La Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá denunció en la justicia federal al gobernador Gerardo Morales por robo, usurpación, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público por los hechos sucedidos en el pueblo de altura a 250 kilómetros de la capital jujeña. En la justicia provincial se realizaron denuncias por usurpación de tierras.

La investigación de la justicia federal a Morales se inició en plena campaña electoral con vista a las elecciones provinciales generales que en Jujuy se llevarán a cabo el próximo 7 de mayo, en las que también se elegirán convencionales constituyentes para reformar parcialmente la Constitución provincial.

La abogada Silvana Llanes, que representa a la comunidad aborigen, relató que la denuncia se realizó en marzo úlitmo en los Tribunales de Comodoro, pero “por una cuestión territorial enviaron al Juzgado Federal N° 2 (de Jujuy). Los delitos son abuso de autoridad y robo, teniendo en cuenta que están profanando patrimonio arqueológico", detalló antes de opinar: "Es una denuncia complicada para el gobierno”.

En noviembre de 2022 el gobierno de la provincia ocupó la cancha comunitaria de Caspalá para la construcción de una escuela secundaria, desconociendo que la comunidad había adquirido un terreno para ese establecimiento en otro lugar. Desde un primer momento la comunidad expresó que no se oponía a la construcción de la escuela, pero pidió que se respete su decisión de hacerla en el terreno destinado específicamente para ese fin. 

Luego el gobierno expropió un terreno a la familia caspaleña Cruz Chapor para construir ahí otra cancha. Con ese objetivo arrasó el terreno con maquinarias que incluso avanzaron sobre andenes de cultivo, árboles autoctónos, todo sin realizar antes estudios de impacto ambiental. Los y las pobladoras expresaron que en esos terrenos había antigales, y de hecho el paso de las máquinas dejó a la vista el sitio arqueológico. 

Otros hechos que fueron denunciados

“Lo que nos llevó al fuero federal es la inacción, la falta de respuesta del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, donde se realizaron varias denuncias y se ha presentado un abocamiento, pruebas y no tiene avances la investigación”, explicó la abogada. La causa ya se remitió al Juzgado Federal de Jujuy, aunque a la fecha no había ingresado por mesa de entrada.

Sin embargo, Llanes afirmó que la denuncia ya “llegó a Jujuy". "El expediente está en etapa de investigación, se han solicitado medidas probatorias. Están sobradamente acreditado los delitos". Añadió que trabajaron "un equipo de abogados de la provincia y otro de Capital Federal para analizar los delitos que se plantearon en la denuncia. Habrá que esperar que avance la justicia", sostuvo. 

Agregó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque se están vulnerando ampliamente los derechos de los pueblos originarios sin miramientos. No hacen mea culpa, avanzan destrozando patrimonio arqueológico, terrenos que corresponden a la comunidad. Vamos con todo el peso de la ley”. Estas obras se llevaron a cabo sin la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT.

Mientras que en Caspalá continúa la construcción de la escuela en la cancha comunitaria, teniendo en cuenta que la matrícula de la escuela sería de 50 estudiantes, la Comunidad asevera que el gobierno jujeño quiere avanzar con un proyecto inmobiliario, quizás porque Caspalá fue distinguido en el certamen Best Tourism Villages de la Organización Mundial de Turismo (OMT) entre los diez pueblos más atractivos del mundo para ser visitados.

Respecto a la expropiación de tierras, la abogada Silvana Llanes explicó que solicitaron una medida de no innovar para tratar de evitar que se siga "dañando el territorio de la comunidad" y para que "cesen con la destrucción de la cancha". "Se fijó para el 26 de abril una inspección ocular para verificar y acreditar lo que venimos denunciando”, comentó en cuanto a la documentación sobre las tierras de las familias afectadas.

En tanto que la denuncia pot la expropiación en tiempo récord del terreno de la familia Cruz Chapor se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia a donde recurrieron en contra de una sentencia que consideran arbitraria y que aseguran que no cumpliría con la ley de expropiación. En este sentido Llanes dijo que “no se acreditan los requisitos de admisibilidad, no hay un precio justo (a pagar por la expropiación) que es lo que tiene que haber en la norma. El interés publico no se encuentra acreditado, tampoco se ha realizado o presentado el proyecto completo y el costo para la provincia de esa expropiación y lo que demandará construir esa cancha”.

La letrada destacó que el pueblo de Caspalá sigue con temor por la intimidación de las fuerzas de seguridad de la provincia. “Hoy (sus pobladores) se sienten avasallados por la policía, ahora están un poco más empoderados porque tiene voz”, resaltó. ”Según lo que manifiesta la gente, la policía sigue apostada en la cancha custodiando las maquinarias y control en la población”.

Llanes dijo que no puede saber cuáles son  los objetivos del gobierno provincial en las tierras de Caspalá, pero es claro que "están avasallando y usurpando las tierras”. “Nosotros confiamos en la justicia, hacemos todo conforme a derecho, vamos a ir hasta las ultimas consecuencias, acá se olvidan que deben respetar a los pueblos originarios, no se puede avasallar derechos, acá vamos con todo el peso de la ley”. afirmó.

Denuncias contra el gobernador 

En los ocho años de gestión, Morales suma una acusación penal contra él y el ex embajador en La Paz, en Bolivia, y actual ministro de Gobierno de Jujuy, Normando Álvarez García, ante el fuero Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py. La denuncia es por una serie de actos que pudieron funcionar como acto preparatorio para la posterior transferencia de armas al Estado Plurinacional de Bolivia.

Otra denuncia penal se presentó en julio de 2022, ante el fiscal federal Federico Zurueta, realizada por HIJOS Jujuy, por la destrucción del sitio de memoria Comando Radioeléctrico y Jefatura de Policía de la Provincia por parte del gobierno de la provincia. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa. 

Por otro lado, en setiembre de 2022, la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, junto a la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, presentó una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal penal de la provincia Diego Funes y el juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy, Rodolfo Fernández, "por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional", por la realización de "tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal". 

"Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial", se apuntó en la denuncia, en la que también se hizo constar que es importante que la población comprendas "cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal" que obedece a una estrategia del gobierno jujeño para "el aniquilamiento del que piensa diferente". Con el agravante de que el gobernadoro Gerardo Morales debería ser el garante del respeto a la Constitución Nacional en la provincia.