La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer modificaciones a la ley provincial 7.925 para que la provincia y los municipios lleven a cabo acciones de prevención del dengue. La iniciativa, de autoría de la diputada provincial, y médica, Gladys Paredes (San Martín, bloque Más Salta), se aprobó en medio de un crecimimiento exponencial de los casos de dengue en la provincia, que hasta anteayer había totalizado 7997 casos. 

Al presentar su proyecto, Paredes recordó que en la provincia es habitual que en marzo aparezcan casos de dengue. Y, como también lo hicieron otros y otras legisladoras, destacó que este año la cantidad de casos sobrepasó la de años anteriores. Si bien afirmó que cada municipio se está haciendo algo paras combatir al mosquito aedes aegypti, que transmite la enfermedad, aseguró que “salir a hablar de dengue para esta época del año no es suficiente” porque con el mosquito se convive todo el año. 

“Es muy difícil tratar esta enfermedad” porque depende de la responsabilidad individual, sostuvo antes de explicar que su proyecto se propone establecer cuando y como trabajar. “No sirve empezar a trabajar en marzo”, ratificó antes de asegurar que el Ministerio de “Salud no es responsable del dengue, es responsable del tratamiento” no de la prevención. Y para su prevención dijo que es necesario que haya educación para la salud. 

Dada en mayo de 2016, la ley 7925 declara zona de alerta y vigilancia epidemiológica permanente a la provincia de Salta debido a la epidemia del dengue. La modificación proponía originalmente que en cada localidad se creara una Comisión Municipal de seguimiento y aplicación de esta ley y en ese marco, que elabore un plan de contingencia. La modificació apuntaba a que en la ley 7925 no se había previsto el tiempo para llevar a cabo acciones de prevención, y tampoco se especifica exactamente qué actividades deben realizarse. 

La modificación y ampliación de la Ley 7925 determina acciones tanto en el periodo pre-brote como brote con el propósito de que se eliminen los focos de reservorios y criaderos del aedes aegypti y para concientizar a la población de que la lucha contra el mosquito es un problema de toda la comunidad y no solamente de las y los integrantes de la Salud Pública. También prevé que se lleven a cabo estrategias locales educacionales o colectivas con la participación de los sistemas educativos y medios de comunicación. 

El tratamiento del proyecto, que acompañaron otros legisladores, motivó un largo intercambio en el que en general prevalecieron los mensajes de apoyo, empezando por el diputado Bernardo Biella (Capital, Salta Independiente), que recordó que en 1960, por primera vez, la provincia de Salta fue declarada libre de dengue. 

El único punto que generó algo de rispidez fue expuesto por el diputado Santiago Vargas (San Martín, Unión Salteña), que lo consideró un avance sobre la autonomía municipal al imponerles la creación de una comisión y además entendió que invierte la carga y pone la responsabilidad de controlar la enfermedad en los municipios, cuando debería ser del Ministerio de Salud. 

El representante de Metán, Antonio Otero (Salta Tiene Futuro), se había adelantado aclarando que se crearía una comisión provincial con participación de los municipios, precisamente para que no se inteprete que se avanza sobre sus potestades. Luego respondió Cristina Fiore (Capital, Ahora Salta), quien recordó que la ley 7925 faculta al Ejecutivo Provincial "a disponer de todos los recursos presupuestarios, humanos y materiales vinculados a la sanidad provincial" con el "fin de ejercer acciones efectivas tendientes a consolidar y extender la barrera de prevención y erradicación definitiva del Dengue y otros posibles brotes epidémicos como el Zika o Chikungunya".

Vargas también citó cifras del dengue, que se cobró 48 muertos en el país, diez de ellas en Salta. Y recordó la situación de las personas que trabajan en el área de Epidemiología de la Nación, que se encarga de llevar adelante campañas de prevención del dengue, y que con la entrega por parte de la Nación a la Municipalidad de la ciudad de Salta del edificio de la Palúdica quedaron sin lugar de trabajo. "Como médica sanitarista me duele mucho lo que hicieron con la Palúdica en el gobierno de Macri. Hasta combustible les teníamos que dar para que fueran a las localidades", agregó Paredes.

Por otro lado, en el intercambio saltó también a la luz la precaria situación de los y las agentes socioambientales, contratados por la provincia que también realizan acciones de prevención del dengue. Según contó la legisladora Alejandra Navarro (Anta, Más Salta), cobran solo 16 mil pesos, y a veces con un atraso de hasta cuatro meses. 

El proyecto debe ser tratado ahora en el Senado. 

Empresas recuperadas 

Por otro lado, Diputados aprobó un proyecto del bloque oficialista Gustavo Sáenz Conducción, que prevé que el Estado salteño genere alternativas para el mantenimiento o la creación de puestos de trabajo en empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas de trabajo.

Patricia Hucena (Orán) presentó la iniciativa. Recordó que en el país hay más de 400 empresas recuperadas, de las cuales 180 tienen una situación precaria, que generaron más de 1800 puestos laborales en todo el territorio nacional

“Es crucial ayudar y apostar a estos proyectos productivos para que nuevos puestos de trabajo se desarrollen en la sociedad”, aseguró antes de recordar que en el país ya hay leyes de fomento de empresas recuperadas, las tienen Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. “Es momento de que nuestra provincia también tenga una ley que acompañe el proceso de recuperación de las empresa por parte de los trabajadores”, instó. 

Isabel de Vita (Capital, Todos) puso el ejemplo del gobierno de la provincia de Buenos Aires y animó a que esta ley debería prever también que se declare la emergencia económica de las cooperativas, lo que las ayudaría a sanear su situación. 

El único que se opuso fue el diputado Enrique Sansone (Capital, Salta Tiene Futuro). “El formato de la cooperativa no defiende para nada al trabajador”, aseguró, aunque luego aclaró que no está en contra del cooperativismo, pero ocurre que "el sistema cooperativo es extraordinario, pero es malo en Argentina”. 

Hucena le aclaró que estaban hablando de cooperativas de trabajo y que estaba mezclando casos de fraude. 

"Alcohol cero no alcanza"

Otro tema que provocó un largo intercambio fue un proyecto de declaración de la diputada Mónica Juárez (Capital, Salta 8 de Octubre) para que los y las legisladores nacionales por Salta proponga modificaciones en el Código Penal para agravar las penas a las personas que provocan siniestras viales bajo los efectos del alcohol o las drogas. 

Empezó Vargas recordando el caso de la policía Fátima Cardozo, que falleció tras ser atropellada por un conductor ebrio, y la muerte de Pablo Verón, en Tartagal, en circunstancias similares. Alcohol cero “no alcanza”, aseguró, enseguida recordó que en Salta se producen 11 accidentes por día y ya hay 43 fallecidas en lo que va del año. En la mayoría de esos casos, había alcohol o el uso del celular entre las causas del siniestro vial, sostuvo.Quienes matan a una persona bajo los efectos del alcohol "son asesinos", subrayó. Y añadió que con las penas no severas que reciben estas personas “pareciera que las víctimas no tienen justicia”.

“Es necesario que esta conducta reprochable sea considerada antijurídica” y pasible de pena privativa de la libertad, añadió Hucena. 

La ex jueza de Faltas Verónica Saicha (Capital, Salta Tiene Futuro) sostuvo que los y las legisladoras nacionales tienen que aprobar la tipificación de la conducción en estado de ebriedad.