El mismo día en que el diputado y referente máximo de la alianza 1 País, Sergio Massa, presentó su libro Así lo hicimos, en el Hotel Sheraton con el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani para reflejar -según dijo- "cómo luchamos para que nuestros vecinos y los argentinos puedan vivir sin miedo”, en los tribunales de San Isidro debía comenzar el juicio oral contra dos oficiales del Comando de Patrullas de Tigre (COT), la policía municipal creada por Massa durante su período como intendente y calificada por Giuliani como "un gran ejemplo para lucha contra la inseguridad". Los acusados son el sargento de la Bonaerense Gustavo Leonel Castillo y el inspector Héctor Eusebio Sosa, quienes el 13 de octubre del año pasado dejaron a José Ojeda, un repartidor de harina, con fractura de tibia y peroné por pedirles que corrieran el móvil del COT.
"Acá el problema es la campaña electoral", denunció María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi que representa a Ojeda. El inicio del juicio oral estaba previsto para el miércoles 2 y su cierre el viernes 4, tras las declaraciones de los 10 testigos de la causa; pero se suspendió sorpresivamente luego de que el martes, quince minutos antes de que los tribunales de San Isidro cerraran sus puertas, el abogado particular de Sosa decidiera renunciar. La repentina renuncia habilitó a que el nuevo abogado oficial designado solicitara un aplazo del juicio para interiorizarse en la causa.
Castillo, sargento de la Bonaerense, y Sosa, inspector de la COT exonerado de la Bonaerense a fines de los '90 acusado de ser quien fusiló a Víctor Manuel “El Frente” Vital —caso emblemático de los "escuadrones de la muerte"—, llegaban al juicio oral con la misma imputación por parte de la defensa representada por Verdú y el fiscal Raúl Casal: lesiones graves, calificadas por su condición de miembros de una fuerza de seguridad, que alcanza un pena máxima de 10 años.
El 13 de julio del año pasado, Ojeda se detuvo en una estación de servicio en la intersección de las rutas provinciales 9 y 27, en la localidad Benavídez, en una parada habitual en el reparto de harina que hacía junto a su ayudante. Cuando quiso seguir camino se encontró con un móvil de la COT le interrumpía el paso. Les pidió a Sosa y Castillo que movieran la patrulla y los miembros de la fuerza de Seguridad respondieron con una fuerte golpiza, lo tumbaron contra el piso, le abrieron un tajo en la cabeza y le quebraron tibia y peroné.
Después de esa reacción, Sosa y Castillo acusaron a Ojeda, su ayudante y a un playero por "resistencia a la autoridad" y los detuvieron. La versión del Comando de Patrullas de Tigre quedó descubierta cuando comenzó a circular un video tomado desde un celular en el que se ve la feroz golpiza. Esa revelación generó una masiva movilización para exigir el cierre del COT, que desde el caso de Ojeda continuó recibiendo denuncias por abusos de autoridad o algo así como "tolerancia cero", la política que hizo famoso al ex alcade de Nueva York.
"El martes Giuliani estuvo en la propia sede del COT", recordó Verdú, quien consideró que el inicio del juicio oral no solo molestaba "al papá del COT", en referencia a Massa, sino también a la gobernadora María Eugenia Vidal. "Usaron todo lo que tenían para suspender el inicio del juicio", insistió. Además, la abogada comparó el caso con la demora en el juicio contra los policías de la Metropolitana, que dispararon en 2013 contra dos reporteros gráficos de la Red de Medios Alternativos. "Se tenía que hacer el año pasado, cuando llegamos a juicio este año, la Metropolitana ya no existía", recordó.
Tras la suspensión del juicio, la Correpi presentó un pedido para exigir que el Tribunal Criminal Nº 3 "fije nueva fecha sin demoras, sin más guiños a la policía de Massa y Vidal" y aseguraron que insistirán "hasta lograrlo".