El mundo del delito popular en Rosario se fue transformando en los últimos años a la par de la expansión del mercado de drogas ilegalizadas. Eugenia Cozzi -docente e investigadora del Departamento de Derecho Penal, Criminología y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho de la UNR, doctora en Antropología Social por la UBA e investigadora del Conicet y del Programa de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA- viene estudiando este fenómeno a partir de un trabajo de campo en barrios populares de la ciudad con la intención de aportar conocimientos para el diseño de políticas públicas eficaces.

La investigación reconstruye dichas transformaciones a partir de detenerse en historias de vida de ladrones de tres generaciones que fueron jóvenes a mediados de los 90, del 2000 y del 2015 y da cuenta de cómo empezaron a participar de un nuevo rubro: el narco menudeo, en un momento de diversificación de este mercado.

A través de los testimonios, los expedientes judiciales, las noticias periodísticas y otras fuentes secundarias, se reconocen tres grandes transformaciones. La primera es la modificación del mercado de drogas ilegalizadas que para mediados de los 90 era una actividad residual dentro del mundo del delito popular pero luego se empieza a expandir. “Eso generó transformaciones al interior de este espacio social impactando en las jerarquías y en las formas de construir prestigio, poder y autoridad entre ladrones y narcos”, remarca.

La segunda transformación está ligada a los usos de la violencia letal. Lo que aparece es una idea de cierta desregulación de la violencia a medida que avanzan las generaciones. “Pero en realidad, más allá de algunos hechos resonantes, sigue siendo una violencia regulada porque se establecen criterios acerca de contra quién es legítimo el despliegue de violencia, en qué contextos, por qué motivos”, dice Cozzi y ejemplifica: “En Rosario se siguen concentrando los homicidios en jóvenes varones de sectores populares”.

La tercera gran transformación se refiere a las formas de vincularse con la policía. Aquí los propios actores del mundo del delito popular hacen una distinción: antes “se arreglaba” y ahora “se trabaja” con la policía: “Ciertas organizaciones ligadas al mercado de drogas ilegalizadas comenzaron a vincularse de una manera novedosa con este actor estatal y eso les permitió ostentar mayor poder, aunque frágil porque depende de que esos acuerdos se mantengan”.

La investigadora explica que “arreglar” está referido al tradicional acuerdo para evitar ser detenido o mejorar la situación procesal en el momento de la detención, en cambio “trabajar” con la policía es ser parte de la organización, distribuyendo riesgos y ganancias donde la legalidad se vuelve una mercancía a ser intercambiada. Por ejemplo, la policía puede de manera monopólica negociar la no persecución penal de determinados grupos. Esta es una transformación de la segunda y la tercera generación que también ocurre en otras ciudades de América Latina.

En investigaciones recientes se observa cómo se fue modificando esta relación en el tiempo. “Ahora hay otros actores que también están intercediendo en las condiciones de posibilidad de las negociaciones, por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación. Entonces la policía no puede dar garantías del cumplimiento del acuerdo porque hay una forma distinta de investigar por parte de las burocracias penales producto en parte o relacionada a cierta desconfianza hacia la policía”, aclara.

Las políticas punitivas

Para pensar la configuración de la violencia en Rosario, “es imprescindible pensar qué hizo el Estado para intentar regular estas actividades y gobernar o controlar estos grupos, predominantemente a través de políticas punitivas, como más cárcel o el desembarco de las fuerzas federales que no dieron resultados, pero son la llave con la que se explica el fenómeno y la respuesta que se sigue dando de manera mayoritaria”, expresa Cozzi.

Con el objetivo de continuar indagando sobre el tema, la profesional cuenta que actualmente se están desarrollando otros estudios. Uno denominado Proyecto PIUNR “Juventudes, violencias y burocracias estatales” que aborda las formas de socialización de los jóvenes de sectores populares con perspectiva de género, tanto en formas de masculinidad como de feminidad, pero también las formas de gobierno estatal sobre este grupo social. Es desarrollada por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, el grupo de investigación sobre Juventud e Infancia de la Escuela de Trabajo Social y el área de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Cabe aclarar que las burocracias estatales no sólo incluyen a la policía, la cárcel, la justicia penal, sino también a otras áreas de políticas para jóvenes, por ejemplo, el programa “Nueva Oportunidad” y “Santa Fe Más”. En este sentido se pretende dar cuenta de “lo que hizo el Estado para trabajar con estas juventudes que están en riesgo y que son las que más sufren la violencia letal en la ciudad.”

La investigadora afirma que a la par que aumentó la tasa de homicidios en Rosario, también se duplicó la tasa de encarcelamiento. Es decir que “la respuesta punitiva no está dando resultado al problema de la violencia, sin embargo, es la respuesta predominante”. Y en cuanto a las políticas para juventudes, cuenta que hubo una transformación porque ya no tienen el objetivo de abordar la conflictividad sino más bien programas productivos con otras características y objetivos que a su vez están feminizados porque “la gran cantidad de participantes son jóvenes mujeres dado que a los jóvenes varones los atrapa el sistema penal”.

La otra investigación que está realizando el Departamento de Derecho Penal y Criminología junto al área de Educación en contextos de encierro de la UNR se refiere a la participación de mujeres en el mundo del delito popular.

Dado que en Rosario el contexto específico de “Ni una Menos” se cruza con el contexto crítico en materia de seguridad, se pretende analizar cómo se dio esa transformación de las mujeres en distintos ámbitos sociales, en este caso, en el mundo del delito popular muy masculino y masculinizado. La pregunta es si los mensajes de “Ni una menos” también llegaron a esos espacios, cómo es esa participación de las mujeres y qué entienden las burocracias penales sobre incluir la perspectiva de género en sus prácticas y abordajes.

Sobre este tema Cozzi subraya dos datos significativos: el aumento de mujeres muertas sobre todo en el 2022 y de mujeres presas en la categoría de “alto perfil”, una clasificación del sistema penitenciario que limita derechos al interior de las cárceles. Cabe destacar que algunas son madres y tienen a sus hijos en contexto de encierro.

Rol de la Universidad

El libro, resultado de su investigación doctoral, De ladrones a narcos. Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento que se publicó el año pasado por Teseo Press en la Colección Antropología y Derechos Humanos del Programa de Antropología Política de la UBA y que cuenta con el aval del CELS y del ICA/UBA, reconstruye las dinámicas del delito popular para comprender la complejidad del fenómeno y pensar políticas públicas. “Ahí está el rol de la Universidad produciendo conocimiento casi en tiempo real sobre las temáticas para aportar a la formulación de políticas públicas”, dice. Destaca que la Universidad tiene una forma de producir conocimiento distinto a otras instituciones porque no es una fiscalía que busca producir pruebas, no es un medio de comunicación que busca producir una noticia, tiene otros tiempos, formas de validación y produce saberes de otro tipo. “Estamos intentando investigar casi en tiempo real y dar cuenta de la complejidad de este fenómeno para pensar intervenciones que por un lado sean respetuosas de los derechos humanos pero que además intenten abordar con eficacia el problema de la conflictividad violenta en Rosario”, concluye.