Una comunidad afroecuatoriana exigió el fin de la persecución judicial contra cuatro líderes que fueron criminalizados por protestar contra la contaminación del agua provocada por una empresa palmicultora Energy & Palma.
Los pobladores también habían denunciado que la palmicultora invadió más de 250 hectáreas de su territorio comunal.
El presidente de la Comuna Ancestral Barranquilla de San Javier, Luis Quintero, explicó que la empresa Energy & Palma demandó a cuatro líderes de la comunidad por 350.000 dólares por las presuntas pérdidas luego de tres meses de protesta contra la empresa.
En 2022 la comunidad de Barranquilla en la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte de Ecuador, llevó adelante un plantón durante tres meses en reclamo a la contaminación de las fuentes de agua locales. También reclamaron que Energy & Palma ocupó ilegalmente 251 hectáreas del territorio comunal.
La empresa dedicada al cultivo de palma solicitó una indemnización por 350.000 dólares, una cifra que luego rebajó. Sin embargo, los líderes todavía enfrentan una segunda instancia judicial antes del fallo definitivo para cerrar el proceso.
"El mundo está al revés"
"El juez determinó que íbamos a pagar una (cantidad) mínima, pero así nos pongan 100 o 200 dólares es injusto.El mundo está al revés. Por nosotros defender la naturaleza, somos demandados con 350.000 dólares", denunció Luis Quintero.
"No cometimos ningún tipo de delito. Nada más hicimos un plantón pacífico donde ellos tenían acceso a llegar a su propiedad. Fuimos despojados por 300 policías cuando había mujeres embarazadas y personas de la tercera edad", agregó.
El líder comunitario, Luis Quintero, exigió terminar con la criminalización de los miembros de la comunidad y que la justicia los declare inocentes. A su vez, le pidió a la empresa palmicultora que respete el medioambiente de lugar y que devuelva las hectáreas que le corresponden a la Comunidad Ancestral de Barranquilla.
Quintero recordó que los pobladores de la comunidad continúan bajo amenaza y en esa línea responsabilizó a Energy & Palma por cualquier ataque que puedan sufrir.
Contra la criminalización de la protesta
Desde la ONU le solicitaron al Estado de Ecuador informar sobre las medidas parta evitar criminalizar las protestas y proteger los derechos humanos de las personas judicializadas.
Laa coordinadora de la campaña de Bosques de la organización Acción Ecológica, Nathalia Bonilla, aseguró que la preocupación de la ONU es un llamado de atención al Estado para que tome en cuenta los sucesos y establezca una política pública que garantice los derechos de los pueblos afrodescendientes.
En julio de 2022 los relatores de la ONU expresaron su "profunda
preocupación por esos presuntos actos de intimidación y criminalización de las
personas defensoras de derechos humanos y por no proteger contra los abusos de
derechos humanos que han sufrido por parte de la empresa".
Este reclamo fue respaldado por el Grupo de Trabajo
sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales, así
como por el relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos
humanos relacionadas con el disfrute de un medioambiente sin riesgos, limpio,
saludable y sostenible.
Los relatores sobre promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y expresión, derechos a la libertad de reunión
pacífica, y la relatora especial sobre la situación de defensores de derechos
humanos también acompañaron el reclamo por el caso de los líderes
criminalizados por defender su territorio y el medio ambiente.
