Después de su lapidaria declaración ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el exsecretario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, dobló la apuesta y acudió a Comodoro Py para aportar como testigo toda la información sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) que recolectó en las auditorías que los propios supremos le encomendaron --tres de las cuales contó que intentaron ocultar--. También denunció ante los tribunales las amenazas y los aprietes que les describió a diputados y diputadas, en los que involucró al vocero del juez Horacio Rosatti. El contador se presentó en una causa judicial, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Ramiro González, que apunta a los desmanejos en el sistema de salud judicial incluso en la gestión actual, a cargo de un hombre promovido por el presidente del tribunal.

Ante la Comisión y frente a la insistencia de la oposición en preguntarle si ya había hecho la denuncia penal por los hechos que revelaba, Marchi dijo que primero quería declarar en el Congreso y luego en tribunales. Su escrito judicial dice: "Vengo a presentarme y a solicitar se me incorpore como testigo a fin de poder ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí, como también a terceros. Por otra parte, también estoy dispuesto a efectuar la declaración que estime corresponder en los presentes actuados poniéndome a total disposición del señor fiscal como así también del señor juez de la causa". La presentación implica que, además del juicio político, podría avanzar una causa que hasta ahora se movió con parsimonia. 

Informes calientes

Marchi estuvo dos décadas en la Corte, a la que llegó de la mano de Ricardo Lorenzetti cuando empezaba un nuevo ciclo en el tribunal. La semana pasada fue expulsado por decisión de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Lorenzetti votó en disidencia y sostuvo que era una "sanción" por los informes de Marchi sobre la OSPJN, que le había enviado a Rosatti el día anterior, ante el pedido de la Comisión de Juicio Político. Era evidente que si la Corte no los entregaba, lo podía hacer él. La decisión de echarlo estaba tomada pero se mantuvo latente a modo de presión, ya que Marchi debía declarar en la Comisión, donde las sospechas sobre la Obra Social, vehículo de millones de pesos, son clave. Al final lo mandaron a la Cámara de la Seguridad Social. 

Entre los informes no publicados por la Corte, el cuarto sería el más comprometedor para el directorio actual de la OSPJN, encabezado por Mariano Althabe. Un punto que deja en evidencia es que, a pesar de que hace más de un año se detectaron situaciones como la falta de un sistema contable e informático que permita controlar, no se había licitado nada. Que incluso se siguen contratando prestadores a dedo, sin licitación, por montos siderales y arbitrarios. El documento revela la información que la Obra Social omitió entregar a la secretaría y las recomendaciones incumplidas. 

Marchi contó en el Congreso que en un comienzo en la vocalía de Rosatti no le querían recibir el informe, y al final se lo dio a Silvio Robles, vocero de Rosatti, pero no sabe si fue enviado a los demás supremos. "Yo creo que el traslado que han hecho de mí luego de mostrarles cómo es la administración obedece al informe cuatro. Creo que en el informe cuatro está la punta del ovillo porque involucra al doctor Althabe. El doctor Althabe fue propuesto por Rosatti y Robles escondió el informe. Esto es así de simple", lanzó. 

Team Lorenzetti

Lorenzetti venía votando en disidencia en acordadas y resoluciones del año pasado relacionadas con la OSPJN impulsadas desde que salieron a la luz sospechas de corrupción. Ahí denunciaba que las irregularidades continuaban. Decía que sus colegas modificaron el estatuto afectando normas; que el directorio incumplía reglas y que no había entregado informes requeridos por la Corte ni avanzado con pasos indispensables como licitar el software de gestión, hasta ahora inexistente; que el estado contable de 2020 lo había hecho un contador que no se sabe cómo fue designado; que fueron designadas personas por decisión de otras que incumplieron normas; que eso empeoraba la falta de control contable y administrativo, en un escenario donde no hay balances ni presupuestos; el director Althabe, decía, transfirió fondos a la Corte sin estar facultado ya que su contrato había vencido. 

Con todo eso, el fiscal federal Guillermo Marijuán hizo una denuncia por posibles delitos. La llevó ante el juez Lijo, que ya tenía la causa madre por el escándalo en la obra social, donde se investigan dos contrataciones: una con la “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI)" por 100 millones de pesos anuales desde 2008, que no habría cumplido su función; la otra, con la prestadora "Fandamant S.A.", que debía hacer control de recetas pero sería una firma fantasma. Lijo mandó a sorteo la causa y le tocó a él mismo, en otro juzgado que subroga. El fiscal González impulsó la investigación unos días antes del desplazamiento de Marchi y, entre las primeras medidas, requirió la auditoría que se conocía. Ahora Marchi le ofrece darle toda la información sobre todos los informes que comenzó a detallar ante la Comisión de Juicio Político. 

Guerra declarada

Medio día antes de la declaración de Marchi, la Corte mandó a la Comisión con la firma del trío mayoritario (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda) las casi 19 mil fojas que el contador había presentado y una nota donde decía que los responables de la Obra Social habían sido Marchi y Lorenzetti en sus tiempos de presidente supremo. El planteo era asombroso, porque un mail de Maqueda, del 31 de agosto de 2021, que también mandó el tribunal, reconocía que él se había ocupado de la supervisión desde 2008, aunque sin designación escrita. Decía que se lo había encomendado Lorenzetti, a quien incluso le agradecía. Señalaba logros, pero enumeraba una gran cantidad de dificultades. Fue por ese entonces y en el contexto de problemas generados por la pandemia en la OSPJN, que le encargaron a la Secretaría de Administración la supervisión y un diagnóstico de la situación, según contó ante los diputados y diputadas el martes pasado.

Marchi dijo que fueron los resultados de ese relevamiento los que generaron represalias sobre él y su equipo, incluso amenazas. "Todo aquel que ha trabajado conmigo en todas estas cuestiones está recibiendo amenazas de cualquier tipo", dijo, y pidió que sea a ellos --y no necesariamente a él-- a quienes se brinde seguridad. La diputada Mara Brawer (Frente de Todos) le preguntó si fue Robles quien los amenazó. "Por supuesto, uno, sí. Las operaciones de prensa. Ha amenazado a funcionarios que van a terminar en la Siberia si hablan conmigo. Hay seguimientos, sabe dónde yo me junto con alguien", precisó. Señaló que su traslado, que era una amenaza, ya se cumplió, y la otra era la "cesantía" -comentó que, si sucede, no le preocupa-. 

Al declarar sostuvo a rajatabla que el responsable de la OSPJN era Maqueda y todo pasaba por él. Hay dos tramos de su descripción que resumen sus hallazgos: 

  1. "No hay controles de pago, no hay controles de ingresos, hay diferencias de inventario (...) no hay conciliaciones bancarias (...) no hay presupuestos (…) Cuando veo los balances y veo que los mismos contadores en un párrafo dicen que el sistema no es confiable y que esta información se puede cambiar al día siguiente y son los mismos contadores que firman durante 10 años, me están diciendo que los que firmaron el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, puede ser un dibujo". 
  2. "La Obra Social, en materia de gestión financiera, para mí es un desastre. Hay remanentes de 10 mil millones en su caso, 5 mil millones y demás, en cuentas corrientes porque se olvidan de hacer los plazos fijos (...) implicó perder 3 mil millones de pesos para la Obra Social, dos meses de prestaciones a 100 mil afiliados. Si eso lo llevamos a los otros meses encontraremos cifras siderales de pérdida."

Un espejo de la batalla cortesana fue la reacción de los dos gremios judiciales. La Unión de Empleados de la Justica (UEJN), que comanda Julio Piumato, sacó un comunicado acusando a Marchi de mentiroso "con el único fin de justificar su gestión" y expresando "repudio". Le achacaron, además, no haber escuchado sus reclamos. En cambio, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) destacó que el testimonio de Marchi y otros evidenció "manejos espurios" de la Corte y "persecución a lxs trabajadorxs".