Ninguno de los dos gendarmes que fueron indagados por el juez federal Ariel Lijo reconoció su responsabilidad en las agresiones que sufrieron los entonces diputados nacionales Leonardo Grosso y Victoria Donda en la previa del tratamiento de la reforma previsional que impulsaba Mauricio Macri. Lo que sí dijeron es que fueron mandados de urgencia hacia la zona del Congreso en medio del operativo descomunal que organizó Patricia Bullrich para la seguridad de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se hizo para finales de 2017 en Buenos Aires.

El 13 de diciembre de 2017, los diputados Grosso, Donda y Lucila de Ponti caminaban hacia el Congreso para participar de un abrazo contra la reforma de las jubilaciones. En ese momento, se encontraron con que la Gendarmería les bloqueaba el paso.

Los legisladores se acercaron a unos uniformados para pedir hablar con quien estaba al frente del operativo de la Gendarmería. La respuesta que recibieron fue: “La jefa es Patricia Bullrich y no va a hablar con ustedes”. Después, comenzaron a golpearlos con bastones. A Donda le pegaron una patada en el tobillo izquierdo que la dejó inmovilizada. A Grosso le tiraron un perro que lo mordió en el abdomen.

Por estos hechos, Lijo indagó al comandante mayor de Gendarmería Walter Nelson Zurita –por las lesiones de Donda– y al cabo primero Leonardo Rafael Acosta –por el ataque a Grosso–. Los dos negaron las acusaciones.

Zurita relató que, para la cumbre de la OMC, la Gendarmería tenía a su cargo la seguridad de unos 20 lugares. Entre ellos enumeró el Centro Cultural Kirchner (CCK), el hotel Hilton y el Centro de Exposiciones –cercano al edificio de la TV Pública–. Todo se coordinaba desde un comando unificado que funcionaba desde la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en la calle Moreno. En el quinto piso de la exCoordinación Federal, había un jefe de cada una de las fuerzas de seguridad al mando de Bullrich y un representante del Ministerio de Seguridad.

Desde allí les llegó la orden de abandonar su puesto en el CCK y desplazarse hacia las inmediaciones del Congreso. Las camionetas quedaron estacionadas a la altura de Avenida de Mayo y Paraná. Después, cerca de 350 gendarmes avanzaron a pie, relató Zurita, que estaba a cargo del grupo. Los dos gendarmes dijeron que la orden era impedir que los manifestantes llegaran al Congreso.

Zurita dio una versión ambigua para desvincularse de la agresión a Donda. “Yo, por el cargo y la función que tengo que cumplir en este tipo de operativos, nunca paso a tener contacto con ningún manifestante”, dijo. Pero, a los pocos minutos, terminó contando que tuvo una “interacción verbal” con la entonces diputada. Según el comandante mayor de Gendarmería, Donda le dijo que querían hacer un abrazo simbólico al Congreso y él le respondió que no estaban autorizados. Sin embargo, negó haber tenido algo que ver con las patadas que sufrió la dirigente.

Acosta, por su parte, dijo que él estaba con un perro de la fuerza, que llevaba dos correas y un bozal. Pero la situación se le fue de las manos cuando voló un botellazo e impactó en el pómulo de una agente de la Gendarmería. Según el cabo, sintió que alguien se le tiraba encima. “El perro reacciona, se defiende como queriéndolo empujar para que se aleje de nosotros”, dijo depositando las responsabilidades en el can a su cargo. Acosta tampoco se enteró en el momento de la mordida de cuatro por centímetros que su “binomio” le había dejado a Grosso.

El juez Lijo debe ahora resolver si procesa a los dos efectivos de la Gendarmería por las lesiones que sufrieron dos dirigentes opositores al entonces gobierno de Macri. La diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad (FIT-U) Myriam Bregman actúa como abogada de Grosso en esta causa. Bregman le había explicado a Página/12 que la identificación de los gendarmes se demoró durante largos años porque el Ministerio de Seguridad –durante la gestión Bullrich– hizo todo lo posible para evitarlo.