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Desde Santa Fe
El Partido Justicialista santafesino sancionó a un ex funcionario de la dictadura, Juan Alberto Vidal, que en marzo de 2021 asumió como secretario general del PJ de Venado Tuerto con un discurso negacionista en el que propuso un “acuerdo de conciliación” con los genocidas. El congreso provincial del sábado –que es el órgano máximo del PJ– lo separó “definitivamente” del cargo partidario al aprobar por unanimidad el dictamen del Tribunal de Disciplina y comunicó la decisión al consejo ejecutivo que preside Ricardo Olivera. “No hay razones valederas y objetivas” que justifiquen la conducta de Vidal y “su discurso de asunción que constituye una clara reivindicación de la ‘guerra sucia y la teoría de los dos demonios'”, dice el despacho que se leyó en el pleno de congresales. Después del golpe, Vidal juró dos veces por el régimen cívico militar: en junio de 1976, como presidente comunal de Villa Cañás, y en marzo de 1981, ya en la Casa Gris, como viceministro de Gobierno en el gabinete del dictador Rodolfo Luchetta.
Vidal ganó la interna partidaria en diciembre de 2020 y el 26 de marzo de 2021, se convirtió en secretario general del consejo de unidades básicas de Venado Tuerto. Asumió con un discurso negacionista del terrorismo de estado. “Es necesario llegar a una conciliación del pueblo argentino, que nos pongamos de acuerdo en las responsabilidades que tuvo cada uno y en la verdad. Y así, con esa maduración colectiva, podamos arribar a una conciliación”, reclamó.
El hecho generó la inmediata reacción de militantes históricos del peronismo que se retiraron del acto, entre ellos Víctor Ubaltón y Sergio “Checho” Maidana. Vidal acumuló varias denuncias en el Tribunal de Disciplina: una del propio PJ de Venado Tuerto, otra del consejo departamental de General López y una tercera del Instituto Venadense por la Memoria, la Verdad y la Justicia, más otros planteos de afiliados y agrupaciones internas. Una de las pruebas es el video del discurso de Vidal.
El Tribunal de Disciplina del PJ admitió las “denuncias contra el afiliado Juan Alberto Vidal”, abrió el expediente y le dio la posibilidad de defenderse en un plazo de treinta días. El 25 de abril de 2022, ofreció su descargo. Pero el Tribunal, no encontró “razones valederas y objetivas” que justifiquen su conducta y un “discurso de asunción, que constituye una clara reivindicación de la guerra sucia y la teoría de los dos demonios”, lo calificó.
Por lo tanto, resolvió “aconsejar la separación definitiva” de Vidal de su cargo de secretario general del PJ de Venado Tuerto” y “comunicar la decisión al consejo ejecutivo provincial” que preside Ricardo Olivera. El congreso provincial aprobó el dictamen por unanimidad en la sesión del sábado, en el Sindicato de Luz y Fuerza.
En los fundamentos, el Tribunal recordó sus facultades de juzgar a los afiliados al PJ por “inconductas, indisciplina o violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios”. Y aconsejar “diferentes sanciones que van desde una amonestación hasta la desafiliación y expulsión”.
Antes de tratar el caso Vidal, el congreso del PJ expulsó de sus filas al ex diputado provincial Julio Adelaido Ramos –que operó como agente secreto del Ejército en 1977- y 1977- y hace una semana fue condenado por el Tribunal Oral de Santa Fe a siete años de prisión por delitos de lesa humanidad: el secuestro y torturas a su ex compañero de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Luis Felipe Solé, en 1977.
El Tribunal recordó que hombres y mujeres del movimiento peronista fueron víctimas a lo largo de su existencia de “diatribas mediáticas, persecuciones, exilios, deportaciones, encarcelamientos, secuestros, fusilamientos y, en general, oprobios inimaginables para quienes abrazamos la causa, teniendo como aspiración legítima acceder al gobierno mediante el voto soberano de las mayorías nacionales y populares”;
En agosto de 2003, el Congreso de la Nación derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían la “continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”. El presidente Néstor Kirchner creó el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, que en la provincia tuvo su correlato en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe que fue creada por el ex gobernador Jorge Obeid, el mismo año, en diciembre de 2003, junto con el Archivo Provincial de la Memoria.
En febrero de 2011, el congreso del PJ –consecuente con lo aconsejado por el Tribunal de Disciplina- expulsó a los primeros dos condenados por crímenes de lesa humanidad: el ex presidente comunal de San José del Rincón y el ex policía Eduardo “Curro” Ramos, que operaba en Departamento Informaciones (D2).
En 2012, el trámite de expulsión del ex Personal Civil de Inteligencia Horacio Américo Barcos quedó inconcluso por su fallecimiento. Y en 2013, a pedido de la ex diputada Claudia Giacone y del diputado nacional Eduardo Toniolli se expulsaron otros dos represores: el comisario Roberto Martínez Dorr y el ex PCI Eduardo “Tucu” Constanzo.
Lo mismo ocurrió en 2017 cuando el congreso del PJ expulsó también al ex diputado Pedro Rodríguez y a otro ex PCI, Carlos Sfulcini (PCI) y el sábado último, cuando por iniciativa del jefe del bloque peronista en la Legislatura, Leandro Busatto, se canceló la ficha del octavo represor: el ex diputado Julio Adelaido Ramos.
“Quedó absolutamente claro que el Partido Justicialista de Santa Fe adhiere a la aspiración legítima de memoria, verdad y justicia, y sus autoridades bregan en consecuencia”, dictaminó el Tribunal de Disciplina del PJ. Y aconsejó la “separación definitiva” de Vidal de su cargo de secretario general del PJ de Venado Tuerto, que es lo que se aprobó por unanimidad.
