Un acto de estricta justicia, aunque tardía, fue el homenaje que hizo el viernes el Concejo Municipal a la fiscal Mabel Colalongo, que fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario en el momento en que se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad. La declararon ciudadana distinguida post mórtem por un proyecto de la concejala del Frente de Todos Julia Irigoitia, impulsado por Carlos Novillo Saade, sobreviviente del centro clandestino de detención La Calamita y Ana María Medina, familiar de desaparecidxs y asesinadxs en el cordón industrial de Rosario durante la última dictadura cívico-militar.
Mabel murió el 27 de enero de 2016 y aunque hacía tiempo que no estaba en funciones en Rosario, dejó un recuerdo indeleble: familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad recuerdan la época de su labor como "una fiscalía de puertas abiertas".
Su trayectoria había comenzado en el equipo jurídico del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las Juntas. Antes de llegar a Rosario, asesoró jurídicamente al Equipo Argentino de Antropología Forense. En la ciudad, desarrolló una labor destacada en el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad reabiertos en 2006, que permitió -entre otros avances- la identificación de decenas de desaparecidos que habían sido enterrados clandestinamente en el cementerio La Piedad. Fue fiscal en el juicio oral Guerrieri I y se la recuerda vehemente, discutiendo la jerarquía de los magistrados.
