Un día antes de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela las calles del país caribeño se mantienen en tensa calma luego de cuatro meses de protestas y mientras persiste el conflicto entre las fuerzas políticas y los poderes públicos. Como el presidente, Nicolás Maduro, decidió postergar por un día la instalación de la ANC, un órgano que tendrá poderes ilimitados para reformar el Estado y cambiar la constitución, sus opositores hicieron lo propio con un llamado a manifestarse en contra. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó a través de Twitter que para “defender la constitución del FRAUDE la movilización de hoy será a las 12 (hora local)”, tres horas más tarde de cuando tiene previsto instalarse la ANC, integrada por 545 representantes, todos afines al gobierno. 

Está previsto que este cuerpo debata y tome sus decisiones en uno de los salones del Palacio Federal Legislativo, donde funciona el Parlamento, que actualmente es controlado por una contundente mayoría opositora. Por ello, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) tomó el control de dicho espacio a fin de ir organizando la logística y garantizar el orden en el lugar, que será el punto de llegada de movilizaciones a favor y en contra de la Constituyente. 

Una comisión del Parlamento solicitó ayer al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que investigue penalmente a quienes hayan incurrido en el presunto delito electoral de manipular datos durante las elecciones de la Constituyente denunciado por la empresa encargada del recuento de votos de ese país, Smartmatic.

El diputado Angel Medina acudió a la Fiscalía en compañía de varios parlamentarios y, según es citado por un comunicado, aseguró que “fue público y notorio el fraude que ocurrió” el pasado domingo 30 de julio. Medina resaltó que, de comprobarse el fraude, muchas personas  estarán implicadas en una violación a la Constitución, incluyendo delitos informáticos y corrupción, por lo que, afirmó, no se trata de una denuncia por un partido político sino “del propio sistema electoral”. Horas más tarde, la Fiscalía informó que solicitó ante un tribunal del país anular la instalación de la ANC.

“El requerimiento de los fiscales se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral”, indicó la Fiscalía en un comunicado. La institución también pidió el resguardo del material electoral utilizado el 30 de julio e hizo referencia a otras denuncias parecidas, introducidas en el pasado por particulares, y que llevaron a la suspensión de un referendo revocatorio presidencial y al retiro de tres diputados opositores que ya habían sido proclamados. Pese a todo, Venezuela sumó ayer su cuarta jornada de un período de calma tras la controvertida elección que estuvo marcada por varios disturbios que se saldaron con al menos diez muertos. 

Por primera vez, después de cuatro meses de protestas que han mantenido el país sumergido en movilizaciones, cierre de calles y la consecuente represión por parte de las fuerzas de seguridad, hay una atmósfera de tranquilidad, aunque todo parece indicar que durará poco.

Los barrios habitados por la clase media, en los que en esos cuatro meses habían permanecido las calles cerradas o casi cerradas, ven hoy sus vías despejadas. Esas protestas han dejado 121 muertos, casi 2.000 heridos y más de 5.000 detenidos. El gobierno sostiene que la Constituyente recuperará la paz y rescatará la colapsada economía del país petrolero, agobiado por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una brutal inflación. Según la Cepal, el producto bruto interno caerá a 7,2 por ciento este año.