“En Salta, las infancias indígenas siguen abandonadas por el Estado”, es el título del comunicado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) al evaluar el panorama actual de las causas que provocan muertes de niñeces, sobre todo de pueblos indígenas, en el norte salteño.

La posición se difundió luego de la visita que realizó la semana pasada la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Nación, Marisa Graham, a quien la provincia le informó que durante la última época estival fallecieron solamente 14 niños y niñas por causas reductibles o evitables. Según las estadísticas oficiales, en el período anterior fallecieron 45 infantes en el Chaco salteño. En la provincia, se contabilizaron 79 fallecimientos entre las infancias.

“A la luz de los últimos diagnósticos que trascendieron sobre los índices de mortalidad infantil de niñeces indígenas en Salta, las organizaciones de Infancia en Deuda (IED) manifestamos, una vez más, nuestra preocupación por las graves vulneraciones de derechos que éstas enfrentan día tras día y año tras año. En particular, destacamos las consecuencias gravísimas de la falta de acceso al agua potable y del incumplimiento de la Ley de Salud Intercultural”, indica el comunicado publicado por ACIJ, que es integrante de IED.

Aguas del Norte, “sin obligación”

Respecto de la situación de provisión del agua, las organizaciones afirmaron que sigue siendo un problema “en estado crítico”. Las comunidades abordadas por el colectivo de IED, señalaron que “no existe infraestructura hídrica, que los planes de emergencia de provisión de agua son insuficientes, irregulares y que en la mayoría de los casos no brindan agua apta para el consumo humano, y que en los muy pocos casos donde hay obras proyectadas, se encuentran paralizadas y sin avance alguno desde hace años”.

En el mismo apartado sobre el agua, reseñaron que la respuesta de la empresa Aguas del Norte, que provee el servicio, fue que “no tiene la obligación” de dar el recurso, dado que su marco de actuación es solamente en “zonas servidas. Y las comunidades (en donde no hay conexión de agua en red), están en zonas “no servidas”, de acuerdo al decreto 3562/10.

“Según esa norma, únicamente hay derecho a asistencia técnica que debe ser solicitada expresamente por la comunidad y eventualmente puede derivar en obras de provisión de agua o no, según la oportunidad y conveniencia. En otras palabras, para el Estado salteño el derecho humano al agua potable se encuentra condicionado al criterio de oportunidad definido por la burocracia de una empresa estatal”, explicó el colectivo de IED.

Una cautelar sistemáticamente incumplida

De los cinco albergues cercanos a cinco hospitales de la provincia, “solamente uno viene funcionando y es el albergue del IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta)", dijo a Salta/12 el abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Francisco Rodríguez.

Este punto en particular se encuentra en la medida cautelar presentada por la ACIJ, y que ya tuvo resolución favorable por la Corte de Justicia de Salta. Entre otras medidas que se debían cumplir, se encontraba la necesidad de habilitar al menos una sala en el Hospital San Roque, de Embarcación (municipio del departamento San Martín). Pero tras la muerte de Briana Sánchez, la nena de 6 años de Misión La Loma (del Pueblo Wichí) que falleció dentro del Hospital luego de una larga demora en la atención, lograron verificar que se incumple, dijo el letrado. Mientras, ni en Orán (cabecera del departamento homónimo), ni en Tartagal (en San Martín), ni en Santa Victoria Este (de Rivadavia) existe un albergue”. Estos son los tres puntos sanitarios de referencia más cercanos a las comunidades originarias del Chaco salteño y la ozna de Orán. El albergue del IPPIS, el único que funciona, existe desde antes de que se haya presentado y resuelto la medida cautelar.

Rodríguez añadió que otra gran falta es la de facilitadores y facilitadoras bilingües en los hospitales, que se había pedido expresamente y el Ministerio de Salud de Salta prometió cumplir. “En noviembre del año pasado nos habían informado que iban a contratar personas divididas entre los hospitales (...) lo que tomamos conocimiento es que no han sido contratadas”, sostuvo. O hay casos en que estas personas son enviadas a tareas de limpieza o mantenimiento según la necesidad de cada Hospital.

Esta falta de acceso a la salud también genera en los y las integrantes de las comunidades una falta de confianza en “un sistema sanitario expulsivo”, dado que prefieren no llevar a sus pequeños hasta lugares en donde las respuestas son insuficientes.

Mientras, desde 2008 se espera la reglamentación de la Ley de Salud Intercultural, que enmarca estas necesidades y las pondera como obligación estatal para evitar fallecimientos infantiles. Si bien existe un proyecto de reglamentación, “la propuesta es deficitaria porque no ha sido sujeta a consulta con las comunidades originarias”, indicó la ACIJ.

Información oficial “opaca”

“Esta situación afecta a las infancias en forma desproporcionada, dañando su salud y conduciéndolas a la muerte. En relación con esto último, la información sobre los fallecimientos de niñas y niños es totalmente opaca”, es una de las conclusiones a las que arribaron las organizaciones de IED.

Agregaron: “La práctica estatal consiste en difundir datos incompletos, y el gobierno hasta omitió responder a pedidos de información presentados por IED que buscan clarificar el modo en el que se construyen las estadísticas, en directa violación a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Esta situación despierta temores fundados en las comunidades y en las organizaciones, cuyas experiencias permiten, además, inferir que no todas las muertes son efectivamente registradas. Los últimos datos disponibles arrojan que en los últimos tres años fallecieron en la provincia al menos 108 niñas y niños en 2020, 64 en 2021 y 45 en 2022”. Estos números son los que corresponden al Chaco salteño.

“En este contexto de violación sistemática de derechos humanos y desidia estatal, las organizaciones de Infancia en Deuda exigimos nuevamente al Estado salteño, a la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los restantes organismos de protección de derechos, que brinden respuestas urgentes para que las infancias indígenas dejen de morir”, concluyeron.