Otro cura católico será juzgado por abuso sexual agravado en el país. Se trata del religioso José Miguel Padilla, que lideró la congregación de monjes capuchinos de la Fraternidad de Belén y fue responsable del colegio secundario Nuestra Señora de Luján, en la pequeña localidad pampeana de Intendente Alvear. Padilla, de 68 años, fue denunciado por un exseminarista oriundo de Entre Ríos. El inicio del juicio oral y público está previsto para el próximo 2 de mayo y se llevará adelante en General Pico, La Pampa. Entre los testigos que están citados a declarar figuran el obispo de La Pampa, Raúl Martín --designado en ese cargo por al Papa Francisco, con quien trabajó siete años como obispo auxiliar de Buenos Aires--, y el ex arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. Desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico señalaron que la trayectoria de Padilla se remonta a tiempos de la última dictadura militar: de acuerdo con información recolectada por la organización, Padilla fue capellán del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 141 del Ejército de San Luis entre 1980 y 1983; y más tarde, adhirió al levantamiento carapintada de 1987. Desde 1970, se han registrado --al menos-- 164 denuncias por violencia sexual contra religiosos católicos por pedofilia en la Argentina: 95 sacerdotes diocesanos, 37 frailes o hermanos, 15 monjas, 9 laicos, 4 obispos y 4 fundadores de congregaciones, de acuerdo con un relevamiento de la Red de Sobrevivientes.

A los 19 años, Vicente Joaquín Suarez Wollert sintió que tenía vocación religiosa. Por entonces se encontraba estudiando en La Plata, para ser asistente gerontológico y empezó a tener contacto con La Fraternidad de Belén, una congregación de Capuchinos Recoletos que fundó el cura Padilla en 1995.

En noviembre de 2015 ingresó a la congregación, ubicada en Intendente Alvear, localidad situada al norte de General Pico y cercana al límite pampeano con la provincia de Buenos Aires. A poco de entrar, según denunció en la justicia, empezó a sufrir distintas situaciones de abuso sexual de parte de Padilla, que se extendieron durante unos cinco meses, hasta que Vicente decidió dejar la congregación. Padilla le pedía por las noches que le pusiera una crema en un tobillo y esa escena era el preámbulo para los abusos: algunos ocurrieron durante unas vacaciones con los demás religiosos en San Luis. “Desde tocamientos en sus partes íntimas hasta intentos de penetración, además de amenazas, golpes y abuso psicológico”, según contó Vicente a Página 12. Vicente destacó que Padilla se aprovechaba de sus cuadros de angustia generados por el hecho de que su padre tenía problemas de alcoholismo.

"En octubre de 2019 publiqué una serie de tuits donde fui contando lo que sucedió en el convento. La historia fue levantada por varios medios y, después de dialogar con mi familia y mi terapeuta, tomé la decisión de radicar la denuncia en la Fiscalía de General Pico. No digo que quiero una condena ejemplar, como por ahí se dice en este tipo de causas, sino que quiero una condena justa", dijo Vicente.

La denuncia la hizo ante la Unidad de Atención Primaria de la Oficina Única del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de General Pico,el 11 de noviembre de 2019.

Según contó el joven, cuando salieron a la luz las denuncias en su contra, Padilla se fue de La Pampa y se refugió en San Luis, “donde encontró lugar para dar misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del Trono, una de las más importantes de la ciudad”.

Hoy Vicente tiene 27 años, vive en la provincia de Santa Fe, es docente de Educación Especial y empleado municipal, y forma parte de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. “La Iglesia de La Pampa recibió mi testimonio por escrito en 2016, en dos mails, pero no realizó ninguna investigación interna y luego el obispo de La Pampa negó haber tenido contacto conmigo”, dice Vicente.

No es la única denuncia en contra de Padilla: en 2021 hubo un ex estudiante del Colegio Nuestra Señora de Luján, que regenteaba Padilla como representante legal, también lo denunció por abusos. Esa causa se está investigando también la justicia de General Pico, señaló Vicente.

En el juicio declararán como testigos convocados por la fiscalía ex frailes que conocieron a Padilla, miembros de la Red de Sobrevivientes, familiares de Vicente, y peritos. Desde la Red de Sobrevivientes, sin embargo, denuncian privilegios y un trato desigual hacia los testigos convocados por la defensa: a ellos se les permite dar testimonio de manera virtual. Así lo harán los obispos Raúl y Luis Martin (auxiliar), de Santa Rosa, como monseñorAguer, uno exponentes de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica en Argentina. Incluso el mismo denunciante, tendrá que viajar desde Santa Fe a General Pico para brindar su declaración.

“La Justicia no me permitió declarar de forma remota. Tendré que viajar más de 800 kilómetros para declarar el 2 de mayo y regresar a casa. Acepté esta decisión pese a estar afectado por la distancia, el trabajo y emocionalmente por el reciente fallecimiento de mi papá, pero ahora no permiten que testigos cruciales para la causa puedan declarar por videoconferencia”, lamentó Vicente.

Presidirá el Tribunal que llevará adelante el debate oral y público María José Gianinetto, jueza de Audiencia de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial. La fiscal es Andreina Montes, a cargo de la Fiscalía Temática de Delitos de Género.

Padilla nació en la localidad de Adrogué, en el partido bonaerense de Almirante Brown, al sur del conurbano, tuvo vinculación con los militares desde muy joven e inicio su carrera como sacerdote en San Luis de la mano del obispo Juan Rodolfo Laise, denunciado en juicios por ex detenidos políticos y familiares, de haber transmitido a los militares --durante la dictadura-- lo que los presos le contaban en las confesiones, y por haber pedido a un alto militar provincial que secuestrara a un cura que había dejado los hábitos.