El Gobierno acumula más de tres meses dilatando la reglamentación de la ley de gratuidad de la tarifa eléctrica para usuarios electrodependientes por cuestiones de salud. Mientras, los hogares con esa problemática continúan enfrentando abultadas facturas, de hasta 7000 pesos, y avisos de corte de las distribuidoras por reclamo de deudas impagas. El 26 de abril el Congreso convirtió en ley el proyecto que establece la prestación del servicio sin cargo, garantiza su provisión permanente y con niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud. “Nada cambió en relación a la situación del año pasado, cuando todavía no contábamos con una legislación que nos ampare. La ley no se reglamentó y quedamos a merced de la decisión de las distribuidoras”, se quejó ante PáginaI12 Mauro Stefanizzi, miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes y papá de Joaquín, quien requiere de este servicio de manera permanente. Ante la consulta de este diario, el Ministerio de Energía reconoció la demora en la implementación de la norma y atribuyó el atraso en la distribución de los generadores a la necesidad de resolver cuestiones medioambientales. 

La ley garantiza la provisión de grupos electrógenos sin cargo para cubrir los eventuales cortes de luz, establece que es el Ministerio de Salud y no las prestadoras quien decide qué hogar encuadra en el beneficio, contempla la realización de campañas de concientización y la apertura de una línea telefónica gratuita para casos de emergencia. Sin embargo, hasta la fecha nada de eso se está cumpliendo. “Entendemos que se tienen que establecer reglas para ver qué área del Ministerio de Salud debe llevar a cabo el registro de electrodependientes, para que se pueden entregar los generadores y el combustible. Esto queda a cargo del Ejecutivo”, señaló Stefanizzi. “Lo que queda claro es que no le interesa esta ley”, agregó. 

La norma quedó promulgada per se tras pasar los diez días hábiles desde su aprobación sin veto presidencial. El Congreso le giró al Ejecutivo el texto convertido en ley el 4 de mayo, por lo que comenzó a regir el 18 de ese mes. Pero en medio de ese período, el 11 de mayo, el Ministerio de Energía decidió imponer un techo al consumo de esas familias que, por cuestiones de salud, requieren de ese servicio. La cartera que conduce Juan José Aranguren ratificó un consumo máximo gratuito de 600 kilovatios por hora, por encima del cual estos usuarios comenzarán a pagar por un supuesto uso excedente eléctrico, un valor que asciende a entre 300 y 600 pesos por megavatio/hora. Los topes máximos y las tarifas por consumo excesivos contradicen lo dispuesto en la ley que sancionó el Congreso para electrodependientes.

Esta resolución se contradice con el artículo 3 de la ley aprobada, que establece la gratuidad de la “totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica”. No obstante, a través de la normativa firmada por el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, se corrigió una resolución anterior, la número 256 del pasado 2 de mayo, y se estableció la bonificación limitada y los cargos extras, con los precios más altos.

“A mí me vino ahora una factura de mil pesos y la anterior había sido de unos 6000. Cuando vamos a las distribuidoras, argumentan que la ley no está reglamentada”, explicó el padre de Joaquín. Esto lleva a que sean las compañías las que están identificando los equipos de los hogares electrodependientes y auditan con sus médicos la documentación y, eventualmente, envían un profesional al hogar. En muchos casos niegan el beneficio. Un caso que se denunció ante la Asociación fue la negativa para un hogar en el que había una persona conectada las 24 horas a una bomba de alimentación por una grave enfermedad en el sistema digestivo, y que para la distribuidora no era electrodependiente. 

Desde la entidad se inició una campaña de identificación de equipos y de domicilios para alertar a las cuadrillas que intenten realizar un corte en el suministro por acumulación de deuda que se trata de una familia electrodependiente. Las distribuidoras continúan intimando a varios hogares con cortes. “Empezamos a pegar unos calcos en las casas y edificios”, explicó Stefanizzi. 

Hace un mes el Ministerio de Energía, como medida paliativa, instó a las distribuidoras a que otorguen la gratuidad del suministro. La instrumentación estaba a cargo del ENRE, que recién la semana pasada comenzó con la implementación de la gratuidad de la tarifa, que se aplicará de manera retroactivo a mayo para las distribuidoras Edenor y Edesur, donde tiene jurisdicción el organismo. El resto de las provincias debe acogerse a la norma, pero para ello debe estar reglamentada y en vigencia. De todos modos, aún queda pendiente la creación de un registro y la distribución de los generadores, algo tan importante como la tarifa cero, pero que depende de que el Ejecutivo tenga la voluntad política de reglamentar la ley. 

El 29 de mayo la Asociación elevó una carta a la Casa Rosada para pedir una audiencia con el presidente Mauricio Macri, a fin de insistir con el reclamo de reglamentación de la medida. Sin embargo, la entidad no fue recibida. La semana pasada hizo lo mismo con las autoridades del Ministerio de Salud, de quienes tampoco obtuvo respuesta.