En los umbrales de llegar a 100 asesinatos en Rosario antes de terminar abril, el documento Dejar matar, dejar morir que este diario publicó días atrás, pone en la coyuntura de esta provincia que empezó a transitar su campaña electoral un par de propuestas que dan que hablar: el corrimiento de la policía de Santa Fe de la calle y de sus tareas de investigación y prevención del delito para reemplazarla por fuerzas federales, habilitar la reelección del gobernador para propiciar políticas en seguridad de largo plazo, y el cambio ministerial del Servicio Penitenciario Federal.
Esta segunda parte del informe que elaboró la ONG Observatorio de Política Criminal contiene las conclusiones del consultor en políticas de seguridad pública Ariel Larroude, ex director de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación en la gestión de Sabina Frederic.
El estudio hace foco en la policía provincial, y su naturaleza de doble pacto con el delito y con la clase política como el origen de los niveles de violencia que hoy ponen a Rosario como la ciudad más brava de Argentina, con 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cinco veces más que el promedio nacional.
"Se plantea la necesidad de poner en práctica la Ley de Seguridad Interior que en su artículo 13 posibilita la creación por parte del Estado Nacional de un comité de crisis para intervenir la ciudad con fuerzas federales y se propuso correr a la Unidad Regional II de las tareas de investigación y prevención del delito ordinario y complejo, hasta tanto exista una profunda depuración de sus elementos corruptos", señaló Larroude.
Asimismo, el dossier interpela la agenda política en temas estructurales: postula revisar la ley N° 23.737, que versa sobre la penalización del consumo y comercialización de estupefacientes; y además, para Santa Fe, la postergada reforma constitucional para un asunto puntual, la reelección del gobernador.
Con la ley de drogas sin reformar, dice Larroude, "solo se ha garantizado un alto nivel de persecución y represión sobre los consumidores y eslabones más bajos de las estructuras criminales, sin llegar a desarticular las grandes bandas que operan en la Argentina y en el resto del mundo".
El consultor reveló a Rosario/12 que las propuestas vertidas en su informe se las había presentado en su momento a la por entonces ministra Frederic, entre 2020 y 2021.
"Nunca las consideró, y una vez que dejó el Ministerio, hizo declaraciones sobre cómo gestionar la seguridad en Rosario, y tomó mis propuestas como si fueran suyas. Pero Jamás pensó en aplicarlas. Me tomó el pelo, y se dedicó a gobernar con 5 amigos", reprochó Larroude.
En cuanto a la imposibilidad en Santa Fe de reelegir al titular del Ejecutivo, el informe confronta: "Esta situación, que a priori puede ser tomada como un gesto cabal de republicanismo, por cuanto supone una renovación constante de la cartera ejecutiva, se convierte hoy en un escollo en términos político-criminales toda vez que inhabilita la posibilidad de diagramar una política securitaria a largo plazo en la Provincia".
El fundamento estriba en que "la planificación sobre las fuerzas de seguridad no puede estar sujeta a los cambios constantes en los mandos políticos, sin haber impactado todavía en las estructuras delictivas, como también en los mandos policiales que necesitan criterios estratégicos y operativos estables. Toda política de seguridad debe ser perdurable en el tiempo, por lo menos ocho años corridos", señala. Y esto –agrega– "solo sirve, siempre y cuando, las fuerzas federales hayan iniciado sus tareas de prevención y represión, tanto del delito complejo como del delito ordinario en reemplazo de la fuerza policial rosarina que debe ser depurada en un proceso de reconstrucción doctrinaria, orgánica y operativa que debe llevar no menos de 4 años".
Luego señala como necesario, pero a nivel país, la reubicación orgánica del Servicio Penitenciario Federal, hasta ahora subordinado al Ministerio de Justicia de la Nación. Larroude considera que debe tomarlo el Ministerio de Seguridad, para un funcionamiento más eficaz del control y el análisis criminal, en tanto siga siendo un lugar donde se digita el delito complejo y sus consecuencias violentas.
Por último, el estudio Dejar matar, dejar morir, concluye con la sugerencia de fijar criterio único para la recolección de datos y análisis en materia de narcotráfico. Esto es porque hoy conviven sistemas paralelos, uno por cada fuerza federal, además de la presencia de la policía provincial en el medio. "Para evitar que la persecución solo se dirija a los adictos e infractores de menor valía y comience a direccionarse hacia los eslabones más importantes de la cadena criminal: hoy el 70% de los procedimientos antidrogas versaron sobre delitos de tenencia para consumo y tenencia simple de estupefacientes".
