Luego de la extensa discusión salarial entre los profesores y el Ministerio de Educación, que se llevó todo el primer semestre, los universitarios están planteando una nueva disputa con el Gobierno: tanto desde los gremios docentes como desde los espacios académicos especializados rechazan el contenido y las propuestas del Plan Maestr@ –que hasta el momento es el borrador de un proyecto de ley elaborado por el Gobierno–, donde se propone “fijar metas específicas que permitan ser asumidas como compromisos de mejora de la educación para los próximos años”. En particular, el capítulo universitario del plan es criticado por organizaciones sindicales e investigadores porque, entre otras cosas, no ofrece ninguna fuente de los datos y diagnósticos que arroja, da como ciertas hipótesis que no demuestra –y, por lo tanto, resultan dudosas las soluciones que propone–. Sobre todo, cuestionan la indistinción entre educación pública y privada, así como el énfasis en “profundizar la vinculación con el sector productivo”.
Si bien el Plan Maestr@ no detalla planes de acción sobre cómo desarrollará determinados objetivos, las políticas que viene impulsando el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió dan un contexto que alimenta la inquietud de los universitarios. “Promover la profesionalización docente a través de la formación de posgrado”, dice el documento, por ejemplo, sin dar más precisiones. El posgrado “ha sido el elemento de mayor mercantilización de la educación superior en el mundo desde los 90”, dijo a PáginaI12 Yamile Socolovsky, secretaria de Relaciones internacionales de la federación docente Conadu. Y destacó que el gobierno “se plantea la meta de ampliar la calificación de posgrado entre los docentes universitarios, mientras en 2016 y 2017 se ha discontinuado el Programa de Becas para la finalización de tesis de posgrado, el único que se dirigía a apoyar la finalización de posgrados por parte de los docentes”. Socolovsky observó que el plan incluye “muchos datos que no citan su fuente, diagnósticos mal construidos que derivan en soluciones erróneas, además de supuestos y prejuicios. Se habla de una pretensión de mejorar, pero nunca se habla de los docentes ni de la infraestructura”.
Uno de los ejes centrales del borrador afirma que “la generación de conocimiento tiene muy baja articulación e impacto directo en la producción y el desarrollo, lo cual es reflejo de la poca interacción entre los sistemas de producción y el enfoque de los mismos”. Entre otros “desafíos” que enumera para abordar la cuestión, propone “aumentar las estrategias de internacionalización de la educación superior” y “profundizar la vinculación con el sector productivo”.
“Sabiendo cómo es el Gobierno, el objetivo es que haya una formación laboral, para los estudiantes que estén avanzados, a cargo de empresas. Las empresas pasan a financiar la educación y son las que imponen qué se estudia y qué no”, dijo a este diario Claudia Baigorria, secretaria de Formación de Conadu Histórica. Para Baigorria, la vinculación no es tal si quien marca el camino es la empresa, ya que “se pierde la libertad y autonomía académica”.
Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), que también es doctora en Educación, definió al borrador como un “documento blando”, desde el punto de vista de su estructura, ya que “se establece un plan sin datos cuantitativos registrados, donde tampoco se saben las metas. Se proponen objetivos a los cuales nunca dice cómo se llegaría”. “La tecnocracia opera así. Dice que hay que tener objetivos y metas, metas cuantificadas. Pero si no presentás datos de partida, la realidad es que lo que decís termina siendo caprichoso”, afirmó, y enfatizó que el plan “juega con cierto sentido común, donde ponen que quieren que la educación mejore, ¿quién no quisiera eso?”.
El Plan Maestr@ promueve “para el año 2026 que el 100 por ciento del financiamiento autorizado por la cartera educativa se encuentre orientado al desarrollo de las universidades públicas, en base a planes de desarrollo institucional medibles y evaluables y en coordinación con los objetivos de política nacional”. Morgade señaló que este punto es “totalmente contradictorio” con el concepto de autonomía. “Planes que condicionen el 100 por ciento del financiamiento –apuntó Socolovsky– no sólo son un condicionamiento antidemocrático de la autonomía universitaria, sino que establecen un criterio eficientista inapropiado para la evaluación de la actividad universitaria, e introduce un factor de subordinación del funcionamiento de las instituciones a la lógica del mercado”.
Más allá de las críticas puntuales, un aspecto cuestionado por todas las fuentes consultadas radica en el origen del plan oficial: no se discutió con ningún docente, ni en la comunidad educativa.
Informe: Gastón Godoy.
