El gobierno de Brasil denunció este lunes una conspiración de los principales generales y militares que eran parte del gabinete del exmandatario Jair Bolsonaro con la omisión de las fuerzas de seguridad para proteger el Palacio del Planalto, la casa de gobierno, en el masivo asalto del 8 de enero perpetrado por activistas bolsonaristas para pedir un golpe de Estado.

Así lo afirmaron el viceministro de Justicia, Ricardo Cappeli, y el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, al comentar las imágenes divulgadas por el Gabinete de Seguridad Institucional el domingo, que captaron la inacción de los militares encargados de defender el Planalto el 8 de enero.

El asalto a la sede de los poderes del 8 de enero ganó un nuevo capítulo luego de la renuncia del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional del presidente Lula da Silva, general retirado Marco Gonçalves Dias, la semana pasada, luego de que se divulgaran imágenes sobre el interior del Palacio del Planalto en la tarde del 8 de enero.

Dias, hombre de confianza de Lula, renunció al cargo luego de aparecer en las imágenes aparentemente sin repudiar a los vándalos que estaban dentro del Palacio, pero la situación más grave, según el gobierno, es la inacción y la colaboración con los golpistas que tuvieron los otros miembros del GSI, todos herencia del bolsonarismo.

El golpe ocurrió a una semana de la asunción de Lula y el gabinete de seguridad -que tenía el control de los servicios de inteligencia- no había sido reemplazado.

"Se terminó la farsa: imágenes divulgadas muestran que siete de los nueve militares del GSi que estaban en el Palacio del Planalto durante la invasión del 8 de enero eran custodios de Bolsonaro y participaron incluso de sus caravanas en moto. La comisión parlamentaria que se instalará en Congreso traerá toda la verdad sobre el golpe", aseguró el ministro Pimenta.

Cappeli, por su parte, fue designado como ministro interno del Gabinete de Seguridad Institucional y sostuvo que su antecesor actuó de buena fe, no así el resto de los militares que continuaban en sus cargos desde el bolsonarismo.

En ese sentido, Cappelli acusó al exjefe del GSI bolsonarista, el general retirado Augusto Heleno, un defensor de la dictadura militar, de haber dejado el órgano en condiciones para llevar adelante "conspiraciones" contra Lula.

También incluyó en un mensaje por las redes sociales al exjefe de gabinete y exministro de Defensa, general Walter Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro en las elecciones de 2022 vencidas por Lula.

“Sé lo que vi y escuché al mando de las tropas el 8 de enero. No es posible falsificar los hechos creando una narrativa histórica como intentan hacer los extremistas terraplanistas. ¿Dónde están Heleno y Braga Neto? Si hay un conspirador y general golpista, ciertamente no es el honorable general Dias”, escribió Cappeli.

Cappeli fue el interventor de la policía de Brasilia tras el intento de golpe debido a que esa fuerza liberó la zona para permitir el avance de los golpistas a la plaza de los Tres Poderes.

Las imágenes divulgadas por el gobierno muestran cómo los militares que debían defender el Planalto se reían cuando veían a los vándalos pasar y otros le dieron agua.

Según el diario O Estado de Sao Paulo, opositor a Lula, estos militares eran de confianza de Bolsonaro y participaron de sus comitivas al exterior y de su seguridad en eventos electorales.

El intento de golpe de Estado del 8 de enero busca ser convertido en una suerte de "autogolpe" por diputados bolsonaristas, que reclamaron la apertura de una investigación parlamentaria.

A partir de estos videos, el lulismo adhirió a la apertura de una comisión para intentar bloquear lo que llaman el "terraplanismo": intentar imponer la idea de que los bolsonaristas que ingresaron a los tres poderes del Estado para destruirlas eran infiltrados para perjudicar a Bolsonaro.

El expresidente Bolsonaro debe declarar el miércoles ante la Policía Federal por su supuesta vinculación con los actos golpistas, en los que ya fueron detenidos 1.390 ultraderechistas, de los cuales 100 han sido procesados y enviados a la fase de juicio por intento de golpe de Estado.

Su exministro de Justicia, Anderson Torres, está detenido por planificar los ataques. Torres, en la primera semana de enero, había sido designado secretario de Seguridad del gobierno de Brasilia, descabezó a la cúpula de la policía y el día el intento del golpe viajó a Estados Unidos a reunirse con Bolsonaro.

Es por eso que también por dos meses fue retirado de su cargo el gobernador brasiliense, Ibaneis Rocha, un aliado de Bolsonaro que dice que fue traicionado por Torres.

Tras el intento de golpe todos los bolsonaritas del GSI fueron destituidos, así como la cúpula del Ejército, que se había negado a reprimir a los ultraderechistas que habían acampado en la vereda del cuartel general para desconocer la elección vencida por Lula.