Ante la falta de un debate público informado, un conjunto de organizaciones no gubernamentales nucleadas en el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis lanzaron el año pasado un foro para discutir una nueva política de drogas, basada en evidencias y respetuosa de los derechos humanos. Rosario, una ciudad atravesada por la violencia vinculada a la narcocriminalidad, fue elegida para ser la sede de la segunda edición de este encuentro el próximo martes desde las 17 en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. "Buscamos disipar ciertos temores que generan la descriminalización de los delitos asociados al uso de drogas ilegalizadas y la creación de un mercado legal del cannabis", apuntaron los organizadores. Habrá presencia local con la participación de la diputada provincial y ex defensora pública, Matilde Bruera, y la referente de la Asociación Argentina de Reducción de Daños (Arda), Silvia Inchaurraga. Y en el marco de los diez años de la sanción de la ley de regulación en el Congreso uruguayo, impulsada por el gobierno de José "Pepe"Mujica, el foro contará con la presencia del sociólogo Julio Calzada Mazzei, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay e impulsor de la regulación del cannabis en Uruguay. 

En distintas partes de la Argentina, señalaron los organizadores del foro cuya primera edición se realizó el pasado 21 de septiembre en CABA, y es apoyado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) en el país, existen experiencias alternativas a la prohibición. Algunas fueron y están siendo protagonizados por asociaciones cannábicas que concretaron desde acciones de litigio estratégico, con el apoyo de organismos de derechos humanos, para frenar el hostigamiento policial a las personas que consumen drogas ilegalizadas hasta convenios para la producción de cannabis y sus semillas bajo la supervisión de distintos entes estatales. 

Uno de los objetivos del foro es informar sobre las deudas pendientes, los avances y los desafíos de un cambio de paradigma que privilegie la salud pública y denuncie las consecuencias de la llamada “guerra contra las drogas”. En ese sentido, el director de Proyectos de Fes Argentina, Sergio Balardini, indicó: "Entendemos que es tiempo de desarrollar una ‘política de drogas’ nueva, partiendo de un enfoque de derechos, de salud pública, sin dogmatismos, abierta al diálogo, al debate de todas sus aristas y, asimismo, a la consideración de experiencias concretas". 

La actividad que tendrá lugar el martes de 17 a 20 en el en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se repartirá en tres paneles. El primero estará destinado a las consecuencias del prohibicionismo, donde se dará un diagnóstico desde las comunidades, el sistema penal y la atención a la salud. Participarán "La Negra" Albornoz, integrante de La Garganta Poderosa en Santa Fe; Pablo Vacani, representante de la Defensoría General de la Nación; e Inchaurraga. La moderación estará a cargo de Eugenia Cozzi de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario. 

"En el escenario actual nacional, pero también en el de Rosario, hay que dar el debate sobre las nuevas políticas de drogas necesarias", dijo Inchaurraga, referente de Arda, asociación que participó del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. "Se trata de poder lograr un debate basado en evidencias, no en un debate basado en prejuicios. En particular lo que me convoca es lo relacionado a las consecuencias del prohibicionismo en el ámbito sanitario en general, en donde tenemos que reconocer los daños de la persistente y vigente mirada hegemónica, patologizante y demonizadora del consumo", planteó la psicóloga, directora del Centro de Estudios Avanzados Drogadependencias y SIDA de la UNR (Ceads).

Inchaurraga sostuvo que "cada vez hay escenarios más complejos donde se combinan necesidades básicas insatisfechas, situaciones de violencia, la inseguridad ciudadana, pero fundamentalmente la falta de presencia del Estado con una política pública para asistir y acompañar a las personas que tienen problemas con las drogas. A esta toxicidad de las drogas tenemos que sumarle, lamentablemente, la toxicidad de un abordaje errado que sigue vigente en tanto continúa vigente una política legislativa que en ocasiones es más dañina que las mismas drogas".

El segundo panel se dedicará a informar sobre las iniciativas y proyectos alternativos al paradigma actual desde un enfoque de derechos. Participarán la diputada Bruera, ex defensora en el fallo Arriola; Corina Allacarizqueta, integrante de Territorios Saludables; y Sofía Maiorana, integrante de la Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac). La moderación estará a cargo de Fabián Peralta de la Asociación Miradas. 

El último panel será una entrevista a cargo del periodista Agustín Aranda al sociólogo Calzada Mazzei, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay desde abril de 2011 a marzo de 2015, y ex director de la División de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, quien hablará de la experiencia de la regulación del cannabis en su país a 10 años de haberse sancionado la ley. 

"La regulación del cannabis, y de las drogas en general. es una necesidad desde muchos puntos de vista, de los derechos humanos, la salud pública, de la violencia y criminalidad de estos mercados. Hay muchos aspectos que hacen necesario pensar esto, pero no podemos pensar que esto es la panacea y que va a solucionar los problemas de violencia y criminalidad que pueden tener Rosario y Montevideo que son dos ciudades similares", señaló Calzada entrevistado en el programa Cannabitácora, de Radio Universidad. 

"Sí me parece que los temas de violencia y criminalidad no se pueden analizar aisladamente de un conjunto de elementos que tienen mucho que ver con el desarrollo de los mercados ilegales que son violentos porque el Estado no está presente y no puede regular y establecer parámetros para gestionar los conflictos que se producen en la sociedad. Muchas veces los emergentes son los asesinatos, los ajustes de cuentas y demás, pero hay de todo tipo. Pensar que la regulación del cannabis va a solucionar estos problemas en su totalidad puede en un principio resultar ingenuo, pero si puede aportar de manera muy significativa es que una cantidad de gente que se ve expuesta a la violencia de los mercados ilegales no lo esté, cuestión que está muy probada a partir de estudios realizados durante muchos años a partir de la regulación y la habilitación de los coffe shop en Holanda en 1977", agregó.

Por otra parte, Calzada Mazzei subrayó que para exista el narcotráfico y se establezca el comercio ilegal de drogas "tiene que haber lugares donde estos fondos ingresen a la economía formal, se precisan estructuras bancarias y de blanqueo que sean potentes, inversiones en diferentes campos. Esto también está estudiado para el caso de Rosario, una ciudad muy parecida a Montevideo, hay toda una infraestructura legal, desde el punto de vista de la existencia de una banca, que proviene de los mercados legales y está muy bien que sea así y es necesario, pero de esto se aprovechan las organizaciones criminales. Si no pudieran blanquear, no estarían".

Desde la organización del Foro, Ariel Parajon del Colectivo de Reflexión sobre los Consumos explicó que el objetivo es “escuchar y tender puentes con diversos actores de la comunidad afectados por la actual ley de estupefacientes”. Otra de las organizadoras,  Victoria Darraidou, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió que el modelo prohibicionista ya demostró su nula capacidad para erosionar al narcotráfico: "Necesitamos con urgencia cambiar la ley actual y generar políticas en materia de drogas desde un enfoque de derechos. No podemos seguir postergando este debate".