Disney demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y lo acusó de ejercer una "venganza" política después de que una junta designada por él anulará acuerdos que le daban al gigante del entretenimiento el control sobre la expansión de su parque de atracciones en ese estado.
En la presentación judicial, la compañía solicitó que se ilegalicen las leyes que le retiraron el control del distrito especial, alegando que se "promulgaron en represalia por el discurso político de Disney en violación de la Primera Enmienda", que protege la libertad de expresión.
"A la empresa no le queda más remedio que presentar esta demanda para proteger a sus miembros, a los clientes y a los socios locales de una campaña implacable para utilizar el poder del gobierno como arma contra Disney", indicó la compañía en el documento judicial.
Y sostuvieron: "En Estados Unidos, el gobierno no puede castigarte por decir lo que pensás".
El conflicto entre Disney de DeSantis
La sede de Disney World, en Orlando, no pagaba impuestos por un acuerdo que mantenía con el gobierno de Florida desde hace 55 años. Pero esto terminó el año pasado, cuando Ron DeSantis decidió disolver el contrato y envió el proyecto de ley al Congreso que, posteriormente, la votó.
Disney considera que se trata de una "venganza política", ya que fue después de una discusión entre DeSantis y la multinacional del entretenimiento, por las críticas de la compañía a la promulgación de la Ley del Derecho de los Padres sobre la Educación, en Florida. Es la norma cuyos detractores bautizaron como la Ley de No Digas Gay (Don’t Say Gay), porque prohíbe hasta la edad de nueve años la discusión en clase entre profesores y alumnos sobre orientación sexual e identidad de género, la permite en cursos posteriores, pero solo cuando se considere que es “apropiada para la edad o el desarrollo” de los estudiantes.
La semana pasada, DeSantis fue por más y consiguió que se ampliara esa ley. Por lo que en ese estado, no se podrán tocar temas de orientación sexual e identidad de género en todo el ciclo educativo, desde jardín de infantes hasta terminar el secundario. Y en caso de hacerlo, deberá ser justificado y los padres pueden negarse a que sus hijos se queden en el aula.
Por las críticas de Disney, el gobernador DeSantis designó en febrero a una junta para dirigir un distrito especial otorgado a Disney en los años 1960, en su parque de atracciones de Orlando, que la compañía gestionaba como un gobierno local.
"Una campaña selectiva de venganza gubernamental -orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso de Disney- amenaza ahora las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales", indicó la compañía en su demanda presentada ante un tribunal federal del norte de Florida.
Disney anunció además que tiene planes de inversión por más de 17.000 millones de dólares en Disney World en la próxima década, una medida que, según sus previsiones, creará más de 10.000 nuevos puestos de trabajo y atraerá aún más turistas a Florida.
