El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín escuchara hoy a la única víctima de lo que se conoce como el tercer juicio vinculado a la persecución que el aparato represivo de la última dictadura dedicó a militantes de Montoneros que participaron de la Contraofensiva. Aixa Bona, sobreviviente de Campo de Mayo, contará cómo conoció y reconoció al único acusado del debate, Roberto Álvarez, comisario retirado de la Federal, quien deberá responder por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos que Bona padeció en Campo de Mayo y la delegación de la Federal en San Martín. Los hechos ya fueron probados en un debate previo en el que Álvarez intentó declarar como testigo y fue reconocido como represor, así que se prevé un juicio express. Sin embargo, puede llegar a servir para más: ¿qué rol cumplía este personaje dentro del plan sistemático genocida?
El 6 de agosto de 2020, Aixa Bona vio y oyó a través del canal de YouTube del medio comunitario La Retaguardia la audiencia número 44 del juicio Contraofensiva que dirigía el TOF 4 de San Martín contra un puñado de jefes de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, del Destacamento de Inteligencia 201 y de la sección Operaciones Especiales de Campo de Mayo. Aquella jornada recogería testimonios vinculados a la muerte de su pareja, Gervasio Guadix, montonero como ella, asesinado en 1980. Uno de los testigos fue Álvarez, a quien Aixa reconoció como la persona que la llevó desde Campo de Mayo, encapuchada y con las manos atadas, hasta la Delegación de la Federal en San Martín. Un represor que andaba suelto. Se inició luego la instrucción que derivó en el juicio que recién comienza.
Una puerta hacia la oscuridad
“Algunas causas funcionan como cámara de eco respecto de otras investigaciones pendientes que podrían ser posibles”, indicó Gabriela Sosti, que lleva la representación de la Fiscalía en el flamante debate. Una de ellas es la que, finalmente, obligó a Álvarez a ocupar el banquillo de los acusados, el lugar que le corresponde. Aquella vez ante el TOF 4 no fue la primera de Álvarez ante la justicia en modo testigo: declaró en el marco de la instrucción de la causa Contraofensiva, a cargo de la jueza de San Martín Alicia Vence, y también frente al juez Rodolfo Canicoba Corral en otro expediente vinculado con crímenes de lesa humanidad.
Para cuando efectuó el traslado de Bona, Álvarez revestía como comisario a cargo de la Delegación bonaerense en la que años antes estuvo ejerciendo la jefatura Carlos Gallone, el policía que se hizo famoso por el cínico abrazo a una Madre de Plaza de Mayo en todos los medios de la época y que recibió una condena a prisión perpetua por la Masacre de Fátima. Álvarez estuvo en ese cargo desde 1979, pero de su legajo se desprende que integró la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal durante la última dictadura cívico militar, una de las estructuras que desde esa institución se dedicó a recoger información junto con la Dirección General de Interior. Y luego está el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, que albergó a Isabelita, infiltrada en Madres de Plaza de Mayo, a Américo Balbuena, recientemente condenado por su infiltración en la agencia de noticias Walsh, y continúa activo. La mayoría de los represores condenados por los crímenes de circuito ABO respondían a esas estructuras.
Sin que hubiera más indagaciones de parte de la Justicia, Álvarez habló de sobre su rol en la Inteligencia Federal durante sus testimonios como testigo. Según fuentes cercanas al expediente, a Canicoba Corral Álvarez le informó que trabajaba en la Dirección General de Inteligencia de Seguridad Federal y que su función era “reunir información para su jefe”. Su jefe directo era Juan Carlos Lapuyole, otro de los condenados a perpetua por Fátima. Eran tiempos en los que la Federal estaba bajo el mando máximo del militar Alejandro Arias Duval. Años después se sentó ante el TOF 4 y fue respondiendo las preguntas de Sosti, que entonces también fue fiscal.
–¿Qué cargo tenía en 1979 y 1980?-- le preguntó Sosti al entonces testigo.
–Era comisario, jefe de la Delegación San Martín– respondió Álvarez.
–¿Y qué vínculo tenía la Delegación con Campo de Mayo?
–El vínculo normal de protocolo, más en algún momento (era) dependencia operativa de la Escuela de Caballería (de Campo de Mayo)-- apuntó el comisario retirado. Sosti buscó la forma de que aclarase el testigo qué clase de tareas cumplía en base a esa dependencia. Entonces, liviano, Álvarez dijo: “Yo visité algunas instalaciones de Campo de Mayo. Las visitas eran corrientes puesto que funcionaba una comunidad llamada ‘comunidad informativa’ (en donde) había intercambio de información útil a las necesidades del Estado”. Un estado represor y genocida en plena “guerra contra la subversión”. Aquel testimonio, no obstante, no puede tomarse en cuenta para acusarlo en el debate en el que está siendo juzgado.
Un juzgamiento que debió llegar antes
Álvarez llega a juicio ahora después de que, finalmente, una sobreviviente lo ubicara dentro de un centro clandestino y describiera cometiendo un crimen de lesa humanidad. Aixa Bona lo identificó como la persona que la sacó desde adentro de Campo de Mayo, que tuvo contacto con quienes dirigían el campo de concentración, y una vez arriba del auto la llevó hasta San Martín, le sacó la capucha y le hizo preguntas. Sin embargo, su rol en la Inteligencia de la Policía Federal debió haberlo puesto bajo la lupa de la Justicia desde antes.
“La Policía Federal dependió del mando operacional del Ejército y sabemos que dentro del plan sistemático de la dictadura el Ejército tenía la responsabilidad primaria en la Inteligencia”, indicó Sosti, esa tarea tan necesaria para poder desplegar el terror por cada rincón del país. Sin los trabajos de Inteligencia, que comenzaron bastante antes del 24 de marzo de 1976, no habrían sido posibles los operativos de secuestros que derivaron en cientos de centros clandestinos repletos de estudiantes, trabajadores, militantes y disidencias cautivos, torturados, desaparecidos. Por tal motivo, el análisis de Álvarez y su paso por la Inteligencia federal “puede ayudar a leer con más exhaustividad la responsabilidad en el plan sistemático que tuvo ese aparato y el de las policías provinciales dentro de la comunidad informativa que lideró el Ejército”, concluyó la fiscal.