La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que la policía y el ejército de Perú son responsables de muertes que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias” y de abusos “brutales” durante la represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

Los hechos denunciados por la organización humanitaria tuvieron lugar entre el siete de diciembre de 2022  y febrero de 2023. En diciembre pasado el congreso de Perú destituyó al entonces presidente Pedro Castillo luego de su intento de disolver el parlamento. 

Desde que asumió la presidencia en 2021, Castillo, un maestro rural de la región andina de Perú, enfrentó numerosas mociones de vacancia por parte del congreso. 

Tras su destitutción, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió como mandataria y desde entonces el país vivió numerosas protestas en exigiendo la renuncia de la nueva jefa de Estado y el llamado a elecciones anticipadas. Boluarte sigue en el poder y no hasta el momento no hubo elecciones. La respuesta del nuevo gobierno fue la represión. Según Human Rights Watch, durante las movilizaciones hubo 49 muertes, de las cuales 39 corresponden a víctimas de heridas de bala.

"Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado", denunció César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de HRW, en el informe "Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”.

La ONG pidió establecer una comisión independiente integrada por expertos internacionales para que acompañen las investigaciones penales de la Fiscalía en los casos de violencia perpetrada por las fuerzas estatales.

"Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno", agregó Muñoz.

En las protestas murió un policía y seis soldados murieron ahogados cuando huían de manifestantes. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía.

La Fiscalía de Perú investiga a la presidenta Boluarte, de 60 años, y otros altos funcionarios por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".

Tras la publicación del informe de Human Rights Watch, Boluarte aseguró que HRW es una ONG “y acá en el territorio nacional cada institución tiene autonomía”. En el informe, HRW denunció "aparente pasividad" del gobierno ante los "abusos" cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas que azotaron al país y que eso reveló una "posible negligencia o incluso complicidad" de las autoridades.