Tras 23 años de un vacío normativo, Axel Kicillof decidió avanzar con la Ley de Ética Pública y Transparencia de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que arribó a la Legislatura el año pasado, espera por su aprobación con un alto grado de aceptación dentro de la comunidad política y social bonaerense. Impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la norma apunta a poner en práctica un sistema integral, con participación ciudadana, que regule los principios y prohibiciones de quienes ejerzan la función pública en el Poder Ejecutivo.
A principios de su gestión, el gobernador le encomendó al ministro Julio Alak saldar esta ausencia dentro del marco reglamentario del estado provincial dado que, desde 1999, existe la Ley de Ética de la Función Pública nacional y ya son 11 provincias las que cuentan con su propia legislación. Ana Laura Ramos, subsecretaria de Transparencia Institucional de la cartera de Justicia, cuenta que esa instrucción llevó a evaluar la situación y se optó por no hacer una ley escrita en un despacho. “Después de tantos años de deuda con la población de la provincia quisimos que sea una ley consensuada y con la amplitud de todos los actores”, explica a Buenos Aires/12 la funcionaria a cargo del equipo de trabajo que fue encargada de integrar los aportes recibidos de la comunidad bonaerense dentro del texto de la norma.
Kicillof hizo mención a esta iniciativa en su discurso inaugural del actual período legislativo y pidió por su acompañamiento luego de que tomara estado parlamentario, en diciembre pasado, en la Cámara de Diputados. Hoy se encuentra en la Comisión de Reforma Política y del Estado, la primera de las cuatro a las que fue girada. Ramos muestró su entusiasmo por el pronto tratamiento en recinto de una ley que permitirá “desarrollar los mecanismos preventivos para que quienes ejerzan la función pública tengan una básica normativa clara de qué hacer y qué no”.
La Ley abandona el régimen punitivista y apunta a generar mecanismos de prevención de delitos dentro de un sistema integral de acción. Esto, señalan sus autores, es un “cambio de paradigma” en la materia. En ese sentido, el proyecto establece cinco puntos de acción que son la capacitación obligatoria; los principios, deberes y obligaciones rectores de la ética pública y la transparencia; el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades; la integridad en los procesos de contrataciones públicas y el régimen de obsequios para quienes desempeñan la función pública.
“El macrismo tomó la corrupción con la base de que todos somos corruptos y que hay que controlar desde el método de sanción”, señaló Ramos, al tiempo que aclara que la sanción es una función que, propiamente, le compete al Poder Judicial. “Hoy no existe ningún mecanismo de cobertura para saber qué se está haciendo bien y qué no”, remarcó en relación a quienes tienen funciones ejecutivas. El proyecto pretende saldar inconsistencias como, por ejemplo, cuándo un ciudadano puede estar al frente de un área de gestión o no, según su rol en el ámbito privado, qué puede firmar y qué no, qué regalos puede recibir y cuáles no.
Sobre los presentes, Ramos adviertió que “no hay normativa sobre esto, están los de cortesía, que igual deberán quedar registrados para que la población puede acceder a la información”, explicó. Y agregó, “pero después hay casos como un viaje que se hizo conocido de funcionarios que se encontraron en el sur del país”, en referencia al encuentro que habría protagonizado el reunciado ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, con directivos del Grupo Clarín y miembros del Poder Judicial en la casa del terrateniente Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
“Hoy cada uno actúa como le parece”, dijo Ana Laura Ramos y destacó la importancia de esta norma además de señalar que el Protocolo de Gestión de Conflicto de Intereses que actuará como guía para que los municipios redacten sus propias normas, en caso de adherir a la ley. Lo mismo corre para las universidades en suelo bonaerense, organizaciones sindicales y entidades que aglutinen empresas.
Una palabra que se repite en la explicación de la subsecretaria es la prevención. Ese es el cambio paradigmático al que se apunta con el proyecto. Ramos destacó que esta perspectiva es la que se desarrolla a nivel Latinoamericano y que la provincia de Buenos Aires es pionera. “La génesis de los mecanismos preventivos que es la capacitación obligatoria”, afirmó la subsecretaria de Transparencia Institucional de la provincia. Con esta premisa, si se sanciona esta ley la provincia se pone, según sus autoridades, a la vanguardia internacional respecto a la formación ciudadana. La norma establece que en “todos los niveles de enseñanza, de forma obligatoria, deberán tener contenidos adaptados sobre la integridad, sobre la función pública, qué se debe hacer y qué no se debe hacer”, detalló Ramos.
La funcionaria planteó que la perspectiva a largo plazo y la posibilidad de pensar en una instancia de capacitación que abarque a todo el proceso educativo de cada bonaerense permitirá "constituir una ciudadanía con conocimientos claros y una sensibilidad ética y de integridad", dijo Ramos. “Esto apunta a fortalecer el rol de quienes ejerzan la función pública para fortalecer las instituciones”, indicó. Destacó también el ejemplo de la educación vial y que hoy son los propios chicos quienes indican a los adultos que deben ponerse el cinturón de seguridad.
La participación ciudadana en la ley
Uno de los valores que rige la conformación del texto de la norma es que haya sido producto de 130 reuniones con 70 actores de la sociedad en búsqueda de consensos para la redacción de éste proyecto de ley. Intervinieron e hicieron sus aportes 12 Universidades Públicas, 7 organizaciones de la sociedad civil, 10 Colegios Profesionales, Asociaciones de Magistrados y funcionarios judiciales, representantes del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo Provincial y de los 135 Municipios. La gestión de los gobiernos locales fue un pilar fundamental en el desarrollo de la iniciativa porque se buscó, cuentan las autoridades ministeriales, que sea viable de aplicar en todo el territorio bonaerense y con todas sus particularidades distritales.
El proyecto propone crear dos entidades ad-honorem para brindar dinamismo a la norma, manteniéndola actualizada y eficaz ante las problemáticas que pueden surgir o se perciban en el territorio provincial. Se crearía, de esta forma, la Comisión Provincial de Ética Pública y Transparencia y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil.
La Comisión, por un lado, estará integrada por las autoridades de aplicación de la ley y por tres miembros del Consejo. Su objetivo, explica la normativa, será el de articular de manera conjunta y consensuada las iniciativas impulsadas por quienes la conforman. Asimismo, deberá promover políticas de Ética Pública y Transparencia tendientes al fortalecimiento del Sistema de Integridad Provincial.
Por otro lado, está el Consejo Consultivo. Este órgano, señalan desde el ministerio, “es la máxima expresión de la participación ciudadana”. Ninguna de las instancias tiene precedente en las leyes de ética pública de todo el país, afirman. El Consejo estará integrado por las organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones académicas, colegios de profesionales, para que intercambien lecturas y propuestas y posibiliten que “el proceso de toma de decisiones tenga en cuenta al conjunto de las voces de las y los bonaerenses”.
Jerónimo Guerrero Iraola, director de Proyectos del Centro de Estudios para la Gobernanza, quien tuvo una participación activa en el desarrollo del texto, destacó “el esquema de participación plural y la mirada desde los derechos humanos”. Respecto a lo primero, celebró que se haya podido trabajar en un borrador en conjunto, “donde estuvo presente la convergencia de miradas, y se plantearon los aspectos centrales necesarios para una ley” de estas características. En relación a lo segundo, indicó que quienes participan de la sociedad civil podrán “exigirle al Estado el cumplimiento de los derechos humanos y fomentar mejores condiciones para cumplirlos.” “Por ello lo que más se discute es el acceso a la información”, remarcó Guerrero Iraola en conversación con Buenos Aires/12, y sostuvo una premisa que enmarca su lectura: “la transparencia es un derecho humano en sí mismo”.
Otro de los actores que fue parte del proceso consultivo y participativo en la construcción de esta iniciativa es la Universidad Nacional de La Plata. Sus autoridades designaron a Marcelo Krikorian, abogado y profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien remarcó que “la ley tiene un perfil netamente productivo” y destacó la importancia de este hito porque la norma “no tiene que ser pensada cuando se detecta una situación de corrupción, sino prevenir que suceda”.
Magíster en Derechos Humanos y doctor en Ciencias Jurídicas, Kirkorian desarrolló su tesis doctoral sobre el derecho de acceso a la información pública. Donde puso mayor énfasis en relación al espíritu de la ley es en la capacitación. Consecuente con la lectura de Ana Laura Ramos sobre el valor de la formación para poder prevenir los hechos de corrupción, celebró la incorporación progresiva de contenidos curriculares en los niveles de enseñanza, y los definió como “una política de construcción de ciudadanía” que va a formarse e irá aprendiendo con una “sensibilidad de la ética pública”.
“Si vamos a criticar la dirigencia por hechos de corrupción, lo primero que tenemos que hacer es trabajar para moldear a la sociedad en criterios de ética y transparencia”, reflexionó Krikorian. Con la expectativa de que la legislación también alcance al resto de los poderes del Estado y no sólo al Ejecutivo, agregó que es “muy importante que haya una ley que piense a varios años cuando muchas veces la política sólo puede pensar en el día a día.”
