El vertedero a cielo abierto más grande del país iba camino a reconvertirse en un centro de reciclado, pero un grupo de empresarios influyentes de la zona volvieron a frenar el proyecto. Crece el conflicto y la protesta, tras un fallo judicial que ordena la suspensión de la obra y prohíbe seguir arrojando residuos.
Como había contado BuenosAires/12, “La Quema” recibe a diario las más de 100 toneladas de basura que producen los 120 mil habitantes de Luján, partido ubicado en la intersección de las rutas nacional 7 y provincial 6, que llega sin ningún tipo de separación de origen. En los últimos años, la ciudad experimentó un importante crecimiento demográfico y edilicio, haciendo que la mancha urbana se extendiera en distintas direcciones.
Al hacerlo también hacia el noroeste, hacia la zona de Sucre, se acerca peligrosamente al vertedero. Los vecinos de la zona relatan que es frecuente que los gases que produce la basura entren en combustión espontánea. Cuando ocurre, emana del fuego un humo denso que reduce la visibilidad y obliga a cerrar momentáneamente el tránsito para evitar accidentes. La vida, entonces, se complica.
Salvo el reciclado diario por parte de unos 200 trabajadores informales, los desechos no recibían tratamiento alguno, situación que empezó cambiar gracias a un proyecto de saneamiento y construcción de una planta de reciclado financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por más de 10 millones de dolares.
El crédito, que quedó suspendido durante la gestión de la gobernadora Vidal, comenzó a tomar forma a partir de 2020 con la asunción de las, entonces, nuevas autoridades del Frente de Todos. Aunque la obra está en marcha, encuentra obstáculos que provienen del haras de Campo “La Picaza”, cercano al nuevo Centro Ambiental. Se trata del ex matrimonio Reyes Terrabusi - Novelle que detenta una gran fortuna por administrar firmas como Terragarba y Virreyes, algunas en sociedad con la familia materna del ex presidente Macri, los Blanco Villegas.
Recientemente, lograron un fallo judicial que ordena la suspensión de la obra del nuevo centro ambiental de reciclado y la prohibición de que el municipio siga depositando residuos en el basural. El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lugar a una demanda presentada por los empresarios y patrocinada por la ONG de Emiliano Ezcurra Estrada, ex funcionario macrista a cargo de Parques Nacionales.
La causa se había originado en los tribunales de Quilmes a cargo de Luis Antonio Armella, que en diciembre del año pasado falló en el mismo sentido, pero tras las presentaciones del Ministerio de Ambiente y movilizaciones populares revocó su desición, se declaró incompetente y derivó los expedientes a Portocarrero Tezanos Pinto en Mercedes.
Del expediente judicial se desprendió que la disputa de Reyes Terrabusi y Novelle no se da solo por la cercanía del Centro Ambiental a su Haras sino por la utilización del predio. Los empresarios mantuvieron un comodato, para utilizar ocho héctareas linderas, que venció en 2006, pero continuaron ocupándolo con caballos de polo hasta que la AABE inició un juicio de desalojo durante 2022, poco tiempo antes de que iniciaran los trabajos actuales. El canon tenía un valor irrisorio de 220 pesos mensuales.
Desde el Ministerio de Ambiente de Nación ya presentaron el pedido de revocatoria, mientras de forma simultánea se multiplican las expresiones de movimientos populares con inserción en el basural de Luján.
En diálogo con el medio local Ladran Sancho, el viceministro de ambiente de Nación Sergio Federovisky cuestionó el fallo judicial. “Evidentemente, no leyeron nuestras respuestas. En el expediente constan todas nuestras actuaciones que demuelen los argumentos de esta ONG patrocinante de Reyes Terrabusi y Novelle. Estamos hablando de los procesos de participación ciudadana, de estudios de impacto ambiental y de la supervisión del Banco de Desarrollo Interamericano (BID). No leyeron el expediente porque si no sabrían que el predio de Sucre reúne todas las condiciones para construir el Centro Ambiental con una vida útil de 20 años, como requiere el BID” dijo.
En tanto, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizaron una concentración con trabajadores del basural y un corte de ruta durante este jueves en cercanías del vertedero y el Haras “La Picaza”. “No le permitiremos a la justicia corrupta y a una familia de chetos acomodados, radicada hoy en nuestra ciudad, que jueguen con el pan de los trabajadores y con la salud de los vecinos de la ciudad” expresaron.
A la espera de que Portocarrero Tezanos Pinto resuelva el pedido de revocatoria del Ministerio de Ambiente, se espera que las manifestaciones continúen en los tribunales de Mercedes pidiendo la continuidad de las obras saneamiento y la construcción del nuevo centro ambiental de Luján.
Quién es quién
Emiliano Ezcurra, abogado de profesión, patrocinante de Viviana Novelle, se inició en 1986 como voluntario en Greenpeace Argentina, donde cumplió diversas funciones, pero se destacó como gestor de campañas ambientales de fundraising, término que se usa entre las ONG globales para designar la recaudación de fondos. Representando a esa organización, quedó envuelto en un escándalo por una supuesta campaña de preservación del yaguareté en Salta que incluyó una recaudación de 100 mil dólares en donaciones para la compra, entre otros insumos, de un collar satelital de rastreo que sería colocado en un ejemplar del animal, que terminó en una causa por malversación.
Luego fundó su propia ONG, Banco de Bosques, desde la cual accionó judicialmente para frenar las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, alegando daños ambientales. Fuentes patagónicas sostienen que el objetivo no era impedir las obras sino anular la licitación, ganada por Electroingeniería, para cambiar de contratista. En enero de 2016 fue designado vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales por el entonces ministro de Ambiente, Sergio Bergman.
Viviana Novelle es dueña de una importante fortuna, que lleva varias generaciones, tanto que fue alcanzada por el impuesto a la riqueza extraordinaria de 2020, oficialmente denominado “Ley de Aporte Solidario y Extraordinario”. Encabeza la oposición a la planta de tratamiento de residuos que implica, de manera indirecta, la continuidad del basural. Las obras son vecinas de su emprendimiento de verduras orgánicas, "Tallo verde" y del haras "La Picaza", donde suele recibir a figuras nacionales del Pro, la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio en general. Su insistencia es un problema político para los representantes locales de esa fuerza, ya que la obra es bien vista por la sociedad en general.
Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto tiene 56 años. Se graduó como abogado en la UBA en 1992, donde todavía ejerce la docencia. Se define como alfonsinista y progresista, e integró la Oficina Anticorrupción durante el breve mandato de Fernando De La Rúa. Fue designado a cargo del juzgado federal de Mercedes en 2020 y es considerado por su entorno como un hombre de perfil bajo.
