Comunidades mapuches de Mendoza denunciaron ante el Inadi y la ONU al gobierno provincial, por “discriminación racial” y “xenofobia”. La demanda exige que se revierta la resolución impulsada por el bloque de diputados macristas que declararon a ese pueblo originario como “no argentino”, y pide una reparación por la “violación de derechos” constitucionales.

La presentación es la antesala de una serie de denuncias que las organizaciones indígenas tienen previstas contra la política del gobernador Rodolfo Suárez y su aliado Alfredo Cornejo, que niegan la preexistencia mapuche en Mendoza.

El primer paso fue este texto fue presentado ayer ante el Instituto contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), dependiente de Naciones Unidas.

Plantea que la Resolución 1.390 votada el 29 de marzo y promovida por el Frente Mendoza Cambia es “discriminatoria” y promueve el racismo. La resolución en cuestión tiene dos puntos clave: rechaza la entrega de tierras que el Estado nacional dispuso para comunidades que mantenían un reclamo de propiedad ancestral; y dice que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”. Es decir, a contramano de lo que reconocen la Constitución y los tratados internacionales.

“La idea es incidir (en organismos nacionales e internacionales) para que esta resolución se revierta”, puntualizó Gabriel Jofre, werkén de la organización Malalweche, impulsora de la denuncia.

"El Estado argentino debe accionar"

Lo que las comunidades también exigen es que el Estado haga una “reparación satisfactoria” por esa declaración xenófoba y las expresiones racistas y negacionistas vertidas por referentes del oficialismo mendocino, inclusive el gobernador Suárez que habla de “pseudo mapuches” y “mapuches autopercibidos”.

La denuncia enviada al Inadi apunta a que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Pero como este organismo no tiene atribuciones para incidir sobre el Estado mendocino en las reparaciones que exigen las comunidades, el caso llegó también a la ONU.

El CERD tiene la facultad para plantearle al Estado que la Resolución 1390 es “restrictiva de derechos y contradictoria con los convenios internacionales”, y pedir que se revierta, explicó Jofre a Página/12.

El cuestionamiento también rebota sobre el Estado nacional, por ser este el responsable de lo que ocurre en el país frente a los organismos internacionales. “Cuando una provincia actúa como Mendoza, pasando por encima de la constitucionalidad, el Estado argentino debe accionar”, añadió el werkén.

La votación de la resolución

La resolución que cataloga de “no argentinos” a los mapuches se basó en una serie de hipótesis no demostradas, formuladas por historiadores que sostienen que esa comunidad nunca tuvo asiento en Mendoza. Este argumento fue desbaratado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados provincial, pero aún así se aprobó.

Por este motivo, investigadores del Conicet y de distintas instituciones nacionales e internacionales expresaron su rechazo público a esos fundamentos y a la normativa sancionada por 30 votos a favor y 8 en contra, la mayoría del kirchnerismo.

Estos puntos están incluidos en el escrito de 45 páginas que llegó al Inadi y la ONU, así como también las declaraciones xenófobas del gobernador y de sus funcionarios. Incluye también ejemplos de la “campaña antimapuche” lanzada por la alianza local de Juntos por el Cambio, a partir del reconocimiento de territorios ancestrales resuelto por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La reparación

La reparación que exigen las comunidades en esa denuncia tiene tres ejes. El primero es que se reconozca que la cuestionada resolución votada por la legislatura sea considerada como “un acto de discriminación racial”. Si esto ocurre, la resolución debería ser invalidada.

El otro punto es que esto sea reconocido formalmente en el Boletín Oficial y publicado también “en los principales diarios nacionales y provinciales”. Y finalmente, lo que se pide es un “ofrecimiento de disculpas del Poder Ejecutivo Nacional” (por extensión, del provincial) a las comunidades del pueblo mapuche de la argentina.

Los tiempos administrativos y la gravedad del hecho indican que el eco de la denuncia debería ser inmediato, aunque tiene entre uno y dos meses para ser respondida.