los legisladores de Juntos optaran inicialmente por no apoyar la medida.
El proyecto es impulsado por el senador del Frente de Todos y titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini. La iniciativa data del 2020. Según los fundamentos del texto que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, la pandemia benefició a las empresas vinculadas al delivery, primordialmente, de alimentos. Explica, a su vez, que bajo la denominación de trabajadores independientes se oculta una precarización sin derechos laborales. “Así como te piden registro de planes sociales cómo no vamos a llevar adelante un registro de quienes trabajan”, apunta el legislador autor de la norma, que participó de la reunión de sindicalistas con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada.
Plaini explicó a Buenos Aires/12 que hoy se asiste a una tercera etapa del capitalismo: “el capitalismo de plataforma”. Según el legislador, habiendo transcurrido el capitalismo productivo, con la relación entre obrero y la fábrica; y el capitalismo financiero, donde la producción de riquezas va de la mano de inversiones, pero sustentando relaciones laborales; hoy se agrega este tercer formato que se basa en algoritmos, y “busca excluir la relación de dependencia”.
“Los trabajadores recorren las ciudades sin ningún tipo de seguro contra accidentes de trabajo, sin derecho a enfermarse, sin protección en materia previsional, sin el derecho a descanso o a licencias, a un salario mínimo, a un derecho a jornada limitada o derecho a desconexión, a vacaciones pagas”, detalla la norma. Bajo este análisis, el texto del proyecto afirma que las aplicaciones brindan calificaciones que se obtienen en virtud del rendimiento, imposibilitando acceder a un mayor número de clientes para el repartidor si se demora o no llega en los tiempos estipulados por el algoritmo.
El senador por la octava sección expresó que, como autoridad política y sindical, no podía obviar esta situación donde considera que se visualiza una clara relación laboral pero ajena al derecho. “¿Quiénes son los dueños de la aplicación y del algoritmo y quién los controla?”, se preguntó Plaini, y agregó una duda más a su ecuación: “el algoritmo determina las variables de oferta para con los repartidores y distribuye los pedidos, y gesta su financiación, ¿hay allí evasión o no hay evasión?”.
Entre la incertidumbre planteada, el legislador que promovió esta ley relató que en sus encuentros con funcionarios y representante de las aplicaciones y plataformas de deliverys surgieron datos "contradictorios". Plaini contó que las empresas aseguraron tener, en algunos casos, cerca de dos mil empleados registrados, pero al mismo tiempo renegaron de la nueva legislación nacional sobre la industria del conocimiento y la posibilidad de tener un monotributo. "A los programadores sí los quieren bajo relación de dependencia para evitar que los empleados tengan la libertad de disponer de los que producen", señaló el líder sindical. "Ahora, los que ponen el musculo que sean esclavos ¿no?", sentenció con ironía.
La relación de fuerzas
El Senado provincial tiene una composición de absoluta paridad. 23 senadores del oficialismo y 23 de la oposición. Esto advierte que la media sanción del proyecto fue producto de un sólido acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Por alguna razón, ese consenso no se vio reflejado en la Cámara Baja y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión por, entre otras cuestiones, el rechazo de Juntos. “Es claro que Juntos por el Cambio hace carroña en contexto electoral y borra con el codo lo que escribieron con la mano”, lamentó Plaini. “Incluso en la Comisión que presido en el Senado, estando en minoría, el proyecto se aprobó por unanimidad”.
“Usan la ley para dirimir sus internas”, afirmó, por su parte, la diputada del Frente de Todos, Soledad Alonso, presidenta de la Comisión de Trabajo en Diputados, lugar al que recayó la iniciativa para ser nuevamente debatida entre los legisladores, y fomentar mayor participación de los empresarios, los trabajadores y sus representantes, así como también los autoconvocados. “Esto es resultado de la puja entre el vidalismo, el bullrichsmo, el larretismo, y radicalismo”, indicó con frustración. Lamentó que primó la lógica individual porque, según su perspectiva, “tienen un problema interno más grande del que creemos”.
La fuerza más crítica hacia la medida fue Avanza Libertad a través de la voz del diputado Nahuel Sotelo. Previo al plenario de comisiones que se celebró el martes, el legislador libertario atacó el proyecto de Plaini al grito de “dejen trabajar en paz”. El texto pregona, principalmente, la creación de un registro. La legislación de fondo, es decir, un estatuto propio de la actividad, sólo puede ser desarrollado por el Congreso Nacional. La competencia provincial apunta a que “se sepan quienes son y tengan un piso de derechos”, remarcó Alonso. “Estos trabajadores llenan los hospitales de la provincia por accidentes de trabajo, quedando a la deriva”, detalló.
El proyecto estipula la identificación de empleadores y empleados en la Autoridad de Aplicación establecida, que sería el Ministerio de Trabajo provincial. Este exigirá a las empresas que denuncien a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadores. También deberán comunicar el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los trabajadores. Los vehículos deberán ser registrados, así como los empleados.
Alonso, titular de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados provincial, describió que al día de hoy la gran mayoría de los repartidores de las aplicaciones no cuentan con ninguna cobertura en materia de salud, ningún derecho vinculado a vacaciones, aguinaldo, o situaciones de enfermedades. Incluso, aclaró, cada uno debe poner a disposición su moto o bicicleta, mantenerla, adquirir los elementos de seguridad, todo sin acompañamiento de las empresas.
“Sotelo solo se opone, jamás acompañó ninguna ley y ningún proyecto para mejorar a los trabajadores”, condenó la diputada frentetodista, secretaria adjunta de SECASFPI, el sindicato de trabajadores de la ANSES. El legislador libertario acusó al oficialismo de querer regular la actividad “con leyes de hace 50 años”. Consultada al respecto, Alonso contestó que “tiene razón, pero sucede que él quiere que en vez de ocho horas se trabajen 16, que el aguinaldo y los aportes jubilatorios te los pagues vos, y que trabajes sábados y domingos”. “Tendrían esclavos, no hay duda de que persiguen eso”, sentenció la diputada y afirmó que “les molesta el asalariado con plata.
Los apoyos a la norma
Más allá de la disyuntiva que se generó a partir del tratamiento de la ley provincial para la creación del Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadoras y trabajadores de Plataformas de Aplicaciones, los presentes el día de la manifestación de repartidores frente al Anexo de la Cámara de Diputados señalaron que eran alrededor de 50 trabajadores, cuando en la localidad de La Plata, estiman fuentes vinculadas a la elaboración del proyecto, hay entre 1.500 y 2.000 repartidores que operan bajo las aplicaciones.
La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM), una de las organizaciones con personería gremial que agrupa a algunos de los empleados que hoy no cuentan con derechos laborales, expresó su apoyo a la iniciativa de la provincia de Buenos Aires “en su intento de ponerle un freno a la ambición desmedida de las plataformas de mensajería y reparto”. “Los compañeros que trabajan bajo la modalidad de plataformas viven precarizados y mueren desprotegidos”, afirmaron en un comunicado.
ASiMM apoyó tiempo atrás los operativos de control y fiscalización llevados adelante por el Ministerio de Trabajo provincial comandando por Walter Correa. Tras una serie de infracciones detectadas ya en 2020, la cartera multó a la empresa Pedidos Ya por falta de registración. La decisión fue apelada. Pero la Justicia falló a favor de la provincia y dictaminó en 2021 que el gobierno de Axel Kicillof cumplió con el artículo 39 de la Constitución bonaerense y, además, logró probarse la relación de dependencia entre la firma y los repartidores.
Desde el sindicalismo, las palabras de apoyo también llegaron desde el titular de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer. Tras la reunión del Consejo Consultivo de la organización, Daer expreso “el proyecto de registro de todos los trabajadores de plataformas en la provincia de Buenos Aires”. Asimismo, no dejó pasar la oportunidad de solicitar su tratamiento en el Congreso de la Nación que posibilite una legislación de fondo. “Instamos a que exista una regulación nacional”, remarcó el Secretario General.
Para el martes que viene están convocados los presidentes y presidentas de las comisiones intervinientes en el tratamiento del proyecto a los fines de organizar y tener un criterio común para los encuentros y escuchas solicitadas por todos los actores. De esta manera, se establecerá el cronograma para sentarse con los empresarios y representantes de las aplicaciones, las organizaciones gremiales que representen a los repartidores, así como con los autoconvocados.
