El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, dispuso ayer el procesamiento de diez de los involucrados en la causa por facturas truchas: seis de ellos seguirán detenidos y serán enviados a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Otros cuatro seguirán el proceso en libertad, mientras que el escribano Fabián Tosini obtuvo una falta de mérito.
El titular del juzgado ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Lelio Omar Serafini, Marcelo Fabián Liporaci, Jorge Miguel Centeno, Adrián Marcelo Zeballos, la contadora María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo como "coautores del delito de asociación ilícita tributaria" y "en calidad de organizadores".
Vera Barros valora sobre ellos que "no es posible descartar hasta el momento la existencia de peligrosidad procesal en relación al posible entorpecimiento de la investigación" si quedaran en libertad, por lo que dispuso que sigan detenidos. De hecho, ordenó su traslado a alguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal, que no hay dentro de la provincia de Santa Fe. Ezeiza, Marcos Paz o el sur son algunas de las alternativas.
"Se toma en cuenta que el hecho que se investiga en este sumario (asociación ilícita tributaria), es especialmente grave, no sólo por la pena sino por el modo concreto de comisión", especificó el juez.
Vera Barros también procesó, aunque dispuso la libertad, una vez que depositen una fianza de 100 mil pesos, de Guillermina Sgariglia, Marcos Rete, Nair Juana García y Atilio Miotti. Deben comparecer una vez cada treinta días a la comisaría más cercana a su domicilio. No pueden salir del país.
Al argumentar el estado de libertad, el magistrado especificó ‑entre otras cosas‑ que "Miotti, Rete y Sgariglia no se resistieron al momento de llevarse a cabo sus detenciones, e incluso García compareció espontáneamente a la sede de este juzgado; también surge de los legajos que no poseen antecedentes penales".
Para los diez procesados el juez federal trabó embargo de bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos.
Tras la resolución del juez, el más beneficiado resultó ser el escribano Tosini. Vera Barros dispuso para él la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo mientras sus abogados completaban los trámites en la cárcel de Piñero para que obtenga la inmediata libertad.
Sobre él, el titular del Juzgado Federal N°3 sostuvo que "no es posible aseverar que haya tenido conocimiento en el marco de su actividad notarial, de la finalidad que cumplirían las personas jurídicas cuestionadas cuyos domicilios constató, o el ulterior comportamiento que adoptarían aquellos firmantes que en definitiva las constituían, circunstancias que tampoco surgen del resultado que arrojaron las intervenciones telefónicas llevadas a cabo sobre los distintos investigados, ni del resultado que arrojó el registro domiciliario sobre sus oficinas".
"Con las pruebas hasta aquí reunidas, no resulta posible confirmar ni descartar, que su vínculo con la asociación ilícita investigada sea acompañado con propósito delictual", concluyó.
En tanto los últimos dos detenidos en el marco de la causa, Hernán Racca e Iván Dobboletta, fueron indagados el viernes pasado y aguardan aún la resolución de la Justicia Federal sobre su situación procesal. Distintas fuentes judiciales no descartaban que el magistrado emitiera alguna resolución ampliatoria en las próximas horas.