Eduardo Abelardo Britos era alférez en La Rioja en la década del 70, uno de los rangos más bajos entre los oficiales de la Gendarmería nacional. Sin embargo, hay por lo menos tres expedientes judiciales que demuestran que jugaba un rol importante en el secuestro, tortura y exterminio que implementó la última dictadura en esa provincia. A partir de mañana, comenzará a ser juzgado por el secuestro y las torturas aplicadas a 35 personas durante ese período y el asesinato del trabajador rural, militante cooperativista cristiano Wenceslao Pedernera, vinculado al asesinado obispo Enrique Angelelli y beatificado junto a él y a los curas tercermundistas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias por el papa Francisco. “Vamos a demostrar con cantidad de elementos y testimonios que Britos fue el amo y señor de la represión ilegal en La Rioja”, apuntó la fiscal federal provincial Virginia Miguel Carmona.

Cuando se reanudaron los juicios de lesa humanidad Britos vivía tranquilo en Paraguay. En 2010, llegó el turno de La Rioja y como tal fue extraditado, juzgado y en 2013, condenado a 15 años de cárcel por el secuestro de siete personas –trabajadores y docentes– que fueron mantenidos cautivos y torturados en el centro clandestino que funcionó en el Instituto de Rehabilitación Social. Sin embargo, por una cuestión procesal y burocrática en relación al trámite de extradición, no fue posible revisar su responsabilidad en el restos de los casos de violaciones a los derechos humanos en los que, ya desde entonces, estaba vinculado.

“El trámite de extradición para poder juzgarlo por el resto de las causas recién pudo destrabarse en 2020. Una vez que se logró, se lo indagó, se lo procesó y acá estamos finalmente, en las puertas del debate oral por fin”, señaló Miguel Carmona, que compartirá acusación fiscal con Rafael Vehils Ruiz en el esperadísimo juicio oral que llevará a cabo el Tribunal Oral Federal de La Rioja, se presume, todos los viernes en la sede judicial. Su comienzo fue pospuesto en más de una oportunidad, con argumentos que van desde la agenda de los jueces –José Quiroga, Juan Carlos Reynaga y Mario Martínez– que son subrogantes, hasta cuestiones edilicias. Hasta el miércoles de esta semana el edificio donde se llevarán a cabo las audiencias estuvo sin servicio de energía eléctrica.

"La condena va a llegar, la esperamos y la necesitamos como sociedad. En nuestra lucha siempre ha estado esclarecer y alcanzar la verdad histórica y la aplicación de la Justicia para que terminemos con la impunidad", dijo el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela en la conferencia de prensa que se realizó en al capital provincial. 

Una oportunidad contra la impunidad

Britos será juzgado por 35 casos de secuestros y torturas que fueron investigados en dos causas judiciales y la muerte de Pedernera. El debate oral comenzará por repasar los elementos vinculados con este hecho, que tuvo lugar el 25 de julio de 1976 en la puerta de la casa en donde Pedernera vivía con su esposa y sus tres hijas, en Sañogasta, La Rioja. “Es la última oportunidad que tenemos para que la muerte de mi papá no quede impune”, sostuvo María Rosa Pedernera, la hija mayor del activista rural, en diálogo con Página/12.

En el requerimientos de elevación a juicio, Wenceslao Pedernera está presentado como un “dirigente del Movimiento Rural Cristiano, que seguía la corriente de ideas de Monseñor Angelelli, lo que lo convirtió en uno de los elementos denominados ’subversivos’ a eliminar en la zona o esfera de acción y control de Gendarmería Nacional en donde se destacó sin lugar a dudas la labor de Eduardo Abelardo Britos”, redactó Miguel Carmona.

Pedernera nació en San Luis y fue, desde siempre, trabajador de la tierra. En Mendoza fue peón de la finca viñatera Gargantini; se casó con la hija de los dueños, Martha “Coca” Cornejo. Juntes, católicos practicantes, comenzaron a vincularse con el Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC). A principios de la década del 70 se mudaron a La Rioja, ya conocían a Angelelli y su Movimiento Rural Cristiano.

Allí, Pedernera se dedicó a coordinar las cooperativas de trabajadores rurales, pero las cosas comenzaron a complicarse en la faena, para él, para Angelelli y el resto de su diócesis. Para fines del 75, los ataques de patotas que combinaban integrantes de fuerzas de seguridad y de civiles en defensa de intereses terratenientes los atacaban con amenazas, los echaban de sus hogares incendiándoles las casas. Wenceslao, que había dedicado esos años a organizar trabajadores rurales en torno de la cooperativa La Buena Estrella, en Vichigasta, debió abandonar el lugar junto a su familia. Se establecieron en un hogar humilde en Sañogasta, adonde lo fueron a buscar.

La patota le tocó timbre de madrugada, una semana después de suceder los asesinatos de los curas tercermundistas Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, integrantes de la diócesis de Angelelli. Pedernera abrió la puerta y lo recibió una balacera. La familia entera fue trasladada al hospital de Chilecito, donde falleció. Diez días después el propio Angelelli fue asesinado en un accidente de tránsito que la Justicia redefinió como crimen de lesa humanidad. 

El temido torturador

Britos tiene 72 años. Surge de su legajo que prestó servicios en el Escuadrón 24 de Chilecito de la Gendarmería Nacional entre fines de diciembre de 1974 y principios de febrero de 1978. Fue oficial de Inteligencia y jefe de Seguridad del Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja entre mediados de 1976 y mediados de 1977. El circuito de represión ilegal en la provincia contó con varios escenarios –las comisarías regionales, el Batallón 141, el propio Escuadrón 24–. Sin embargo, el IRS, como entonces se conocía a la cárcel provincial, fue el centro clandestino por el que pasó la inmensa mayoría de las víctimas de la última dictadura en el área 314 del mapa represivo en el que las fuerzas públicas genocidas distribuyeron su poder terrorista. 

En su documentación oficial, los responsables de Britos dejaron registrado cómo el represor demostró entonces “mayor aptitud en Inteligencia y procedimientos policiales” durante “la represión de actividades subversivas”, figura en una de las causas judiciales que lo llevaron a juicio. Su acusación, empero, no se basa solo en documentos oficiales. 

Son “numerosos” los testimonios que dan cuenta de su “poderío” y el “rol preponderante” que ejerció en La Rioja. “Era alférez, no tenía un cargo alto, pero en la práctica manejaba todo”, remarcó la fiscal. Del informe final sobre el terrorismo de Estado elaborado por la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja surgen algunos testimonios que confirman que Britos no solo era el responsable de dar órdenes en el IRS, sino que era un “temido y conocido torturador” del lugar. Las historias registradas, que son numerosas, indican que Britos –y otros gendarmes– torturaban con golpe de puño y objetos contundentes, picana eléctrica, amenazas de muerte, submarino no solo en el IRS sino en los otros lugares donde sucedieron crímenes de lesa humanidad.

“Muchos testimoniantes han fallecido, pero sus dichos quedaron registrados en las instrucciones” de las causas judiciales, apuntó Miguel Carmona. Es el caso de Adriana Gasparovich, por poner un ejemplo, quien se acercó espontáneamente a contar ante la Justicia lo que vio en el Escuadrón 24 de Gendarmería el día –sucedió entre el 76 y el 77– que Britos, entonces su cuñado, la llevó de visita para amedrentarla y “demostrar el poder que él tenía”.

“Me hizo ingresar a una sala muy amplia, donde había gran cantidad de mujeres --algunas de ellas embarazadas–, atadas de manos hacia atrás y pies (...) con los ojos vendados”, contó según figura en la causa. Relató que en aquella sala se encontraban los hijos de estas mujeres, de 4, 5 o 6 años, y que todes “se encontraban custodiadas por gendarmes”. “En esa circunstancia Eduardo Britos comienza a pasearse por la sala y veía a quien podía pegarle, pegándoles cachetadas, golpes, piñas, patadas, a las mujeres y las interrogaba sobre donde se encontraban sus maridos: putas de mierda donde está tu macho, las voy a hacer mierda, adonde están esas lacras". Aclaró Adriana que cuando los hijos de estas mujeres lloraban, “eran golpeados con las armas la culata por los gendarmes que las custodiaban”. En ese entonces Adriana tenía 16 años.