Diego Luciani, el fiscal de la causa Vialidad, en la que fue condenada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció al diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner por presuntas maniobras irregulares en una licitación que, según afirmó, surgen de pruebas que se dieron a conocer durante el juicio oral, en particular de los chats del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas, José López.
En un escrito de 171 carillas, presentado ante la Cámara Federal, el fiscal denunció, además de Kirchner, a los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa y Jorge “Corcho” Rodríguez y a exfuncionarios del Banco Nación por supuestas maniobras irregulares. Una de ellas, en la que no habría intervenido Máximo Kirchner, habría ocurrido durante la licitación por la construcción del hospital Materno Infantil de Río Gallegos, que estaba supervisando el secretario de Cristina Kirchner, Mariano Cabral, y el ahora ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.
Según Luciani, en los chats que se dieron a conocer durante el debate oral de la causa Vialidad se detectó que José López le envió un mensaje a su segundo Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, indicando que debían "sacar urgente" la licitación. "Tan urgente era que hasta debían sacarla 'sin estudio de suelo', puesto que López había hablado con la Presidenta (Kirchner) y le había dicho que licitaban en 15 días", señaló en su denuncia el fiscal, quien dijo que eso da muestras del entramado irregular de cómo se manejaban las licitaciones.
Respecto a Máximo Kirchner, Luciani denunció que sus chats con López “demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos”. La obra, afirmó el fiscal en su denuncia, "se adjudicó ilegalmente" el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla SA – empresa del Grupo Báez.
Luciani recordó que no se pudo calificar la obra por los defectos que tenía el trámite, que el pliego de Kank fue descalificado y "si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque estaba trascurriendo el último año del período presidencial de Cristina Fernández".
"Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi. Lo llamativo –e inadmisible– es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales", remarcó el fiscal.
Antes de la convocatoria de la licitación, continuó Luciani, empleados de Lázaro Báez “se reunían y conversaban con Matías Bezi, Máximo Kirchner, José López, entre otros, para definir las calles que iban a ser licitadas y, para fijar el objeto de la licitación. La falta de transparencia es total, máxime cuando destacamos que la obra en la que se presentó una sola oferta fue adjudicada a la constructora Kank y Costilla, que según se acreditó pertenecía al Grupo Báez. Esto no deja lugar a dudas en cuanto a que, ya desde sus inicios, esta licitación estuvo amañada y fue ilegalmente direccionada hacia una empresa de Lázaro Báez”.
“La orden de realizar la licitación para la obra de pavimentación de las 100 cuadras de Río Gallegos, como así también el apuro por definir cuáles serían esas 100 cuadras y en adjudicar la licitación, provenían directamente de los más altos cargos del Poder Ejecutivo, de los cuales Máximo Kirchner era claro intermediario”, afirmó Luciani.
Máximo Kirchner no fue juzgado en el juicio Vialidad. Por lo tanto, la denuncia que ahora hace el fiscal se va a sortear en la Cámara Federal y quedará en poder de un juez federal decidir si podría emprender eventualmente una nueva investigación sobre ello.
